La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, justificó la ampliación del plazo por 5 años más otorgado al Gobierno para el deshacinamiento de los penales del país, afirmando no es una fecha que se les haya ocurrido a los integrantes del pleno, sino que “había que poner algo”.
En entrevista con Canal N, señaló que según los documentos remitidos por el Ejecutivo, existe un plan nacional penitenciario hasta el 2030 y que el tema no se podía “dejar en el aire”, por lo que se hacía necesario poner “una meta”.
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“Hay un plan nacional aprobado por norma que es hasta el 2030, que es un plan de política nacional en ambiente penitenciario. Toda la reestructuración, todo lo que se ha visto es hasta el 2030, eso es lo que nos han informado, son los documentos que tenemos”, expresó.
“No es una fecha que se nos haya ocurrido, pero había que poner algo. No podíamos decir: ‘señores no cumplieron y aquí nos quedamos’. No podíamos dejar eso en el aire, había que poner una meta nuevamente. Nosotros no hemos dicho que cierren los penales”, agregó.
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Pacheco Zerga también manifestó que ha habido una “reacción” del Estado “muy importante” luego de la sentencia del TC del 2020 y consideró que el actual Gobierno ha logrado avances en la materia.
“Lo que veíamos nosotros, por un lado, es que sí ha habido una reacción del Estado después de esta sentencia, que ha sido muy importante. No ha sido notorio (el deshacinamiento después de la sentencia) porque es un problema antiguo”, manifestó.
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“Una de las razones es el COVID, después este tifón (ciclón Yaku), no sé qué otro problema climático fuerte hubo en el Perú y los recursos se fueron a Salud, no fueron a Justicia, hubo problemas para invertir. A partir del 2023, ya es responsabilidad de este gobierno, no en el anterior, se ve que han estado trabajando y siguen trabajando”, añadió.
La titular del TC subrayó que el Gobierno está obligado a informar sobre los avances en el deshacinamiento de los penales en enero de cada año y estimó que los cambios también se tienen que hacer a nivel estructural.
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“No solamente es crear más prisiones, sino tiene que ver con las prisiones preventivas, que la mitad de la gente que está en la cárcel no tiene todavía condena. Es todo un sistema estructural, por eso nosotros hemos creímos que no era conveniente poner nuevamente una fecha, pero sí insistir que anualmente vayan diciendo para, en todo caso, ayudar”, acotó.
“Vamos a ir cada año, en enero de cada año ellos están obligados a informar. En el 2030 acaba el plan, hemos pedido la cuenta anualmente. Es un problema nacional, no de nuestro colegiado ni del Gobierno actual”, sentenció.
Como se recuerda, el Tribunal Constitucional amplió hasta el 2030 el plazo para la ejecución de la sentencia del 2020 para que el Estado resuelva la situación de hacinamiento en los penales del país.
La resolución difundida este 27 de mayo detalla que los puntos de la sentencia original relacionados directamente con el objetivo central de “superar el estado de las cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios” siga abierta hasta el 2030.
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En esta línea, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que informen en enero de cada año hasta el 2030 sobre los avances concretos y el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
