El ex presidente Alan García solicitó asilo diplomático a Uruguay. (Foto: Archivo El Comercio)
El ex presidente Alan García solicitó asilo diplomático a Uruguay. (Foto: Archivo El Comercio)
René Zubieta Pacco

Los puntos de vista sobre la situación de : Alonso Gurmendi, profesor en Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico; Óscar Vidarte, internacionalista; y Eduardo Ferrero, ex canciller del Perú.

1. ¿Por qué Alan García habría elegido Uruguay para pedir asilo?

Gurmendi: Uruguay, como la mayoría de países latinoamericanos, tiene una larga tradición de respeto por el asilo. El artículo 2 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice que todo Estado tiene derecho a conceder asilo, es su prerrogativa. No creo que Alan García haya tomado una apuesta de este tipo así de radical sin estar preparado.

Vidarte: Es muy improbable que alguien vaya directamente a una embajada sin antes haber conversado, negociado, haber visto la posibilidad. Uno no tira una moneda al aire. Esto es un procedimiento formal. Creo que ha sido más que nada contactos y referentes personales. La práctica de asilo es muy latinoamericana. No es que haya un país conocido por brindar asilo.

Ferrero: En el caso de Uruguay, es un país conocido por su democracia. Es firmante de la convención de Caracas de 1954, sobre asilo diplomático. El Perú y Uruguay son parte. Presumo que, antes de entrar a la embajada, habrá hecho una gestión previa con el Gobierno de Uruguay y ha recibido algún tipo de expresión de que es posible que le den el asilo.

2. A su juicio, ¿procede la solicitud y el argumento de persecución política?

Gurmendi: Hay una restricción clara: se tiene que demostrar que hay motivo de delito político. El artículo 3 del convenio dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes [...]. Ahí hay una discusión, no es que esté definido. El tratado es claro, quien define si se trata de una persecución con motivos políticos es Uruguay. Un delito político es rebelión, insurgencia. Para mí no hay una persecución política. Lo que hay es una persona acusada de delitos comunes.

Vidarte: Yo creo que va a proceder. Procedería en función de una tradición política que existe en la región, por medio de la cual los estados a los que se le pide asilo no deben entrar en un análisis sobre lo que sucede en el país. Simplemente, escuchan a las partes, se discute que pueda existir alguna posibilidad de persecución y, tratándose del caso de un ex presidente, suelen dar asilo. García va a tratar de decir que existe una toma del Poder Judicial, y los estados, como Uruguay, lo que hacen es otorgar asilo como ha hecho el Perú en otros casos. Antes, pedirán información a la embajada, a la cancillería y los descargos de García.

Ferrero: El Gobierno Peruano tiene que informar al de Uruguay qué esta ocurriendo, informará de los hechos y que Alan García ha sido incluido en la investigación de un eventual delito. Es derecho del Estado asilante conceder el asilo, pero no obligación, porque puede rechazarlo. Tiene que usar su buen criterio para determinar si es verdad que se trata de una persecución política o si se trata de un delito común, que ahora es lo que parecería ser este caso. En mi opinión, no hay persecución política. Hay un proceso en marcha de investigación a cargo de la fiscalía por delitos comunes.

3. Si no procede la solicitud, ¿cuál es el procedimiento que sigue?

Gurmendi: Si no procede el asilo, Alan García es invitado a dejar la embajada. Una persona que está claramente intentando forzar una institución internacional para evitar la justicia peruana claramente tiene un riesgo de fuga. Es una cuestión para un penalista. No es mi especialidad, pero creo que podría estar haciendo una apuesta de alto vuelvo en que si no le otorgan el asilo probablemente le imputen algún tipo de restricción más intensa.

Vidarte: No se le puede impedir movilizarse, porque no tiene ningún impedimento. Podría salir en carro y nadie lo va a detener, y podría entrar en otra embajada y pedir asilo nuevamente. El pedido es medio extraño, porque el hecho de no poder salir de país es una afectación a las libertades, pero menor a lo que significaría ser detenido. No es una afectación tan grande. Por eso, puede generar suspicacias respecto de otros tipos de intereses.

Ferrero: Si Uruguay decide no otorgarle el asilo a Alan García, no está muy claro qué procede. Puede proceder a pedirle que se retire del local de la embajada. Y ahí opera automáticamente la autoridad peruana. En este caso, lo que hay contra Alan García no es orden de detención, sino orden de impedimento de salida al exterior. Puede tratar de hacer lo mismo en otra embajada, pero ya sería difícil que un segundo país se lo dé cuando el primero no se lo ha otorgado.

4. Si García recibe el asilo, ¿se afectarían las relaciones entre el Perú y Uruguay

Gurmendi: Si se lo otorgan, el Estado Peruano tendría que entregar un salvoconducto para que pueda viajar a Uruguay. El antecedente directo es el asilo que le dio Nicaragua a Alberto Pizango (encabezó protestas en Bagua en el 2009), de hecho fue un problema diplomático. Creo que definitivamente ocasionaría un problema diplomático y, potencialmente, judicial. Si se otorga, el Estado Peruano podría tomar la decisión de activar los mecanismos del Pacto de Bogotá. Es un tratado que otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para la interpretación de cualquier norma de derecho internacional.

Vidarte: No debe afectar para nada. El Perú ha brindado asilos. Puede generar algún tipo de problema en el corto plazo, pero en el mediano y largo, no. Porque los gobiernos que dan asilo terminan diciendo que no cuestionan el Poder Judicial, sino simplemente, ante la duda, dan el asilo, que es la práctica regular en el continente. Así que no suele tener mucho impacto en las relaciones, no veo riesgo en la relación peruano-uruguaya. El otorgamiento del asilo nunca debe ser interpretado como un cuestionamiento del Gobierno Uruguayo a algo que suceda en el Perú, los asilos son decisiones políticas.

Ferrero: Creo que evidentemente no va a afectar las relaciones, pero sí las va a enfriar. Desde el punto de vista del Gobierno Peruano, no estaría comprendiendo el Gobierno de Uruguay la lucha que viene siguiendo el Perú contra la corrupción. En el caso peruano creo que es bastante claro que se trata de un procedimiento judicial, de una investigación fiscal, bajo el ordenamiento jurídico peruano. No se trata de una persecución política. Entonces, es derecho de Uruguay concederlo, pero creo que esto no va a cortar relaciones. Hay que respetar el derecho de Uruguay, pero creo que sí enfriaría las relaciones.