Alejandro Toledo: su defensa en EE.UU. exige copia de testimonios de Barata y Maiman

Los abogados de Alejandro Toledo en Estados Unidos solicitaron a la Corte del Distrito Norte de California que obligue a la fiscalía de ese país a entregar 16 documentos vinculados al caso en el que el Perú busca la extradición del expresidente. Entre las pruebas figuran las copias de los interrogatorios realizados por el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato al exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata, en febrero del 2018 y abril del 2019, y al empresario israelí Josef Maiman.

El objetivo de la defensa, según el oficio enviado al juez Thomas Hixson el miércoles, es encontrar indicios “relacionados a la coacción de los dos principales testigos en su contra”.

“El caso del Perú contra el Dr. Toledo descansa casi en su totalidad en estos dos testigos [Barata y Maiman], y el Dr. Toledo considera de buena fe que las declaraciones de ambos han sido coaccionadas”, dice el documento firmado por Steven Kalar y Graham Archer.

Los abogados de Toledo indican que “el caso del Perú se basa en gran medida en las supuestas declaraciones de Maiman y Barata, pero sin las declaraciones completas no hay forma de evaluar si efectivamente respaldan la posición del Perú”.

Y agregan que la jurisprudencia previa ya ha dejado claro que “una declaración coaccionada no es evidencia competente y no puede respaldar la existencia de causa probable [de cara a la extradición]”.

“En Estados Unidos, para que proceda una extradición, los cargos tienen que estar probados a nivel de una acusación. No de una decisión judicial, pero sí de una acusación. Esto implica un nivel probatorio de causa probable. Entonces, la defensa tiene derecho a pedir que la fiscalía muestre sus pruebas. Es altamente probable que el juez conceda el pedido”, explica el abogado penalista Carlos Caro.

Este Diario intentó comunicarse con el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, pero no obtuvo respuesta.

–Otras pruebas–

Además de estos dos testimonios, la defensa de Toledo ha solicitado que la Corte obligue a la fiscalía de Estados Unidos a entregar otras 14 evidencias. Ha solicitado, por ejemplo, la entrega del paquete completo de documentos del pedido de prisión preventiva contra Toledo que el Ministerio Público envió al juez Richard Concepción Carhuancho en febrero del 2017.

La defensa de Toledo también solicitó copias de los acuerdos de colaboración firmados con Odebrecht y sus exejecutivos, y con Maiman. En este último caso, indicó que el documento debe ser enviado “sea en su versión final o en borrador”. Este pedido sí constituiría un problema con la legislación peruana, asegura Caro.

“Por más que los jueces norteamericanos pidan los acuerdos, el Estado peruano no tiene cómo revelarlos. La ley lo impide, los acuerdos de colaboración eficaz son secretos. Y el juez americano no tiene ninguna potestad sobre un juez peruano. El fiscal tendría que pedirle permiso a un juez y este encontraría la situación muy complicada: decidir entre entregar un acuerdo que es confidencial o perder la extradición”, explica.

También se ha pedido “cualquier material relacionado a Toledo que haya sido obtenido por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York" en la investigación general sobre el caso Odebrecht/Braskem seguida en el 2016 y “cualquier información obtenida por la investigación en el Distrito de Maryland", donde el expresidente tenía una casa con la que habría realizado operaciones de lavado de dinero.

Además, la defensa de Toledo exigió “toda la correspondencia” referida a Toledo entre el gobierno peruano, su embajada en Washington, sus consulados, el gobierno de Estados Unidos, su embajada en Lima y el Departamento de Estado. Igualmente requiere que se le envíen las solicitudes de asistencia jurídica hechos por el gobierno peruano a Estados Unidos, Suiza, Brasil, Israel, Costa Rica, Uruguay y Andorra.

Los abogados exigieron, asimismo, copias de todo el material incautado durante el allanamiento a la casa de Toledo en Menlo Park, California, así como una declaración jurada sobre estos hallazgos.

La solicitud contempla los registros de investigación y vigilancia que el FBI y el servicio de alguaciles de Estados Unidos haya producido desde que el Perú solicitó por primera vez la extradición, en el 2017.

Finalmente, pidieron a la Corte que ordene la entrega de los reportes sobre derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos en Lima entre el 2016 y el 2019, y las copias de cualquier mensaje enviado por el gobierno peruano sobre Toledo a la Interpol.

Según Caro, parte de la información –algunos de los testimonios de Barata y Maiman, por ejemplo– ya debería haber sido enviada a la fiscalía estadounidense en el pedido de extradición.

–Los testimonios–

Según fuentes de El Comercio, en el interrogatorio realizado en abril de este año Barata dijo que Odebrecht había pagado US$31 millones en sobornos a Toledo por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Además, reveló que el expresidente le pidió que intercediera ante las empresas del consorcio encargado del tramo 4 –Camargo y Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez–, porque no querían cumplir con pagarle el soborno acordado para esa obra.

En su declaración, Barata también aseguró que la constructora pagó parte importante de los sobornos a través de Maiman, quien colabora con la fiscalía desde agosto del 2017. El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú recordó que Toledo le reclamó en una ocasión por el retraso en el desembolso de los sobornos con la frase “Oiga, Barata. Paga, carajo".

Por su parte, también según fuentes de El Comercio, Maiman declaró a la fiscalía que él fue el encargado de recibir y transferir los sobornos, a pedido de Toledo "El encargo por parte de Alejandro Toledo Manrique fue ser el receptor de los fondos a través de mis empresas y esperar sus instrucciones para las disposiciones de las mismas”, dijo desde Israel, según el documento al que tuvo acceso este Diario.

Las revelaciones de Barata se dieron como parte del acuerdo de colaboración entre la justicia peruana, Odebrecht y sus exejecutivos, documento en el que la empresa reconoce pagos ilícitos por tres obras además de la Interoceánica. Este acuerdo fue homologado judicialmente en junio. El convenio de Maiman, por su parte, fue firmado en marzo de este año y quedó pendiente de ser evaluado por un juez

“A los fiscales no les va a afectar mucho entregar los testimonios porque hoy todo lo que declare Barata se conoce en minutos. La entrega les puede incomodar, pero no va a cambiar mucho su posición o estrategia respecto al caso. En donde sí hay un problema es en los acuerdos de colaboración, que por ley son confidenciales”, advierte Caro.