Procuraduría está atenta a registro de bienes de Fujimori

A once días de haber recibido el indulto y derecho de gracia de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el ex mandatario Alberto Fujimori dejó el último jueves la clínica en la que se encontraba desde el pasado 23 de diciembre. Actualmente, se encuentra en una vivienda alquilada en La Molina en libertad.

No ha quedado libre, sin embargo, de una millonaria deuda con el Estado. Y es que —según han señalado especialistas y el procurador anticorrupción Amado Enco— el indulto no ha eliminado la deuda de más de S/ 51’000.000 de Fujimori como parte de la reparación civil que mantiene por las condenas por delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones. Tampoco la impuesta en la sentencia por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Él tiene cierto poder adquisitivo. Ha estado recibiendo atenciones de primer nivel en clínicas importantes de Lima, ahora está alojado en una casa con lujos y comodidades. Ante estas señales de solvencia económica, corresponde que se evidencie efectuando el pago por los daños causados y los delitos por los que ha sido condenado”, indicó Enco este sábado a El Comercio.

De acuerdo al procurador, otros sentenciados por corrupción con menores posibilidades económicas han cumplido incluso con pagar íntegramente sus reparaciones civiles. Pero Alberto Fujimori no ha realizado ningún aporte, su deuda permanece íntegra.

En ese sentido, ahora que está en libertad, el procurador anticorrupción espera que Fujimori o su defensa legal se acerquen al juzgado respectivo para cubrir la reparación civil pendiente. “Si él ha considerado como un gesto positivo que el presidente de la República le haya concedido una gracia presidencial, creo que —si de gestos se trata— sería un buen gesto con el país y con las víctimas que evidencie una voluntad de resarcir los daños causados. Y eso es pagar la reparación civil en la forma y modo en que pueda hacerlo”, manifestó.

—No registra bienes—
Si bien se ha instado a Fujimori para que pague, hay un inconveniente. De acuerdo a Enco, en los actos de verificación patrimonial que constantemente hace la procuraduría no se ha detectado algún bien del ex jefe de Estado.

“Hemos estado verificando constantemente a través de registros públicos y el sistema financiero si es que el señor Fujimori registra algún activo patrimonial. Y la respuesta ha sido negativa. Actualmente no tiene ningún inmueble inscrito a su nombre”, comentó a este Diario el procurador, acotando que se dio anteriormente el registro de un inmueble en la avenida La Fontana, en Ate, pero este se encuentra en controversia judicial con una tercera persona que mostró contratos de inicios de la década de 1980. Más allá de eso, nada.

Ante ello, Amado Enco indicó que la procuraduría emprenderá las medidas cautelares correspondientes en caso detecte que Alberto Fujimori tiene bienes patrimoniales detectados a su nombre.

“Estamos atentos a que si se registrase algún activo patrimonial —bienes inmuebles, muebles o en la eventualidad que se reactive la pensión que el pretendería ante el Congreso— estaremos atentos para poder activar los mecanismos procesales necesarios para que honre su obligación con el Estado”, apuntó.

—Posible pensión—
El Comercio informó ayer que, al momento, Alberto Fujimori no había realizado alguna solicitud al Congreso de la República para que se le restituyan beneficios de ex presidente, entre ellos una pensión equivalente al salario mensual de un parlamentario (S/15.600). Cabe apuntar, sin embargo, que la Ley 26519 ha impedido que el ex mandatario reciba la asignación, pues fue vacado por permanente incapacidad moral en el año 2000.

Además, los ex ministros de Justicia, Aldo Vásquez y Víctor García Toma, señalaron a este Diario que al ex mandatario no le correspondería la pensión.

Al respecto, la procuraduría ve dos posibilidades. Una en la que Alberto Fujimori solicite la liquidación de los devengados, ante la que —afirma Enco— se pedirá la retención total. Pero en el caso en el que se le restituya la pensión, solo se podrá retener un porcentaje mediante una medida cautelar. “En cualquiera de los escenarios que se puedan dar, nosotros pediremos a través del Poder Judicial el embargo en forma de retención que prevé el Código Procesal Civil”, sentenció el funcionario.