Alan García fue investigado por presuntos actos corrupción tanto por su primer mandato, de 1985 a 1990, como por su segundo período presidencial, de 2006 a 2011. (Foto: Archivo El Comercio)
Alan García fue investigado por presuntos actos corrupción tanto por su primer mandato, de 1985 a 1990, como por su segundo período presidencial, de 2006 a 2011. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

El ex presidente afirmó hoy que la decisión del fiscal José Antonio Castellanos de ampliar la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos por 36 meses, bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado, es una “arbitrariedad”. Agregó que sintió “orgullo” al ver cómo los congresistas del Apra lo respaldaron en la víspera.

“Ver a mis compañeros congresistas respaldándome ante esta arbitrariedad me llena de orgullo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, García aseguró que la fiscalía involucra "injustamente" a Nores al atribuirle diez inmuebles, correspondientes a tres apartamentos, siete garajes y un depósito por el sótano.

"Inclusive, para crear escándalo, se habla de una 'organización criminal' mezclándome con personas y empresas que no conozco", señaló el ex jefe de Estado.

La investigación comprende también a una treintena de personas cercanas a García como los ex ministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang.

Las pesquisas tienen como objetivo revisar si el aumento patrimonial que experimentó García y otros investigados durante los últimos 27 años se puede justificar con los ingresos declarados en ese mismo período.

Las diligencias se realizan de manera paralela a la otra investigación preliminar que la fiscalía mantiene abierta contra Alan García por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno para adjudicarse millonarias obras públicas, como la línea 1 del metro de Lima.

García fue investigado por presuntos actos corrupción tanto por su primer mandato, de 1985 a 1990, como por su segundo período presidencial, de 2006 a 2011.

Por el primero fue acusado de enriquecimiento ilícito, pero se exilió en Colombia y Francia hasta que la Corte Suprema declaró en 2001 que los delitos habían prescrito.

Tras su segundo mandato, el Congreso investigó sus irregularidades en una megacomisión, que descubrió distintos escándalos como los "narcoindultos", donde condenados por narcotráfico recibieron el indulto presidencial a cambio de sobornos.

Sin embargo, Alan García no fue procesado por ninguno de los casos investigados por la comisión parlamentaria porque la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las denuncias al considerar que el Congreso vulneró los derechos del ex presidente, por citarlo sin informarle sobre lo que investigaba.