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Alan García: una vida política marcada por la polémica

Denuncias, investigaciones y acusaciones de sobornos, enriquecimiento ilícito y hasta matanzas ensombrecieron los gobiernos de Alan García

Alan García

(Foto: Archivo El Comercio)

La prescripción de sus delitos en el pasado y, hace unas semanas, la decisión de suicidarse en el momento de su detención preliminar evitaron que Alan García Pérez respondiera ante la justicia. Este es un repaso por los principales casos que lo pusieron en la mira del sistema judicial y el Congreso.

1. Matanza en penales
La primera acusación constitucional en contra del ex presidente García surgió en 1990 por el caso de la matanza en los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, ocurrida el 19 de junio de 1986 tras el amotinamiento de presos por terrorismo. La acusación no prosperó debido a la alianza entre el Apra y Cambio 90, partido del entonces mandatario Alberto Fujimori. En el fuero judicial, García fue comprendido solo como testigo.

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2. Sobornos del BCCI
La suerte de García cambió en 1991, cuando el fiscal del distrito de Nueva York Robert Morgenthau acusó a dos ex funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) de haber recibido US$3 millones en sobornos del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI). Esto, supuestamente a cambio de depositar US$270 millones de reservas del país entre 1986 y 1987. La Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra García y la fiscalía formuló una denuncia penal por enriquecimiento ilícito. Además, por su presunta intermediación en la compraventa de aviones Mirage. En 1993 la Corte Suprema aprobó pedir su extradición, pero lo declaró reo ausente pues estaba exiliado en Colombia.

3. Compraventa de aviones Mirage
El caso se remonta a 1986, cuando el entonces senador Carlos Malpica denunció a García por presuntamente haber recibido una coima de más de US$100 millones por frustrar la compra de 26 aviones Mirage 2000, que autorizó su antecesor Fernando Belaunde. García solo adquirió 12 Mirage y un simulador a un precio superior que el estipulado en el contrato firmado por Belaunde.

4. Tren eléctrico de Lima
En 1995, la Fiscalía de la Nación también denunció penalmente al líder del Apra por cuatro cargos relacionados con irregularidades en la ejecución del tren eléctrico. El Poder Judicial abrió proceso penal con mandato de detención por su participación en las negociaciones para la construcción de la obra. Además, se formó un expediente para pedir su extradición de Colombia. García retornó al Perú en el 2001 tras la caída de Fujimori y la prescripción de sus delitos por el caso del tren. Al año siguiente postuló a la presidencia.

5. Matanza de campesinos
En el 2002, el fallecido ex presidente fue denunciado penalmente como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y ronderos entre los años 1987 y 1990, en Huancayo. Tres años después, la fiscalía especializada en derechos humanos lo denunció por su supuesta responsabilidad en la matanza de campesinos de la comunidad de Cayara (Ayacucho), ocurrida en 1988. El Ministerio Público lo excluyó posteriormente. En el 2006 García fue elegido presidente.

6. Los ‘petroaudios’
En el 2008, el escándalo de los ‘petroaudios’ alcanzó al ex presidente García por la difusión de interceptaciones telefónicas ilegales a Alberto Quimper, de Perú-Petro, y al ex ministro aprista Rómulo León, a quienes se escuchó hablar de “faenón” y “honorarios de éxito” para favorecer a la empresa petrolera Discover Petroleum Company. García deslindó de lo sucedido, llamándolos “ratas”. En el 2016, el Poder Judicial absolvió a todos los implicados.

7. El ‘baguazo’
En junio del 2009 se enfrentaron policías e indígenas en Bagua (Amazonas). El Gobierno había ordenado desalojar a los nativos que llevaban 45 días bloqueando la vía Fernando Belaunde en protesta contra dos decretos, que consideraban que afectaban sus derechos al territorio. El resultado fue 33 muertos (23 policías y 10 civiles). Durante el conflicto desapareció el mayor de la PNP Felipe Bazán. No se sentenció a ningún responsable por los asesinatos. Un informe en minoría del Congreso señalaba como responsables políticos a los ex ministros Mercedes Cabanillas (Interior), Mercedes Araoz (Mincetur) y Yehude Simon (primer ministro).

8. Los narcoindultos
Este caso reveló que García Pérez había firmado más de 3.000 indultos y conmutaciones de penas a sentenciados por narcotráfico durante su segundo mandato. Sin embargo, a pedido de su defensa, el Poder Judicial anuló todos los informes de la megacomisión del Congreso –incluido el de este caso– en los que se proponía denunciarlo constitucionalmente junto a los ex ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández. Solo fue sentenciado el ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo Chinguel por haber obtenido pagos ilícitos a cambio de otorgar dichos beneficios penitenciarios.

9. La megacomisión
En el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, una comisión investigadora presidida por el legislador oficialista Sergio Tejada elaboró ocho informes sobre presuntas irregularidades en el segundo gobierno de García Pérez, entre estos los narcoindultos y los ‘petroaudios’. El ex jefe del Estado presentó un recurso ante el Poder Judicial y logró que este declare fundado su pedido de anular los informes de la megacomisión.

10. Sobornos de Odebrecht
El año pasado, el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar por lavado de activos a García, a raíz del Caso Odebrecht. El Poder Judicial dictó para él 18 de meses de impedimento de salida y ese mismo día el ex presidente solicitó, sin éxito, asilo al Gobierno de Uruguay. El ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala ha dicho que el dinero que Odebrecht le depositó en un banco de Andorra era para García. De acuerdo con su versión, él personalmente habría entregado US$1,3 millones al ex mandatario en varias armadas. Ha sido la primera vez que un ex funcionario de su gobierno lo acusa directamente de la comisión de algún delito.

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