El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la condena por corrupción que el Poder Judicial le impuso a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Esto al rechazar un recurso de su defensa que buscaba hacer valer una resolución judicial que había anulado su sentencia por el delito de negociación incompatible.
El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la condena por corrupción que el Poder Judicial le impuso a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Esto al rechazar un recurso de su defensa que buscaba hacer valer una resolución judicial que había anulado su sentencia por el delito de negociación incompatible.
#LoUltimo El Tribunal Constitucional @TC_Peru ratificó que Vladimir Cerrón continuará con su sentencia impuesta por corrupción. Esto, al rechazar la reposición que buscaba hacer valer una resolución judicial que había anulado su condena. pic.twitter.com/uM60iobVs0
“Dicho recurso debe ser desestimado, en tanto pretende cuestionar la sentencia interlocutoria que resolvió el recurso de agravio constitucional presentado”, señala el TC.
Estos son los argumentos del TC para desestimar el recurso de Vladimir Cerrón
En su resolución, el tribunal declaró improcedente el recurso de reposición que había planteado el abogado de Cerrón, Luis Miguel Huayhua Quispe, al entenderlo como una solicitud de aclaración de la decisión que emitieron a mediados de julio.
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Carlos Gallardo juró la semana pasada como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Juan Cadillo. Es maestro cesante de educación primaria y ha sido un activo participante en conferencias, plantones y conversatorios convocados por el sindicato afín al presidente Pedro Castillo.
Vladimir Cerrón había pedido que el TC vuelva a evaluar su pedido de nulidad de sentencia.
En su pedido, la defensa legal de Cerrón alegó que la resolución carecía de motivación suficiente, como en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala al declarar inadmisible su pedido para anular la condena por actos ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador regional de Junín.
En respuesta a estos cuestionamientos, el TC evaluó que el 22 de julio, fecha en que se pronunciaron, estaba vigente la ley 28237 que indica que no caben impugnaciones contra sentencias del tribunal, algo que también es mencionado en el nuevo Código Procesal Constitucional.
El documento lleva las firmas de los magistrados Marianella Ledesma (en reemplazo del fallecido Carlos Ramos Núñez), Eloy Espinosa-Saldaña y José Luis Sardón (ponente).
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