Trabajador, cuánto malentendido en tu nombre. Una crónica de Fernando Vivas sobre el día del trabajo y una carta de la OIT

Un líder del 5%

¿Cómo así un ex líder sindical magisterial podría representar y comprender a fondo las peculiaridades de la condición nformal y no sindicalizada del trabajador peruano promedio? La misma pregunta sobre el desajuste entre promesas y vivencias es aplicable a cualquier presidente, pero cabe subrayarla en este y en un su gobierno que se reclama, en todas las conjugaciones, del pueblo y para el pueblo. El médico Vladimir Cerrón, el principal socio de Pedro Castillo, tampoco tiene la experiencia del trabajador informal. Si vivencialmente está lejos de esa condición mayoritaria, ideológicamente está peor.

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El Ideario y Programa de Perú Libre, en su capítulo XI sobre Política Laboral, se concentra en los salarios y la libertad sindical de los formales. Ni el presidente ni su partido aliado tienen a la mayoría de los trabajadores en mente. El Plan al Bicentenario sin Corrupción que, en realidad es el plan de Nuevo Perú, adaptado a la urgencia de la segunda vuelta, tiene un escueto capítulo “Relanzamiento del empleo y la economía popular” que se concentra en la reactivación económica a partir de la inversión pública en obra menuda con empleo intensivo. No se mencionan, en todo el plan, a las palabras ‘informal’ o ‘informalidad’.

Le pido a Hugo Ñopo, economista de Grade, experto en los mercados laboral y educativo, por ese desfase y ese vacío en el rollo del poder: “Cuando se es dirigente sindical, el conjunto de promesas por las que se aboga es muy distinta. Hacer el cambio de silla es muy difícil. Y Pedro Castillo no es Lula [fue dirigente sindical de la industria metalúrgica antes que líder político], capaz de hacer un balance entre demandas de distintos sectores”.

Por otro lado, la experiencia laboral y sindical de Castillo es exclusiva del sector público. Viene del magisterio, que está sobredimensionado en número y deteriorado en calidad. La cantidad promedio de alumnos por maestro, según cifras del Banco Mundial es 17 (aceptable, pues el promedio mundial es 22 y el de países de ingreso alto es 15); y tenemos una cantidad de maestros difícil de precisar, por los distintos regímenes laborales, pero que supera los 400 mil. Sin embargo, agrega Hugo: “hay alrededor de 700 mil personas con título de maestro, pues es la carrera que muchos escogen cuando no han podido empezar o concluir otra, y encuentran muchas facultades e institutos asequibles. Es muy barato montar una facultad de educación. Por eso, el promedio de edad es 2 años mayor que en otras carreras y en las evaluaciones los resultados son bajos. O sea, Castillo representa la confluencia de las distorsiones de dos mercados, el laboral y el de la educación”.

Iber y Betssy

En un gobierno de izquierda, el Ministerio de Trabajo (MTPE) debiera tener una importancia crucial, o si quiera emblemática. Allí se pueden poner a prueba todas las tesis sobre la promoción del empleo formal y digno, en medio de tanto factor que empuja a la informalidad, a la no sindicalización, al subempleo y a las malas condiciones de trabajo. ¿A quién colocó Castillo? Pues al maestro y abogado ayacuchano Íber Maraví. Inmediatamente, nos enteramos que tenía una misión crucial: aprobar el registro de la Fenate Perú en el padrón de organizaciones sindicales; un gremio de profesores hecho a partir de bases que fueron de los varios ‘sutes’ influidos por el Movadef y de maestros que estrecharon lazos entre sí y con Castillo a partir de la huelga del 2017.

La Fenate (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú) fue reconocida oficialmente por el MTPE el 30 de julio, apenas estrenado Maraví. El maestro y congresista Édgar Tello y la dirigente Mery Coila fueron los rostros visibles de este impulso presidencial a su grupo de profesores. Tan entusiasmados estaban que anunciaron la creación de un ‘Partido Magisterial’; pero el impulso desfalleció pues no lograron inscribirlo para participar en las elecciones locales de este año. La Fenate tampoco llegó a registrarse en el Minedu a tiempo para participar en la última negociación colectiva con el Estado. Ello corresponde al sindicato mayoritario que sigue siendo el Sutep.

Maraví renunció el 6 de octubre ante el escándalo de las viejas investigaciones policiales que lo ligaban a atentados de Sendero Luminoso. Lo reemplazó la congresista Betssy Chávez, abogada tacneña afiliada a Perú Libre, que se había distanciado del cerronismo para convertirse en escudera y operadora de Castillo. Chávez, por supuesto, ha respetado lo conseguido por los maestros en el ministerio. Su gestión empezó de forma reactiva, atendiendo conflictos y protestas de trabajadores formales, prometiendo repotenciar la Sunafil; y luego, metió el diente en reivindicaciones de mayor calibre, pero siempre ligadas a la formalidad: aumentar la RMV (remuneración mínima vital), limitar la terciarización del empleo solo a los rubros ‘no nucleares’ de una empresa y, lo más ambicioso, promulgar un nuevo Código de Trabajo que reordene la caótica y dispersa legislación laboral.

Resulta que un principio esencial en la cartera de Trabajo, refrendado en convenios suscritos con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), es que todo cambio normativo importante pase por la obligada consulta tripartita en el Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE), donde asisten representantes de los trabajadores y de los empresarios. El diálogo ha sido difícil y, sin que este llegara a fondo, la ministra elevó al consejo de ministros la propuesta para elevar la RMV de S/. 930 a S/. 1025 y para reformar la terciarización en el sentido mencionado. Ambos decretos fueron promulgados, y la Confiep se ha quejado a la OIT.

El 27 de abril, Guy Ryder, el director de la OIT, envió a Chávez una carta (ver el documento), manifestándole su “preocupación por estas alegaciones sobre la ausencia de consultas tripartitas efectivas en relación con las importantes reformas laborales previstas [RMV y terciarización”. En conclusión, Ryder le dice a la ministra: “Le solicito muy respetuosamente que se asegure del cumplimiento de los compromisos internacionales de su país y que entable un diálogo social efectivo en pleno respeto del mandato del CNTPE”.

Conversé con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, y me contó que la ministra sí había intentado introducir esos temas en el consejo, pero sin las formas correctas para que fueran debatidos a fondo y, en la medida de lo posible, consensuados. Más grave le parece que “para el Código de Trabajo que son 500 artículos de impacto sobre la realidad del trabajador y de las empresas no se haya promovido un debate y socialización, y nos sorprenda con su prepublicación el 13 de abril señalando que habían 20 días [se vencen el próximo miércoles] para realizar comentarios”.

El ministerio publicó el viernes un poco feliz comunicado en el que replican a un medio que supuestamente filtró la carta de la OIT (ignorando, quizá, que está colgada en la página del ente); tratan de argumentar porqué el jalón de orejas no es tal, y no ofrecen ningún correctivo. Antes de cerrar esta crónica, les hice una consulta y obtuve una mejor respuesta: “El MTPE viene evaluando la ampliación del plazo para recibir aportes de la sociedad civil que enriquezcan el anteproyecto del Código de Trabajo. De forma paralela, viene haciendo las coordinaciones para incluir su discusión en el CNTPE, especialmente del restante 60% que aún falta discutir, ya que el otro 40% fue producto de consenso en anteriores sesiones”.

Este episodio en la víspera del ‘día del trabajador’ (la OIT la llama de esa forma), confirma que el discurso del poder sigue constreñido al 22% de formales y no al 78% que, fíjense que me lo dice el representante de los empleadores formales, Óscar Caipo: “no solo no se cumplen derechos laborales, sino derechos humanos”. En el día festivo, celebremos a todos los trabajadores, pero no dejemos de preocuparnos por cuan desatendida y sin representación está la apabullante mayoría.