El Poder Judicial (PJ) ordenó el embargo, en forma de inscripción e inhibición, sobre 22 inmuebles de la empresaria Sada Goray, valorizados en S/36´383,828.00. Todo ello, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción cometidos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Fondo Mi Vivienda y otros.
A través de un resolución, obtenida por El Comercio, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso ejecutar la medida sobre los bienes ubicados en Trujillo, Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí y Pisco.
De esta manera, declaró fundada las medidas cautelares de embargo y orden de inhibición formuladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
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En esa línea, ordenó que el documento judicial sea cursado a la SUNARP, Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral Lima y Zona Registral N° V – Sede Trujillo, entre otros, a fin de que se proceda a su inscripción en las respectivas partidas registrales.
El Comercio se comunicó con el abogado Francisco Álvarez, defensa legal de Goray Chong; sin embargo indicó que no tenía conocimiento de la resolución y no haría comentarios.
Según las pesquisas fiscales, el vacado expresidente Pedro Castillo habría constituido, promovido, controlado y dirigido una estructura criminal instrumentalizando los poderes del Estado, en el Ministerio de Vivienda y sus entidades adscritas como el Fondo Mi Vivienda (FMV) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
También habría llegado a otras otras entidades pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, donde habría ejecutado su proyecto criminal.
Para ello, según la tesis fiscal, habría contado con la participación del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López; su exasesor Salatiel Marrufo Alcántara; el exsecretario general Bruno Pacheco y otros personajes como Beder Camacho Gadea y Henry Shimabukuro Guevara.
Teniendo ello como referencia, la Procuraduría Anticorrupción señaló que, en el Ministerio de Vivienda, la estructura criminal habría actuado a través de diversos funcionarios que fueron colocados para poder concretar los presuntos actos de ilícitos, en los que habría participado la empresaria Sada Goray.
“La presunta OC (Organización Criminal), tendría una estructura vertical, ya que sus integrantes formarían parte de niveles, de acuerdo a una figura piramidal, la cual se encuenta liderada por el exPresidente de la República Pedro Castillo Terrones, mientras que en la primera línea encontramos a los exfuncionarios del MVCS, las personas de Geiner Alvarado López y Salatiel Marrufo Alcántara, contando para ello con la participación para la planeación y ejecución, de las personas de Sada Angélica Goray Chong.”
Procuraduría Anticorrupción
El modus operandi, añadió la Procuraduría, habría sido el de copar indebidamente el poder mediante actos ilícitos contra la administración pública, los cuales generaban ganancias para red criminal a través del dinero que habría entregado Sada Goray a cambio de ser beneficiada con diversos proyectos en el Fondo Mi Vivienda, la tramitación de sus pedidos de saneamiento ante la Sunarp, entre otros.
Como información indiciaria, aportó la Procuraduría, se habrían realizado 11 pagos por parte de la empresaria a Salatiel Marrufo, entonces asesor de Geiner Alvarado, entre el 15 de septiembre del 2021 hasta julio del 2022.
Además, se habrían sumado presuntos pagos ilícitos adicionales por US$21,000 que iban a ser destinado para Gianmarco Castillo Gómez, sobrino de Pedro Castillo; así como la entrega de un inmueble al entonces ministro Geiner Alvarado, valorizado en S/ 3´800,000.00.
Podría transferir bienes inmuebles a terceros
Para sustentar su pedido, la Procuraduría Anticorrupción presentó 127 elementos de convicción entre los que resaltan informes periciales, escucha y transcripción de audios, declaraciones de testigos y de investigados, así como de los aspirantes a colaboradores eficaces como los CE-9-2023, CE-16-2023, CE-03-2022 y CE- 13-2022.
Además, señaló en el requerimiento que ante los presuntos actos delictivos, lo que se busca es proteger la correcta administración pública que se ve afectada por actos de corrupción de sus funcionarios; que, si bien, su apreciación económica resulta difícil de determinar, se debe asegurar la futura imposición de una suma razonable.
