El exministro de Salud Víctor Zamora consideró que la denuncia constitucional presentada en su contra por el congresista Edward Málaga (Avanza País) por las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 es una “acusación de carácter político”, pues solo se centra en él y no en los demás titulares del sector que continuaron con su uso.
En diálogo con Canal N, dijo que fue titular de dicha cartera desde marzo del 2020 hasta julio de ese año y que la adquisición de dichas pruebas se inició en la gestión de Elizabeth Hinostroza y él solo aprobó su uso en los primeros meses de la pandemia.
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“Él puede argumentar cualquier acusación que siendo bien documentada, lleve al fin que él se propone, pero yo considero que esta es una acusación de carácter político”, expresó.
“Diez ministros de Salud en dos años y más de pandemia, cinco ministros de Salud y cuatro meses de uso de pruebas rápidas y a la única persona a la cual la llevan al Congreso de la República o a la fiscalía es a mí”, agregó.
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En ese sentido, Zamora señaló que Málaga no tiene experiencia en gestión pública ni en la salud humana, y opina de un tema en el cual –según su punto de vista- está “malinformado”.
“El señor Málaga viene de una larga trayectoria de estudiar elementos biológicos, no ha tenido experiencia previa con la salud humana, tampoco ha hecho gestión pública, tampoco ha hecho salud pública y él opina de algo que no conoce o ha sido malinformado”, subrayó.
Como se recuerda, el legislador Edward Málaga acusa a Zamora y al expresidente Martín Vizcarra de infracción a los artículos 2.1, 7, 9, 39 ,118.3 y 128 de la Constitución, así como de los delitos de homicidio doloso, falsedad ideológica y genérica.
En su argumentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Málaga Trillo solicita que los acusados sean inhabilitados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años y procesamiento penal.
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Cabe recordar que a inicios de julio, la Fiscalía de la Nación reabrió una investigación preliminar contra Vizcarra por los delitos de colusión y negociación incompatible por presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas para la detección del COVID-19, en marzo del 2020.
El Ministerio Público había archivado la investigación contra Vizcarra mediante una disposición emitida el 31 de mayo último. No obstante, en la solicitud de reexamen se alegaron la existencia de nuevos elementos de convicción.
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La investigación también alcanza a los exministros María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Elizabeth Hinostroza (Salud) y Víctor Zamora (Salud).
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