¡Ah…! ¡Existe la Constitución!, por Juan Paredes Castro

Históricamente, cada vez que el Perú descendió en una profunda crisis, la clase política de turno encontró en el cambio de Constitución la salida imperfecta.

Imperfecta no porque cada nueva Constitución fuese mala, sino porque la clase política pasaba inmediatamente a vivir de espaldas a ella o en conflicto con la misma: la convertía en letra muerta o sencillamente la desobedecía y no pasaba nada.

Con la Constitución de 1993, nacida de un régimen autocrático, se dan hasta cuatro grandes ironías, a saber:
1. La ironía de que los 26 años de vigencia de esta Constitución no solo han permitido cinco sucesiones presidenciales democráticas continuas (desde Paniagua a Vizcarra, pasando por Toledo, García, Humala y Kuczynski), en un país habituado a las interrupciones militares o cívico-militares, sino que han dotado al país de condiciones de estabilidad política, social y económica, como no las había tenido en épocas precedentes.

2. La ironía de que el promotor y gestor político de esta Constitución, Alberto Fujimori, también promotor y gestor político de la macroeconomía (fin de la hiperinflación, reinserción en el sistema financiero internacional y puertas abiertas a la inversión y al crecimiento), y promotor y gestor político de la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, esté cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violación de los derechos humanos. En el colmo, el indulto que Fujimori obtuvo irregularmente de Kuczynski resultó, a la postre, efímero y mecha encendida en las motivaciones de renuncia a la presidencia del otorgante del indulto.

3. La ironía de que esta Constitución, precisamente por venir de la autocracia de 1990 al 2000 que afectó la institucionalidad democrática del país, no haya podido convertirse en propicia fuente de reformas para la mayoría fujimorista parlamentaria. Fuerza Popular debió tener una propuesta de reivindicación democrática vía reformas, más sólida y creíble, en lugar de caer en una inútil confrontación con Kuczynski, a su vez obnubilado por un enfermizo antifujimorismo que no tardó en desestabilizarlo.

4. La ironía de que esta Constitución exhiba, en el fondo, un auspicioso arraigo en el desarrollo económico, en contraste con un peligroso desarraigo en el desarrollo político y jurídico. La judicialización de la política y la politización de la justicia nos recuerdan hoy que el primer artículo de la Constitución (“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”) vive prácticamente en un punto muerto legal, de la misma manera que el inciso 24 del artículo 2 (“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”).

Despertamos así a la existencia de la Constitución, como de una pesadilla en días turbulentos de señalamiento de culpabilidades sin juicios ni sentencias. Y a la comprobación de que este contrato social en torno al cual los peruanos podríamos estar por encima de nuestras diferencias y rencores prevalece sobre toda norma legal, y que muchos de los fantasmas carcelarios de hoy, carentes de debido proceso, pueden terminar en infracciones constitucionales de imprevisibles consecuencias.