Sobre todo, advirtió ante el peligro de que los bienes sean transferidos como se ha visto en diversos casos de transferencias sucesivas de propiedad a terceros no vinculados.
Ello, remarcó la Procuraduría, les otorgaría a estos terceros, el derecho de adquisición invocando la “buena fe registral”, con lo cual se haría compleja o imposibilitaría la nulidad de la transferencia, evitando así que el Estado pueda ver resarcido el daño producido por el presunto ilícito que se le imputa a Sada Goray Chong.
“La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción invocó el alto riesgo que existe que la encausada transfiera los bienes de su propiedad, ya sea real o de manera ficticia y bajo cualquier título de los bienes consignados en los cuadros citados en el acápite VI y VII del presente escrito, cuya finalidad es la de evadir la responsabilidad pecuniaria derivada de la comisión del delito que se le imputa y que podría afectar el cumplimiento del pago de la futura reparación civil a favor del Estado Peruano.”
Procuraduría Anticorrupción
Finalmente, la procuraduría señaló que no era necesario acreditar un estado de probabilidad o certeza absoluta sobre lo que podría ocurrir con los bienes para que la medida cautelar sea concedida.
El perjuicio causado al Estado asciende a más de S/52 millones
Tras analizar el pedido de la Procuraduría, el juzgado señaló que “se aprecia claramente que hay suficientes elementos de convicción que acreditarían la vinculación delictiva de la encausada, Sada Angélica Goray Chong, en el hecho materia de imputación”.
“En ese sentido, estando al estadio procesal de la presente causa, se advierte que existe una sospecha reveladora sustentada en elementos indiciarios que permiten amparar la pretensión de trabar las medidas embargo e inhibición sobre los bienes.”
Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria
Recordó que a la empresaria se le atribuye ser cómplice primario del delito contra la administración pública – colusión agravada, por haber concertado en agosto y septiembre de 2021 con el entonces ministro Geiner Alvarado, a través de Salatiel Marrufo Alcántara, en aquel momento jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda para defraudar al Estado, mediante el direccionamiento de la concesión del fideicomiso.
Asimismo, se le atribuye ser cómplice primario del delito contra la administración pública – colusión agravada al haber concertado en septiembre de 2021 con Pedro Arroyo Marquina, Roger Lizandro Gavidia Johason y Gonzalo Renato Arrieta Jovic, miembros del Comité de Riesgos y Directores del Fondo Mi Vivienda, para defraudar al Estado.
Además, se precisó que la Procuraduría ha fijado como monto inicial de reparación civil derivada del daño ocasionado al Estado, la suma de S/52 millones, que, en contraste, con el monto del embargo ascendente a de S/ 36´383,828.00, “resulta que el embargo es inferior al importe de la pretensión civil provisional”.
“Se da cuenta de la existencia de suficientes elementos de convicción que indicarían la presunta existencia de los delitos imputados, así como de la vinculación del afectado (Sada Goray) con su comisión; delitos que según la Procuraduría habría acarreado un perjuicio al Estado ascendente a la suma de S/ 52′050,000.00, pretensión provisional requerida a pagar en forma solidaria por todos los investigados, entre ellos, el investigado.”
Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria
Se consideró, asimismo, que el embargo era “razonable” y “proporcional” puesto que existe equilibrio entre la afectación del derecho de propiedad, “a fin de evitar el desvío, ocultamiento o cualquier otra forma de disposición”, sin llegarse a afectar de manera total el derecho a la propiedad de la investigada.
Esto, prosiguió, puesto que Goray Chong podrá seguir disfrutando del bien, a la par que se continua con la persecución de delitos altamente lesivos para los bienes jurídicos de interés de la sociedad, como es la correcta administración de los recursos y fondos públicos.
Con ello, el juzgado ordenó “trabar la medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición”, sobre los derechos y acciones que ostenta la investigada Sada Angélica Goray Chong, hasta por la suma S/ 36´383,828.00.
Estos son los bienes:
