Unidad de Investigación
Luis Rivera Pérez presentó ayer su renuncia al cargo de viceministro de Transportes. Lo hizo un día después de que un juzgado del Callao lo condenara a seis años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en calidad de autor.
En una carta dirigida al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, a quien la Fiscalía de la Nación investiga por organización criminal, Rivera adujo que su decisión respondía a “motivos personales”.
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El jueves último, día en que se conoció el fallo judicial, el entonces viceministro calificó de absurda la decisión. “Hoy se ha cometido una gran injusticia al haber sido sentenciado en primera instancia por el Poder Judicial. Un absurdo jurídico que vulnera mis derechos fundamentales y que, en atención a las garantías que la Constitución me reconoce, apelaré para demostrar mi inocencia”, escribió en su Twitter. Agregó que no tiene relación con los hechos que se le imputan.
Rivera es acusado de haber autorizado e intervenido en contrataciones irregulares por más de S/1,7 millones para el servicio de seguridad de la estación de radar Acopia Grande y del aeropuerto del Cusco, durante su gestión como gerente central de Aeropuertos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.), entre diciembre del 2012 y enero del 2014.
La condena incluye a otros cuatro exfuncionarios de Corpac. En tanto, los gerentes de las empresas beneficiadas con estos contratos fueron condenados en calidad de cómplices.
—Los hechos—
Para la estación de radar Acopia Grande del Cusco, Luis Rivera,entonces gerente central de Aeropuertos, autorizó una figura contractual irregular. Esta consistía en cubrir el servicio de vigilancia mediante órdenes de servicio por cantidades fragmentadas, en lugar de convocar a un proceso de licitación.
“La sugerencia del gerente de Seguridad fue acogida por Luis César Rivera Pérez, gerente central de Aeropuertos, quien sin contar con las facultades correspondientes y sin la autorización del gerente general, autorizó dicha modalidad de contratación”, menciona el requerimiento acusatorio elaborado por la fiscalía anticorrupción del Callao, al que El Comercio accedió.
Según el testimonio que el exgerente general de Corpac Dhenis Cabrera rindió ante una comisión de auditoría, Rivera no había sido delegado para tomar esas decisiones. Por lo tanto, la fiscalía concluyó que se había vulnerado la normativa de contrataciones del Estado.
La empresa World Security and Services S.A.C. fue una de las beneficiadas con este tipo de contratos. A través de órdenes de servicio, renovadas de manera consecutiva, ganó un total de S/48 mil. Tras ser inhabilitada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se contrató a la compañía Walkers Protection S.A.C., que fue favorecida bajo la misma modalidad. El período de cada orden de servicio era de 30 días, entre diciembre del 2012 y agosto del 2013.
Hubo otro hecho irregular: para el servicio de seguridad en el aeropuerto del Cusco se convocó a un concurso público. Sin embargo, se declaró desierto.
Según el fiscal provincial adjunto Guzmán Vera, Rivera incurrió en el “fraccionamiento indebido del proceso de selección”.
Las mismas empresas mencionadas anteriormente fueron beneficiadas por órdenes de servicio renovadas cada dos días durante diez meses, entre marzo del 2013 y enero del 2014.