Susana y los poderosos, una crónica de Fernando Vivas sobre la exalcaldesa Villarán y su juicio por corrupción

De su partido, Fuerza Social, se había alejado y apartado a sus dirigentes del cogollo municipal (suerte para ellos), para confiar en personajes como el difunto José Miguel Castro.

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Sus bases huyeron en estampida y callaron compungidas ante la caída de una lideresa tan incómoda, que se enfrentó a castañedistas y apristas con argumentos de lo que ya por entonces sus enemigos resentían como un complejo de ‘superioridad moral’.

Así las cosas, ¿qué excusas le quedaban? Si la desesperación de un político por cumplir su mandato ante una revocatoria podía concedérsele como un atenuante; lo perdió cuando nos enteramos de que los aportes de los brasileros no se limitaban a una emergencia.

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Resultó que también recibió dinero para la campaña de su frustrada reelección en el 2014, lo que reafirma la tesis fiscal de que Susana aseguró contratos y adendas beneficiosas para sus aportantes.

La matemática de la corrupción, según el Ministerio Público, es esta: OAS fue la que más le entregó, pues a los $3 millones para la revocatoria, se sumaron $4 millones para la reelección.

OAS buscaba optimizar los beneficios del contrato de Línea Amarilla, que Villarán modificó para dar cabida al proyecto ‘Río verde’ o ‘Parque Rímac’.

Cuando retornó Luis Castañeda al sillón municipal, quitó lo verde del proyecto y, en parte, lo cambió por el bypass en la Avenida 28 de Julio.

De Odebrecht habría recibido $4.1 millones en total por Rutas de Lima y de Graña y Montero, $200 mil por la Vía Expresa Sur.

Villarán ha dicho que no puede dar una cifra exacta pero que no fue tanto como calculan los fiscales. Aunque fuera la tercera parte, el escándalo es el mismo.

Al los fiscales no les importa el cálculo personal de Villarán ni los celos y culpas mutuas entre Castañeda y ella. Lo esencial de la acusación y del escándalo es que habría recibido dinero a cambio de favorecer a empresas que, con la sola firma de un contrato en apariencia standard, ganaron muchísimo. Con las adendas redondearon los beneficios.

Por eso, es crucial lo que diga la sentencia sobre los casos de Rutas de Lima y Vía Amarilla, pues las cláusulas de corrupción podrían llevar a un desenlace que impacte en negociaciones y arbitrajes internacionales.

Tras un largo silencio desde el 2019, cuando hizo un mea culpa; Susana reapareció horas antes del juicio en RPP, renovando el escueto pedido de perdón pero llevándolo a un terreno distinto al del golpe de pecho por la corrupción de funcionarios. Más que a la ciudadanía en general, se dirigía a la gente comprometida en las investigaciones, con quienes ella dice que no fue sincera. Esa culpa la comparte, según sus declaraciones, solo con Castro.

Al día siguiente, el miércoles 24, ante el enjambre de micrófonos, dio un paso hacia atrás y soltó una excusa que quizá pudiera funcionar a Pedro Castillo que aún tiene seguidores; más no a ella en su desolación política: “Se me está juzgando por no haber hecho un gobierno a favor de los poderosos”.

A estas alturas, cuando la chalina verde aprieta alrededor del cuello, vaya narrativa que Susana lanza al vacío. ¿Acaso no eran poderosos los aportantes que financiaron las campañas para que se quede a hacer las mismas obras ya concebidas en la gestión previa de Castañeda?

El reverdecimiento de las riberas del Rímac sonaba bonito para el turismo urbano y los vecinos de esas zonas empobrecidas. Los regidores de izquierda se solazaron en esa agenda verde que esgrimieron en sus campañas. Pero la razón de la adenda, más que ecológica o redistributiva, era maquillar beneficios a firmas poderosas.

Un bumerán

Las pruebas contra Susana son sólidas a pesar de la muerte del testigo principal, Castro. Ni siquiera tenemos la certeza de que se haya suicidado o haya sido asesinado. Su ausencia no la libera de cargos, pues la ruta del dinero, a través de la consultora de marketing que manejaba Valdemir Garreta y ejecutaba Luis Favre, está trazada a pesar del giro en Brasil contra la colaboración judicial.

Villarán tiene 76 años y pasó cerca de un año en prisión preventiva. Está tan cancelada socialmente que un reportaje dominical que la ponchó en la piscina de su casa familiar en el balneario de Arica, provocó que el municipio de Lurín obligara a los Villarán y a los vecinos que invadieron el retiro municipal sobre la playa, a destruir lo construido.

Su futuro judicial, aunque se librara del delito de lavado de activos junto a otros procesados del Lava Jato, pinta muy mal pues ella sí era funcionaria -a diferencia de Keiko o de Humala cuando recibieron aportes- y la fiscalía ha investigado lo que considera contratos del delito. La única narrativa que podría atenuar el desenlace es la del arrepentimiento sin coartadas.