La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su profunda alarma ante lo que calificó como un “acelerado deterioro de la libertad de prensa” en el Perú, donde han detectado que se registran ataques, amenazas, restricciones a la labor de los medios de comunicación y campañas de estigmatización.
En un comunicado este viernes viernes 13 de junio, volvieron a advertir que hay un “patrón persistente” de este tipo de agresiones contra la labor de la prensa desde el poder político, figuras públicas y estructuras institucionales.
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“Es crucial que la sociedad civil, las instituciones democráticas y los líderes políticos se movilicen en defensa de los periodistas. El hostigamiento a la prensa no solo pone en riesgo vidas, sino que debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada”, señaló el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz.
En esa línea, destacó la necesidad de denunciar con firmeza todos los intentos de intimidación y censura que busquen silenciar al periodismo crítico y de investigación.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, condenó los “ataques sistemáticos y el clima de hostilidad que enfrentan periodistas y medios por cumplir con su labor de fiscalización”.
“La prensa tiene el deber de informar sobre los asuntos públicos, y cualquier intento de silenciarla debilita la democracia”, advirtió.
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Cabe recordar que la SIP envió una delegación al Perú en marzo de este año, la cual constato un entorno cada vez más adverso para el ejercicio de la labor periodística, en medio de persecuciones judiciales a periodistas, campañas de desinformación promovidas desde el Estado, estigmatización de voces críticas y restricciones al acceso a la información pública, además de proyectos de ley en el Congreso que amenazan directamente la libertad de información.
“Todo esto genera un ecosistema hostil para la prensa y un serio retroceso para los derechos ciudadanos”, alertó la organización en su informe, en el cual también advirtió que la situación podría agravarse en el marco de las elecciones generales previstas para abril de 2026.
A esto se suma el reporte dentro del Índice Chapultepec 2024 elaborado por la SIP de un “grave retroceso en la libertad de expresión y de prensa”, el que señalan es el punto más crítico detectado en los últimos años y que fue el Poder Ejecutivo el que tuvo una influencia más desfavorable contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Perú cayó del puesto 12 al 16 en el ranking regional y fue clasificado en el nivel de “alta restricción” de libertades.
Recientemente, uno de los casos de falta de transparencia desde el Ejecutivo fue denunciado desde El Comercio, cuando desde el Despacho Presidencial de Dina Boluarte, ministros y entidades estatales se restringió el acceso a documentación relacionada al pedido de aumento de sueldo de la jefa de Estado.
“Recientemente, funcionarios del Despacho Presidencial acusaron a la prensa de causar ‘percepciones distorsionadas y confusión social’ al informar sobre el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Medios como El Comercio publicaron investigaciones al respecto, que fueron descalificadas desde el Ejecutivo”, resaltó la SIP.
Otros casos que menciona la sociedad interamericana de ataques contra la prensa son los registrados contra los periodistas Rosmery Taparay René Gastelumendi por publicaciones en La República, así como Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros; Rosa María Palacios; y Paola Ugaz del diario ABC de España.
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