Un demoledor informe que podría poner fin a la carrera del hoy suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia se empezaría a debatir a partir del próximo lunes en el seno de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Este documento, remitido por Pablo Sánchez, actual titular del Ministerio Público, recoge testimonios de colaboradores eficaces que participan en la investigación fiscal a Rodolfo Orellana. En ellos se da cuenta de que hubo más de una estrecha relación entre el controvertido Carlos Ramos Heredia y este presunto cabecilla de una gigantesca red de lavado de dinero.
Según fuentes de El Comercio, las declaraciones de los colaboradores señalan que el suspendido fiscal de la Nación, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, puso su despacho al servicio de los intereses de Orellana, quien intentaba apartar de su camino a los fiscales que lo investigaban o denunciaban y que no se sometían a sus intereses ilícitos.
Orellana necesitaba la influencia y poder que tenía Carlos Ramos Heredia, pues como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno podía sancionar o separar a los fiscales provisionales incómodos de esta presunta red criminal.
Estos favores, de acuerdo a los colaboradores eficaces de la fiscalía, se hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero, que estarían entre los US$10 mil y US$30 mil mensuales. Esta plata, según los testimonios, era cobrada por César Ramos Torero, hijo del suspendido fiscal, quien iba personalmente a la oficina del propio Rodolfo Orellana, en la avenida Guardia Civil, San Isidro.
Varios de estos colaboradores afirman que vieron a Ramos Torero, entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, asistir en más de una oportunidad a esa oficina, conocida también como el búnker de Orellana, donde se editaba la revista "Juez justo", creada para difamar a los detractores de esta red.
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