El procurador Ramírez rechazó que exista una persecución política en contra de Toledo ya que el pedido de extradición es por "delitos comunes". (Foto: GEC / Video: Canal N)
Redacción EC

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, , aseguró que está evaluando viajar a los Estados Unidos para asistir este viernes a la audiencia de fianza del expresidente quien fue detenido como parte del proceso de extradición que se sigue en su contra.

Sin embargo, aseguró que su presencia en dicha audiencia sería "de manera expectante", puesto que el Estado Peruano pese a requerir la extradición, no forma parte del proceso.

"Estamos evaluando, en principio, concurrir de manera expectante y estar en la audiencia, pero no tendríamos mayor participación, porque este es un tema que la fiscalía estadounidense ha evaluado, que hay causa probable para pedir la extradición y sería suficiente a consideración del fiscal estadounidense", sostuvo en diálogo con Canal N.

"La extradición es entre Estados Unidos y el señor Alejandro Toledo. El Estado Peruano no es parte del proceso de extradición, es el fiscal estadounidense el que está requiriendo la extradición del señor Toledo, y, por tanto, la participación de los representantes del Estado no se daría en este caso", señaló.

En otro momento, Ramírez se refirió a lo dicho por el abogado del ya detenido exmandatario y rechazó que exista una persecución política en su contra, ya que el pedido de extradición es por "delitos comunes" y se encuentra inscrito dentro de las reglas establecidas en el derecho internacional.

"En absoluto [existe una persecución política en el Perú], estos son delitos comunes. El hecho de que EE.UU lo haya detenido es parte del sistema de justicia norteamericano, es parte de las reglas de la extradición amparadas por el derecho internacional", manifestó.

Toledo Manrique está requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias.

Posteriormente, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva.