Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori. (Foto: GEC)
Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori. (Foto: GEC)
Redacción EC
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El juez Rafael Martínez, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado del Poder Judicial, reanudará este lunes 8 de noviembre la lectura de la resolución sobre el exjefe de Estado y otros por el caso de las esterilizaciones forzadas.

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La audiencia del lunes 8 será la sétima sesión desde que empezó la lectura. En esa línea, tal como sucedió en ocasiones anteriores, se desarrollará en español y será traducida al quechua, ya que varias de las víctimas hablan esa lengua.

Como se recuerda, en este caso está imputado Alberto Fujimori junto a sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga -actual congresista de Fuerza Popular-, entre otros.

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A los investigados se les acusa de ser autores mediatos del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguida de muerte, en un contexto de presunta violación a los derechos humanos.

En la audiencia del 2 de noviembre, el juez Rafael Martínez realizó un recuento de la demanda fiscal que apunta que los hechos encajarían en el delito de “atentado contra la integridad física grave” en perjuicio de mujeres que fallecieron o sufrieron graves daños a su salud por la intervención quirúrgica.

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Son cinco las víctimas por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. Sin embargo, a los investigados se les imputa también el delito de lesiones graves contra otras 1.300 víctimas.

Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

Además, indicó que habría evidencia en los documentos que solicitaban a los pacientes sus consentimientos a la práctica de la esterilización pero no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa.

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