PJ evaluará apelación de Vladimir Cerrón contra sentencia a cuatro años de cárcel: los detalles de la condena

El Poder Judicial (PJ) analizará el 13 de junio la apelación que presentó el fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, contra la sentencia a cuatro años de prisión efectiva que se le impuso luego de ser encontrado culpable de colusión en agravio del Gobierno Regional de Junín, en el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’.

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria - Sede Central de Junín analizará también la apelación de Augusto Germán Lapa, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín y del procurador de la Contraloría.

Vladimir Cerrón Rojas fue hallado culpable en su rol de presidente del Gobierno Regional de Junín junto a Luis Donato Araujo Reyes, Eddy Ramiro Misari Conde, Aldrin Zárate Bernuy, Natali Yanina De La Vega Estrada, Mercedes Irene Carrión Romero, Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón.

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A todos ellos, se les impuso pagar una reparación civil solidaria de S/ 2′018,180.00 y la inhabilitación para acceder a cargos públicos por cuatro años.

De confirmarse la condena, Vladimir Cerrón deberá ser recluido en un penal a fin de que cumpla la condena impuesta.

Actualmente, el líder de Perú Libre afronta este caso bajo reglas de conducta que lo obligan a “no ausentarse de la localidad de su residencia, lo que conlleva el impedimento de salida del país” y “cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación del proceso penal con sentencia firme”; con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las restricciones se ejecutará la condena.

Benefició a consorcio

La sentencia contra Vladimir Cerrón se emitió el pasado 7 de febrero, y pese a que es una condena efectiva no puede ser ejecutada hasta que una Sala Superior confirme la orden del juez Guido Arroyo Ames.

Según lo probado en el juicio, el líder de Perú Libre incumplió su función como presidente regional de Junín al haber dispuesto -a través de una ordenanza regional- se declare de “necesidad e interés regional el desarrollo y administración del gran aeródromo Wanka”, ubicado en el ámbito de los distritos de Orcotuna, provincia de Concepción, y de Sicaya, en Huancayo, con la finalidad de beneficiar al Consorcio conformada por el Grupo GNM.

La declaratoria, concluyó el juez, se hizo luego de que dicho grupo presentara su iniciativa privada. Es más, Cerrón, mediante memorándum N° 452-2913- GRJ/PR, recogió dicha propuesta y requirió la declaratoria de necesidad.

Esta declaratoria fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo Regional de Junín, el 9 de octubre de 2013 y oficializada mediante la Ordenanza Regional N° 167-2013 - GRJ/CR, un día después, suscrita por Vladimir Cerrón Rojas y el concejero delegado Eddy Misari Conde.

“Del mismo modo suscribió el contrato de título habilitante de fecha 4 de junio de 2014, a favor del Consorcio Aeródromo Regional Wanka, pese a que no existía ninguna justificación técnica ni económica para ello, además que la propuesta del Consorcio se planteó como co-financiada, es decir que no era autosostenible, sin embargo sin ningún sustento fue admitida como autosostenible”, remarcó el juez entonces.

Por tanto, el proyecto debía tenía tener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, permiso que nunca se requirió pues dicho sector ya había indicado que no era necesario un nuevo aeropuerto en esa región.

“Se menciona que la inversión estimada asciende a S/ 403′636,000.00; por tanto, se puede inferir que el proyecto de inversión propuesto por el Grupo GNM sobrepasaba la competencia del Gobierno Regional dado que el aeródromo que proponía estaba previsto para tener la categoría de internacional y teniendo en cuenta el monto de la inversión, correspondía ser asignado a PROINVERSION”, se indica.

Además…

Tantas veces Cerrón

No es la primera vez que Vladimir Cerrón Rojas es condenado por delitos de corrupción. En el 2019 fue sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación incompatible en agravio de El Estado.

Actualmente, Cerrón se encuentra impedido de acceder a cargo público debido a la inhabilitación que se le impuso por esta condena (por el mismo plazo de cuatro años) y que quedó firme en el 2022, luego que la Corte Suprema rechazó un recurso de casación de la fiscalía.

Además, es investigado por presunto delito de lavado de activos por aportes a su partido Perú Libre y po presunto terrorismo en la modalidad de afiliación, por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso (SL).