La agenda encarpetada de Daniel Salaverry

Ya solo quedan dos meses para que se acabe la presente legislatura y se produzca el recambio total en la alta dirección del Congreso. El actual presidente, Daniel Salaverry, prefiere mantener la producción legislativa ajena a la polémica y ha dejado encarpetados algunos proyectos de ley, la mayoría ligados a Fuerza Popular.

Un proyecto tiene un trámite ciertamente complejo antes de llegar a ser publicado en el diario oficial “El Peruano” y convertirse en ley [ver flujograma]. Algunas de las iniciativas encarpetadas por Salaverry se han quedado a la espera de la segunda votación, y otras tienen una reconsideración (recurso para volver a votar una norma) pendiente de resolver.

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El proyecto encarpetado que generó más polémica es el que tipifica el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. En resumen, la propuesta reduce la pena por ese delito, pues el lavado de activos se sanciona hasta con 20 años, y con este cambio se haría que la pena se reduzca a un máximo de 13 años.

Pese a las críticas de especialistas en la materia y de que el presidente Martín Vizcarra anunció que observaría la norma, el pleno aprobó el texto final elaborado por la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular).

La bancada izquierdista de Nuevo Perú presentó una reconsideración a la votación. Eso fue en diciembre del 2018 y han pasado cinco meses sin que ese recurso haya surtido efecto. El presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ha optado por dejarlo en ‘stand by’.

El ex oficial mayor José Cevasco explicó que el reglamento del Congreso solo se refiere al procedimiento para presentar el recurso, pero no establece plazos límites para su votación. El artículo 58 del reglamento sostiene que “no se puede presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o de la dispensa de dicha aprobación”.

“No debería aguantarse, pero conozco casos en los que se han mantenido a la espera hasta la subsiguiente sesión [usualmente es una por semana]. Lo que suele hacerse es que no se levanta, sino que se suspende, así tienes una misma sesión que continúa por varias semanas”, añadió el especialista parlamentario.

—Conflictos e insistencias—
Existen otros proyectos que solo están a la espera de la segunda votación para remitir la autógrafa al Poder Ejecutivo y así poder convertirse en leyes. Estos tienen en promedio 291 días encarpetados debido a que, según fuentes de la Mesa Directiva, son “bombas de tiempo”.

Uno de ellos plantea el uso de la firma digital en la remisión de la información presupuestal a la Comisión de Presupuesto, algo que podría prestarse a usos indebidos. Actualmente, la fiscalía investiga a cinco congresistas señalados como gestores para direccionar y priorizar obras a través de esa comisión.

El proyecto declarativo sobre la recuperación de bosques deforestados por la “minería artesanal” en Madre de Dios fue presentado por Modesto Figueroa (Fuerza Popular). En el 2014, antes de ser congresista, la procuraduría del Ministerio del Ambiente sindicó a Figueroa como proveedor de combustible de la minería ilegal de Madre de Dios. Cuando fue elegido, el entonces ministro de la cartera, Manuel Pulgar Vidal, sostuvo que el legislador fujimorista “apoya la minería ilegal”.

Un caso parecido es el del legislador Guillermo Martorell, también de Fuerza Popular, quien plantea en un proyecto modificar diversos artículos de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna-ZofraTacna. En febrero del 2018, Martorell fue condenado a cinco años de prisión por el delito de colusión, acusado de haber favorecido a una empresa vinculada a su hermano con la venta de un terreno en la zona franca de Tacna, cuando el hoy congresista era presidente del directorio de ZofraTacna. Personal de su despacho explicó que su defensa apeló y a la fecha el caso “volvió a fojas cero”.

Otros no se han cansado de insistir en sus iniciativas. La propuesta para autorizar el uso de los autos colectivos fue aprobada en primera votación en diciembre del 2017, y desde entonces el titular de la Comisión de Transportes, Wuilian Monterola (Fuerza Popular), ha remitido en los últimos años unas siete cartas a la Presidencia del Congreso para solicitar su priorización, la última de ellas en marzo pasado. Una de estas cartas, presentada a inicios de este año,cita y adjunta el documento del gerente de una empresa privada solicitando la aprobación del proyecto.

El texto que plantea ampliar los beneficios establecidos por la Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de Materiales es de la autoría del suspendido Yonhy Lescano (Acción Popular), y fue aprobado en primera votación a fines del 2018. Desde entonces se han presentado 16 oficios –de distintos parlamentarios– para solicitar la priorización de la iniciativa.

En los casos de segunda votación, el ex oficial mayor José Cevasco también indicó que no existen plazos, con lo cual dichos proyectos podrían quedarse en ‘stand by’ hasta el fin del quinquenio. Uno de los que parece que llegarán a ese extremo es el de la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular) sobre modalidades formativas laborales, el cual fue denominado ‘ley del esclavo juvenil’ y que aguarda la segunda votación desde febrero del 2018.