El rol de la Autoridad Nacional de Transparencia [ANÁLISIS]

Diversas crticas ha recibido la recin instaurada Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. La creacin de esta institucin, al amparo de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso, fue uno de los principales lineamientos del plan de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski(PPK) respecto a la lucha contra la corrupcin.

El gobierno plantea crear en el plazo ms breve la autoridad autnoma para la transparencia, que contar con la capacidad de sancionar a las instituciones que incumplan con su obligacin de proveer informacin pblica, dice el documento.

Uno de los principales problemas es que esta autoridad carece de una caracterstica fundamental para cumplir a cabalidad sus funciones: autonoma. La norma tiene serios problemas. Lo que hace es solo crear una direccin ms en el Ministerio de Justicia (Minjus), por lo que es difcil llamarle autoridad. Una direccin tiene pocas facultades y, en este caso, son simblicas, sostiene el abogado Roberto Pereira.

Trece aos despus de publicada la ley de transparencia, el Minjus convoc en el 2016 a diversos expertos de la sociedad civil entre los que estuvo Pereira para elaborar un proyecto de ley con una propuesta normativa que fortalezca ese decreto.

El texto original permita a la autoridad de transparencia sancionar a los funcionarios que incumplieran con entregar informacin pblica a los ciudadanos. Una de sus competencias era desclasificar informacin declarada confidencial de forma irregular. Dicho documento la converta en un organismo pblico tcnico especializado similar a Indecopi.

Sin embargo, ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta en la redaccin del decreto promulgado por el Ejecutivo.

El propio Minjus conform una comisin de expertos que prepar una propuesta para la autoridad autnoma, y funcionarios del Minjus expresaron su satisfaccin. La Comisin Presidencial de Integridad, creada por PPK, tambin expres su respaldo. Qu sucedi en el nterin para que el gobierno ahora cambie de rumbo?, se pregunta Gerardo Tvara, secretario general de Transparencia.

Para Pereira, presiones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habran ocasionado que se d marcha atrs. Desde que se cre la ley de transparencia hay temores infundados de que se use en contra del gobierno, sostiene.

Qu dice el decreto? El texto normativo dispone que cada entidad pblica (municipio, gobierno regional, ministerio) sancionar a los funcionarios que incumplan con sus obligaciones en cuanto a la trasparencia y el acceso a la informacin. La autoridad solo podr resolver las apelaciones de los funcionarios afectados a travs de un tribunal.

La evidencia dice que cuando un funcionario te niega informacin, esa negativa no es una negativa aislada del funcionario, sino una posicin institucional. Se arma toda una respuesta para darle una cobertura de legalidad y no entregar la informacin. Es obvio pensar que esa misma autoridad no va a iniciar un procedimiento sancionador a sus funcionarios, afirma Pereira.

Respecto al trato de la informacin declarada confidencial, la autoridad solo podr coordinar con las entidades pblicas para desclasificar la data si as lo acuerdan previamente. No obstante, aquella no podr ordenar la desclasificacin, a pesar de que la ilegalidad sea evidente.

En el proyecto aprobado por la comisin, la Autoridad Nacional de Transparencia tena competencia para decidir qu se clasifica y desclasifica. Depender de qu persona est en la autoridad para determinar qu tan pro transparencia o menos pro transparencia ser, afirma Erick Iriarte, abogado y ex miembro de la comisin.

No todo es malo Si bien la norma tiene serios cuestionamientos, tambin es cierto que traer algunos beneficios. Por ejemplo, los ciudadanos ahora podrn reclamar si una entidad no quiere entregar informacin pblica. Tambin podr ordenar la entrega de datos a cualquier institucin, siempre y cuando estos no sean confidenciales.

Antes de la promulgacin de la norma, los ciudadanos tenan que acudir al Poder Judicial y presentar un recurso de hbeas data, que poda tomar aos en resolverse.

Pero Tvara apunta que la norma tiene otro problema. La entidad ahora podr aducir imposibilidad material de entregar la informacin. Eso es una puerta abierta al abuso, seala.

La ministra de Justicia, Marisol Prez Tello, manifest recientemente que entenda la desazn de los miembros de la comisin y expres que con el decreto se obtuvo un 70% de lo que se quera originalmente.

Frente a los reclamos se abre una oportunidad para mejorar la norma. Tvara, por ejemplo, propone estudiar la posibilidad de que el Parlamento otorgue ms funciones a la autoridad a travs de una ley. El Congreso no poda proponer la creacin de la autoridad porque no tiene iniciativa de gasto, solo poda provenir del Ejecutivo. Ahora que ya la cre el Ejecutivo, el Congreso podra darle ms atribuciones, sostiene.

An se est a tiempo para evaluar eventuales modificaciones. El dilogo y el debate son claves para avanzar.

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