Alejandro Toledo afrontaría un tercer juicio: Corte Suprema pide a EE.UU. ampliar su extradición por el Tramo IV de la Carretera Interoceánica

De acuerdo a una resolución del 21 de abril, a la que accedió El Comercio, el tribunal supremo dispuso que se remita el expediente al Ministerio de Justicia por intermedio de la Presidencia de la Corte Suprema y además poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la decisión.

La ampliación de la extradición es un proceso necesario para que Toledo Manrique pueda ser sometido a juicio oral por este caso, donde el Ministerio Público ha solicitado 24 años y ocho meses de cárcel en su contra.

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Con esta decisión, la máxima instancia del PJ aprobó el requerimiento que formuló el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Richard Concepción Carhuancho, que en enero de este año dictó el auto de enjuiciamiento en contra de Toledo Manrique y otros implicados en este caso.

El Ministerio Público (MP) acusa al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada por su supuesta participación en actos ilícitos durante la licitación del Proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4: Inambari – Azángaro” a favor de la empresa Camargo Correa, en consorcio con Andrade Gutiérrez SA y Queiroz Galvao SA).

Toledo Manrique ya cuenta con dos condenas que se encuentran en apelación. En el Caso Odebrecht (Tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur) fue condenado a 20 años y seis meses por lavado de activos y colusión. Mientras que por el caso Ecoteva, la justicia le impuso 13 años y cuatro meses por el delito de lavado de activos.

El exmandatario se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) desde abril del 2023, cuando fue extraditado desde EE.UU.

De acuerdo a la resolución judicial, la Corte Suprema concluyó que existe causa probable para procesar a Alejandro Toledo por cada delito.

La justicia peruana presentó 37 elementos de convicción para sustentar los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, por los que se busca llevar una vez más a Toledo Manrique, al banquillo de los acusados.

“En merito a estas documentales, se puede evidenciar la participación de Alejandro Toledo Manrique en los delitos de colusión y lavado de activos.”

Corte Suprema

En esa línea, señaló el colegiado, en el presente caso, la conducta imputada al procesado Alejandro Toledo resulta delictiva en Estados Unidos, aunque con diferente denominación.

Además, se encuentra prevista como delito de soborno de funcionarios públicos y testigos, estipulado en el artículo 201 del Título 18 del Código de los Estados Unidos de América.

Mientras que el lavado de activos se encuentra previsto como delito de blanqueo de instrumentos monetarios, estipulado en el artículo 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos de América.

La resolución judicial fue suscrita por los jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, María del Carmen Altabás Kajatt, Saúl Peña Farfán, Sara Maita Dorregaray,

Por el presunto delito de colusión, a Toledo Manrique se le atribuye que con “conocimiento y voluntad, aprovechándose de su posición privilegiada y de alta jerarquía” en el aparato público estatal, dada su condición de presidente del Perú (periodo 2001-2006) habría iniciado tratativas colusorias en el 2004, con el empresario Marcos de Moura Wanderley.

De acuerdo con la acusación, ambos sostuvieron reuniones tanto en Brasil como en Perú, en las que acordaron que la empresa brasileña Construcoes e Comercio Camargo Correa SA-Sucursal Perú, sería favorecida en el proceso de concesión del Proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 4 (Inambari-Azángaro)”.

Para ello, entre 2004 y 2006, habría desplegado diversos actos irregulares con los que evitó que la concesión del Tramo 4 sea un proceso imparcial, transparente y con pluralidad de postores, defraudándose así al Estado peruano.

Por tanto, de acuerdo a la acusación, con su accionar, Toledo Manrique evitó que la concesión sea otorgada en mejores condiciones y por un monto razonable para el Estado peruano, ocasionando con ello, la indebida exposición de los recursos económicos en perjuicio del erario público.

“En virtud de este pacto ilícito, la empresa Construcoes e Comercio Camargo Correa SA Sucursal Perú se comprometió a realizar pagos, hasta por la suma de USD 6’313,075 (seis millones trescientos trece mil setenta y cinco dólares americanos); del cual, USD 5’411,207 (cinco millones cuatrocientos once mil doscientos siete dólares americanos) debían ser para el entonces mandatario presidencial Alejandro Toledo Manrique, monto equivalente al 3% del valor referencial (primigenio) del proyecto, del cual se llegaron a identificar USD 3’984,335 (tres millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cinco dólares americanos); mientras que USD 901,868 (novecientos un mil ochocientos sesenta y ocho dólares americanos) serían para la persona de iniciales ‘JR’”

Acusación del Ministerio Público

Sobre el presunto delito de lavado de activos, la acusación señala que previo acuerdo con el fallecido colaborador eficaz, Josef Arieh Maiman Rapaport, utilizó sus cuentas bancarias de las empresas offshore de este último, Trailbridge Ltd., Warbury & Co., Merhav MNF y Confiado International Corp., para realizar operaciones financieras complejas, actos de lavado de activos, con el fin de dificultar los presuntos actos de soborno de la empresa Camargo Correa y evitar su incautación o decomiso.

El exmandatario habría ordenado recepcionar en tres empresas de Maiman cinco transferencias por el importe total de US$ 760,001 efectuadas por tres offshore vinculadas a la empresa Camargo Correa. Luego, parte del dinero de volvió a traspasar a otras cuenta de las empresas de Maiman, en dos operaciones.

Y, en una segunda etapa, se habrían recepcionado 34 transferencias de 26 offshore vinculada a Camargo Correa en las cuentas de la empresa Warbury & CO. en el Barclays Bank PLC de Londres (offshore brindada por Josef Maiman Rapaport).

“En ese sentido, Alejandro Toledo Manrique tenía el dominio del hecho, al haber ordenado que se hicieran los depósitos a las cuentas de Joseff Maiman Rapaport (tercero), con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, ya que el dinero maculado era producto del pacto colusorio ejecutado entre su persona y el representante de la empresa Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, en el marco de la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico, Tramo 4.”

Acusación del Ministerio Público

Ahora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá presentar el requerimiento ante el Consejo de Ministros para su aprobación y el gobierno, a través de la Cancillería, pueda remitir el pedido hacia Estados Unidos para su aprobación en dicho país.