Zamir Villaverde: ¿Qué sucedió la noche del miércoles con el aspirante a colaborador eficaz?

La reciente detención del empresario Zamir Villaverde, quien se encuentra sometido a un proceso de colaboración eficaz dentro de las investigaciones que vinculan el presidente Pedro Castillo, ha generado la reacción inmediata de políticos y especialistas en derecho penal.

Incluso, desde el Parlamento ya se ha solicitado la presencia del ministro del Interior Mariano González y del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) José Fernández Latorre, para que rinda las explicaciones de lo ocurrido con una de los principales piezas que sostendrían el rompecabezas de presuntos actos ilícitos que se habrían cometido desde el Ejecutivo.

Y es que el denominado Caso Puente Tarata que inició el 29 de noviembre del 2021, investiga a una presunta organización criminal que habría sido liderada por Castillo Terrones, secundado por su exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

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Los antes mencionados habrían recibido presuntas entregas de dinero de parte de Villaverde García con la finalidad de favorecer a determinadas empresas con las obras de Provías Descentralizado, entre ellas la empresa Termirex S.A.C. (que integraba el consorcio Puente Tarata III).

La red criminal habría contado también con la participación de los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. Junto a ellos, funcionarios de Provías y del Comité Especial licitador de la obra que se realizaría en la Región San Martín.

En abril de este año, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro -que tenía la investigación a su cargo en ese momento- solicitó la detención de los empresarios implicados y funcionarios del MTC.

Villaverde García fue uno de los primeros detenidos en ese momento y posteriormente recluido en el Penal de Ancón I.

A inicios de mayo, tras la difusión del primer audio entregado por Zamir Villaverde al Ministerio Público (MP) se conoció que el empresario se había sometido a un proceso de colaboración eficaz.

Desde entonces, una serie de audios fueron conociéndose tras la colaboración del experto en seguridad que cumplió prisión preventiva hasta el martes 12 de julio.

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La semana pasada, a pedido de su abogado Julio Rodríguez y tras la consulta respectiva con la fiscal Zecenarro, el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo decidió levantar la orden de prisión preventiva y liberar al empresario.

Para garantizar que seguiría colaborando, Villaverde García entregó a la fiscalía dos nuevos audios de los que se desprende una presunta entrega de dinero por un millón de soles – por parte de una empresa colombiana o brasileña- que se le habría realizado al exministro Silva cuando aún se encontraban en campaña electoral.

Antes de ello, el empresario entregó diversos audios. Entre el más importantes se encuentra una conversación grabada entre un colaborador eficaz y Silva Villegas, y en cuya reunión se le habría entregado S/100 mil al exministro.

El colaborador habría señalado que parte de dicho dinero, habría sido entregado al presidente Castillo.

Con toda esa información y aportes de prueba documentaria que entregó el colaborador; como los recibos del retiro de los S/100 mil que habrían sido entregados a Silva, así como los boletos de viaje para familiares del mandatario; Villaverde fue finalmente liberado la tarde del último martes.

Sin embargo, al promediar de las 20:00 de la noche del miércoles el colaborador eficaz fue detenido en la Comisaría de La Planicie (La Molina) luego que acudió a denunciar un presunto reglaje por parte de efectivos de la Policía Nacional.

Según la denuncia sentada por el empresario, dos vehículos cuyas placas reconoció como EPB-950 y EPB-930 venían haciéndole seguimiento desde las 18:00 horas. Además, indicó que los vehículos de color verde y blanco, estuvieron estacionados a una cuadra de su vivienda en posición frontal hacia su inmueble, según la denuncia.

El Comercio pudo verificar a través de las matrículas que los vehículos sí se encuentran asignados al Ministerio del Interior (Mininter).

La detención del empresario fue alertada por su abogado Julio Rodríguez, quien se constituyó hasta la sede policial. Lo propio hizo un fiscal vinculado a la investigación del Caso Puente Tarata.

Rodríguez informó que la detención de su patrocinado se había producido por una orden de requisitorias. Esto, pese a que su patrocinado había quedado en libertad un día antes pues no registraba ningún requerimiento adicional en su contra.

Villaverde señaló al Gobierno

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Cuatro horas después de estar retenido, Villaverde García fue liberado por la Policía Nacional. A su salida, señaló al gobierno como el responsable de su detención con la finalidad de “coaccionarme, presionarme” para que las pruebas que tiene en su poder “sean destruidas”.

“He venido a la comisaría a sentar una denuncia por un tema de reglaje, espionaje que me están haciendo por órdenes aparentemente del gobierno contra mi persona, para atentar contra mi seguridad personal (…) Desde ya le digo al presidente Pedro Castillo, que no le tengo miedo. Así me mate, yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad”, señaló a su salida.

Villaverde señaló que el gobierno no puede usar al aparato estatal para “poder reprimir a una persona”.

El Mininter, a través de un comunicado, alegó “una falla en el sistema informático judicial” que no había sido actualizado, por lo que la requisitoria aún seguía vigente.

Además, se señaló que el ministro del Interior Mariano González, había dispuesto una investigación por lo sucedido en la Comisaría de La Molina. Sin embargo, no se dijo nada sobre el presunto reglaje denunciado por el empresario.

Este Diario solicitó información al Ministerio sobre las disposiciones que se pudieran haber dado respecto al presunto reglaje que sufrió Villaverde; sin embargo indicaron que “el caso se está investigando” y no podían dar más información.

En el caso también intervino el juez Manuel Chuyo, que a través de un oficio al que accedió El Comercio, requirió a la Policial Judicial y Requisitorias que se levanten “las órdenes de ubicación, captura, y conducción” contra Zamir Villaverde.

Puede ser considerado como hostigamiento

El abogado penalista, Andy Carrión, consideró que de la sospecha inicial simple se puede desprender que el seguimiento denunciado por Villaverde García tendría “un cierto nivel de coacción buscando una finalidad distinta, es decir de que no brinde algún tipo de declaración a la fiscalía”.

Por ello, consideró necesario que el Mininter o la Policía Nacional inicie una investigación interna administrativa para esclarecer la finalidad de ese seguimiento.

“Habría que ver al final de la investigación si el seguimiento tiene una finalidad protectora o intimidatoria. Si tiene una finalidad intimidatoria fácilmente puede incurrir en el delito de coacción”, manifestó a este Diario.

Explicó que, si bien la pena para una presunta coacción es de entre dos y cuatro años, ello podría abrir una nueva línea de investigación en la Fiscalía para saber quiénes son aquellos que están vigilando al colaborador eficaz.

Para Carrión, Villaverde “es una pieza muy importante”, incluso en mayor grado que la Karelim López -sometida también a un proceso de colaboración eficaz- pues si bien la empresaria ha brindado información, el experto en seguridad tiene audios de contenido relevante que hace más fuerte su versión.

“Creo que Zamir Villaverde, por ahora, es el testigo más peligroso que puede tener el gobierno”, comentó.

Piden explicaciones al ministro

A través de sendos oficios, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para el martes 19 de julio al ministro del Interior Mariano González y del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) José Fernández Latorre, a fin de que expliquen el presunto reglaje al colaborador eficaz Zamir Vilalverde.

“En dicha ocasión, se servirá informar a la Comisión respecto de las acciones de seguimiento y reglaje que habrían realizado personas en vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior, en contra del investigado Marco Antonio Zamir Villaverde García”, indican los oficios de la citación enviada a lo funcionarios.

El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, resaltó que las medidas de vigilancia aplicadas a Villaverde, no hayan sido consideradas en los casos de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez, implicados también el el Caso Puente Tarata.

“En estos momentos es importante que nuestro ministro del Interior digan cuáles son los hechos reales. (De comprobarse el reglaje) estaríamos ante posibles infracciones administrativas y penales y también una responsabilidad política del señor ministro”, indicó Ventura.

La presidenta del congreso, María del Carmen Alva, calificó de “extraño” el presunto seguimiento en contra de Villaverde y por ello consideró que el ministro del Interior Mariano González tendría que dar las explicaciones del caso.

“Entiendo que por ello tiene que dar explicaciones el ministro, tiene que aclararlo, es muy grave”, declaró para la prensa.