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Alejandro Toledo: ¿por qué aprobaron pedido de extradición?

La Corte Suprema determinó que las imputaciones hechas por la fiscalía en contra del prófugo ex presidente están fundadas. Aquí el detalle

Alejandro Toledo

El ex presidente Alejandro Toledo está prófugo de la justica desde febrero del año pasado. (Foto: EFE)

EFE

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “procedente” el pedido de extradición a Estados Unidos del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

Tal como lo informó El Comercio a primeras horas de la mañana, el colegiado tomó la decisión por unanimidad.

Según la resolución publicada al mediodía, el tribunal consideró que la imputación realizada contra Toledo por el Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, y que fue acogida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, es “fundada”.

Así lo consideró al explicar que para declarar procedente el pedido de extradición solo se requiere la satisfacción de una “imputación fundada”. Es decir, que los medios de investigación o medios de prueba ratifiquen la existencia de elementos de convicción a nivel de “probabilidad delictiva” y “de la intervención del reclamando en el delito”.

Ello, recordaron es suficiente y está vinculado a la “documentación requerida”, requisito solicitado en el Tratado de Extradición que Perú mantiene con los Estados Unidos.

-Tráfico y colusión-
La Corte Suprema también deja en claro que los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, imputados contra Toledo, deben ser declarados procedentes pues “no han prescrito” y que los mismos son “delitos concurrentes, ya que no se produjeron en un mismo momento”.

La Sala también aceptó la tesis de que, debido a que el último pago que realizó la empresa Odebrecht, fue en el 2010; el delito se terminó de consumar en dicho año.

En el caso de tráfico de influencias, indica que “no es posible afirmar que no se cometió” dicho delito porque la imputación contra el ex presidente no está referida a un “proceso administrativo” como en la elaboración y conducción del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

Alejandro Toledo, indican, es vinculado a un “caso administrativo” que está referido a las “circunstancias externas”. Es decir, los actos que realizó como funcionario para intervenir a favor de la empresa Odebrecht.

Mientras que, en el caso de colusión, remarcan que hay causa probable para indicar que Toledo concertó con Jorge Barata, ex representante de la firma brasileña en el Perú, y evitó un proceso transparente.

Sobre el delito de lavado, el tribunal consideró que Alejandro Toledo realizó un “autolavado”, es decir que participó del delito previo “corrupción” y luego realizó la conversión del dinero (ocultamiento en cuentas y compra de inmuebles por la empresa “offshore” Ecoteva Consulting Group).

La Sala Penal Permanente está presidida por el juez César San Martín e integrada por los vocales supremos Iván Sequeiros (ponente), José Neyra Flores, Karina Chávez Mella y Luis Cevallos Vegas.

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