“Ahora se ha ideologizado la lucha contra las drogas”: entrevista a Rubén Vargas, ex ministro del Interior

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Una coyuntura particular se vivió en los últimos días en Pichari, en la que están involucrados el presidente Pedro Castillo, el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, y el ahora ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela, entre otros.

El 3 de octubre, Castillo inauguró el CITE Agroindustrial Vraem “para que la hoja de coca no solo se industrialice, sino que se impulse el verdadero desarrollo con los compañeros cocaleros”. Pero hubo otros mensajes entre líneas, y es aquí donde aparecen los otros personajes. Ese mismo fin de semana, antes de la llegada de Castillo, estuvieron en el Vraem Bermejo y Barranzuela, quien se presentaba como asesor en temas cocaleros.

Bermejo, desde inicios de este gobierno, tiene como objetivo “colocar gente idónea” en entidades claves para el sector, como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). En su acercamiento a los gremios cocaleros, en especial los del Vraem, ha prometido que buscará que no se erradiquen cultivos de coca en estos valles.

Este mismo discurso lo repitió Barranzuela frente a varios dirigentes. Pocos días después, este último fue designado titular del Ministerio del Interior (Mininter). El Mininter es, precisamente, uno de los entes encargados de cumplir las metas de lucha contra las drogas, que incluye la erradicación de determinado espacio de cultivos ilegales de hoja de coca.

Rubén Vargas, exjefe de Devida y exministro del Interior, comenta: “La coca ilegal es como el dólar: si el Gobierno da mensajes equivocados, el efecto es negativo, y en este caso la coca se va a expandir”.

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—¿Qué nos dicen estos anuncios y esos posteriores nombramientos? La ambigüedad, la zona gris del discurso cocalero es precisamente lo que podría generar efectos contrarios.

El mensaje que está llegando a los campesinos es que no les va a pasar nada si se involucran en una economía ilegal vinculada al tráfico de drogas. Si desde el Gobierno se siguen dando estos mensajes, que no diferencian la coca articulada a la cocaína de aquella otra que es para el consumo legal y tradicional, y si la vamos a tratar como si fuera un único producto que no es materia prima para drogas, entonces el mensaje es absolutamente equivocado y afecta gravemente la seguridad del país. No hay que olvidar que el narcotráfico es el principal agente corruptor del sistema, el más potente. Se está actuando con demasiada irresponsabilidad.

—En el Vraem circulan supuestas listas de candidatos a la presidencia de Devida, incluyendo a dirigentes cocaleros y personas del entorno del congresista Bermejo, un abierto opositor a la erradicación de cultivos ilícitos.

Se mencionó a uno de los asesores de organizaciones cocaleras, o a los propios dirigentes cocaleros, sobre todo del Vraem. Si el presidente decide finalmente eso, sería como poner en la jefatura de la Sunat a un contrabandista de Desaguadero o al gerente de una ‘offshore’ creada para evadir impuestos y ocultar dinero. Estamos hablando de la entidad rectora de la lucha contra las drogas, y la persona que se haga cargo tiene que ser consciente de la magnitud. Hay quienes utilizan el argumento de que la hoja de coca es parte de nuestra tradición cultural, a sabiendas de que una gran parte termina pisoteada en las pozas de maceración.

—Siempre ha habido políticos que se acercan al sector cocalero, algunos más, otros menos. Por ejemplo, Ollanta Humala en sus primeras campañas, y más recientemente Guillermo Bermejo. El discurso suele ser el mismo.

En los últimos años hemos visto algo así como una adicción de los políticos por acercarse a las organizaciones cocaleras, en especial a las no legales, con la creencia de que les va a permitir contar con ese sector movilizable. Bermejo, hay que recordar, ha estado vinculado desde hace muchos años al Vraem y a aspectos que tienen que ver no solo con la coca. En lo que respecta a él, ahora se ha ideologizado la lucha contra las drogas, porque pretende convertir el tema de la coca en una llamada ‘agenda de recuperación de la soberanía nacional’. Se pretende finalmente desnaturalizar el problema del narcotráfico.

—Pocos días antes de ser ministro, Barranzuela azuzó a cocaleros del Vraem y otras zonas. “Háganse sentir, ‘no a la erradicación’”, les dijo. Y habló de “refundar” Devida. Ahora está al frente del Mininter. ¿De qué manera se puede interpretar ese gesto del Gobierno?

El Gobierno tiene que salir de esa zona de indefinición en la que se encuentra y asumir la responsabilidad. Existe una política nacional de lucha contra las drogas, con metas específicas que se tienen que cumplir. Una de esas metas es controlar la expansión de los cultivos ilegales de coca, y la responsabilidad la tiene el Ministerio del Interior. Pero ahora lo asume una persona que azuzaba a organizaciones cocaleras para oponerse a la erradicación. ¡Estamos en un absoluto contrasentido! Creo que el presidente Castillo y la primera ministra Mirtha Vásquez tienen que ordenar esta situación.

—En medio de las interrupciones que la pandemia ocasionó, ¿se ha logrado avanzar en la erradicación de cultivos ilegales de coca?

En el 2020, por los problemas sanitarios de la pandemia, el Perú erradicó solo 6 mil hectáreas de coca ilegal, de las 25 mil hectáreas que estaba erradicando como meta anual. En el 2021 se han erradicado poco más de mil hectáreas. Entonces, en la cuantificación de los cultivos de coca para el 2022, vamos a superar las 100 mil hectáreas, que representan más de 180 mil toneladas de hoja de coca. Solo 12 mil toneladas satisfacen al mercado tradicional de la hoja de coca. Si no se es claro en proteger la hoja de coca tradicional, y se aprovecha ese concepto para justificar la existencia enorme de coca excedente, estamos haciendo un gravísimo daño a los productores legales, ubicados principalmente en la zona de Cusco.

—¿Cuáles pueden ser, en concreto, las consecuencias de estos cruces entre gestos y acciones, entre mensajes y decisiones del Gobierno?

El escenario que veo al 2022 y 2023 es apocalíptico. Estamos camino a una tormenta perfecta en el tráfico de drogas. No se han cumplido las metas de erradicación; hay expansión de cultivos de coca ilegal; Colombia, en el 2020, erradicó 130 mil hectáreas y en el 2021 van más de 100 mil, y se va a producir inevitablemente el ‘efecto globo’ hacia el Perú; además, el presupuesto público para seguir consolidando los programas de desarrollo alternativo han sido recortados. Entonces, si además estamos en crisis económica, ¿qué creen que va a pasar con esos campesinos. Y si sumamos el mensaje equivocado que sale desde el Gobierno, entonces el escenario es apocalíptico. Estamos camino a convertirnos en un peligroso narcoestado.

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