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El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo 12 de marzo la audiencia donde evaluará el pedido del Ministerio Público que busca revocar la comparecencia con restricciones y se dicte prisión preventiva por 18 meses para Vladimir Cerrón, en el marco del Caso “Antalsis”.
El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo 12 de marzo la audiencia donde evaluará el pedido del Ministerio Público que busca revocar la comparecencia con restricciones y se dicte prisión preventiva por 18 meses para Vladimir Cerrón, en el marco del Caso “Antalsis”.
Esta es la tercera vez que se analizará el requerimiento luego de que la Sala Superior de Apelaciones anuló dos resoluciones anteriores que dictaban 12 y 18 meses de prisión preventiva, respectivamente.
La audiencia fue convocada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien citó a las partes para que concurran de manera presencial a las 3:00 de la tarde.
En la misma sesión también se analizará el pedido de la defensa del prófugo exgobernador regional de Junín, que ha solicitado se le imponga comparecencia simple.
Cerrón Rojas, como se sabe, se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año y cinco meses.
“En el presente caso se advierte que fueron acumuladas dos pretensiones en el presente incidente, puesto que, ambas partes requieren la variación de una medida coercitiva personal impuesto (comparecencia con restricciones), que recae sobre el mismo imputado (Vladimir Roy Cerrón Rojas). En ese sentido, se observa que existe conexidad entre ambos requerimientos lo que habilitó su acumulación a fin de ser atendidos en un mismo acto procesal”, señaló el magistrado.
En el Caso “Antalsis” Cerrón Rojas es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir (Organización criminal) y colusión agravada. El Ministerio Público está pendiente de presentar la acusación respecto a este caso.
Según la tesis fiscal, el exgobernador regional de Junín habría integrado una presunta organización criminal que operó para defraudar al Estado con más de S/26 millones, a través de presuntas contrataciones irregulares – a través de convenio interinstitucional con la empresa SIMA, la que a su vez subcontrató a la empresa privada Antalsis- para obras públicas que se realizaron cuando se desempeñó como gobernador regional, entre el 2011 y el 2014.
En su rol como exgobernador de Junín habría favorecido a empresas privadas para que puedan ser beneficiadas con las obras del “Puente Eternidad” y “Comuneros”.
