Ampliación de legislatura en el Congreso: sus implicancias y lo que se viene

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, amplió la actual legislatura hasta el próximo 25 de julio, a fin de que se pueda revisar en el pleno tres puntos que consideró importantes. Este período iba a concluir el 15 de junio.

Se trata de las seis reformas constitucionales que motivó la cuestión de confianza del Ejecutivo; los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; y los dictámenes pendientes para levantar la inmunidad de los parlamentarios.

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Sin embargo, el Decreto de Presidencia 003-2018-2019-P/CR, publicado en El Peruano, pone una agenda cerrada. No deja abierta la posibilidad de que se aborden otros temas que puedan surgir en estos días, tal como se suele hacer por la práctica parlamentaria.

─Implicancias─
En las gestiones de los congresistas de Fuerza Popular Luz Salgado (2016-2017) y Luis Galarreta (2017-2018), también se amplió la convocatoria de legislatura.

No obstante, ambos establecían que se podía abordar “cualquier otro asunto que por mandato constitucional o legal requiera la aprobación o el conocimiento del Pleno del Congreso”. Esto ha sido omitido por Daniel Salaverry.

Desde la Comisión de Ética ya se ha criticado que no se haya incluido las recomendaciones de sanción a legisladores que aprobó el grupo de trabajo y que están a la espera de su ratificación en el pleno para su entrada en vigencia.

Entre esos casos está el del actual presidente del Parlamento, quien ha sido acusado de presentar informes fraudulentos de representación. La Comisión de Ética recomienda su suspensión por 120 días.

El ex oficial mayor José Elice, explicó que el pleno no podría abordar otro tema más que los agendados por Salaverry hasta agosto, cuando se inicie la nueva legislatura. Salvo que el propio titular del Parlamento modifique su disposición en ese tiempo.

“Si no le han dado facultades a la Junta de Portavoces o al Consejo Directivo para que amplíe la agenda, ahí queda. Pero el presidente puede ampliar otra vez”, acotó.

El experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi añadió que la Junta de Portavoces también podría adoptar un acuerdo para que se pueda incluir otro tema en la agenda.

“El mayor órgano de gobierno y de toma de decisiones es el pleno. La salida sería que no solamente las sanciones de Ética sino cualquier tema relevante para el país podrían los voceros firmar un acta y, si la Junta de Portavoces lo resuelve, el pleno vota y se incluye un tema adicional”, refirió.

─Lo que se viene─
En lo que esto sucede, se han dado facultades legislativas a la Comisión Permanente, que funciona durante el receso y que, en parte, puede hacer las veces del pleno.

Este ente puede aprobar leyes ordinarias y resoluciones que estaban pendientes en la agenda del pleno, pero no puede revisar informes de la Comisión de Ética, reformas constitucionales, leyes orgánicas (de mayor rango) ni de presupuesto y cuenta general.

“La Comisión Permanente puede ver también aquellas normas que el Ejecutivo mande al Congreso y considere que tiene carácter de urgencia”, explicó Rospigliosi. En este grupo encajan, por ejemplo, los pedidos de autorización de viajes al exterior para el presidente.

─En la agenda─
Es decir, siguiendo el decreto de Salaverry, en el pleno solo se podría votar las seis reformas planteadas por el Ejecutivo: impedimentos para ser candidatos, imnunidad parlamentaria, elecciones abiertas, inscripción de organizaciones política, instauración de la paridad y la tipificación del delito de financiamiento ilícito.

Asimismo, los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; que, vale decir, solo está pendiente la recomendación para acusar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real.

Existen otras cinco denuncias con informe final que aún no superan la Comisión Permanente, la instancia previa. Esto sin contar los informes de calificación.

También se podría abordar los informes finales para levantar la inmunidad de los congresistas. Hasta la fecha, existen dictámenes contra los parlamentarios Yesenia Ponce y Moisés Mamani, pendientes de ser abordados.