Amplían a 36 meses el pedido para que Castañeda Lossio no salga del país

El fiscal del equipo especial Lava Jato Carlos Puma Quispe amplió el plazo del pedido de impedimento de salida del país contra el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y otras personas, como parte de las investigaciones por los contratos de OAS durante su gestión y los aportes de la constructora a su campaña en el 2014.

En el requerimiento inicial, el representante del Ministerio Público había solicitado ocho meses de impedimento de salida, por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y lavado de activos.

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Ayer en la audiencia, el fiscal Puma anunció que, en una solicitud adicional, pidió que el plazo de la medida coercitiva sea de 36 meses para todos los implicados: Luis Castañeda, José Luna Gálvez, Martín Bustamante, Giselle Zegarra, Jaime Villafuerte y Alfieri Lucchetti.
La ampliación se justifica en que la investigación se desarrolla bajo la Ley de Crimen Organizado, según explicó el fiscal.

“Dar la libertad para que un procesado se ausente del país es correr el riesgo de que no vuelva”, sostuvo. Indicó que en esta etapa de la investigación, cuenta con los indicios necesarios para presumir la comisión de delitos.

—Tesis—
Para la fiscalía, habría existido una concertación entre OAS y Luis Castañeda para que se entregue el ‘by-pass’ de 28 de Julio en sustitución del parque Río Verde.

En la audiencia, el fiscal sostuvo, además, que Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, se reunió en varias ocasiones con Castañeda Lossio y le ofreció aportes para su campaña.

Puma Quispe apuntó que la entrega de dinero se hizo efectiva con US$220 mil, aunque el monto de los aportes aún está en fase de corroboración. El receptor habría sido Martín Bustamante, hombre de confianza de Castañeda.

El colaborador 130-2019 señaló que Leo Pinheiro buscó un nexo con Luis Castañeda, que habría sido Giselle Zegarra, quien primero trabajó con OAS y un día después de terminado su contrato inició una relación laboral con la Municipalidad de Lima.

Castañeda designó a Jaime Villafuerte Quiroz gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad. Es el funcionario que contrata a Giselle Zegarra como consultora.

Después de esto se firmó la adenda N°1 al contrato de fideicomiso de la Línea Amarilla para reemplazar Río Verde por el ‘by-pass’ de 28 de Julio. La misma gerencia, pero bajo la jefatura de Alfieri Lucchetti, firma la adenda N°2, en octubre del 2015.

—Defensa—
Salvo Jaime Villafuerte, los investigados no acudieron a la audiencia en la que se discutió el pedido de impedimento de salida del país. En el caso de Bustamante, tampoco lo hizo su representante legal y su caso fue visto por un defensor público.

Bryan Kabsther, abogado de Castañeda, afirmó que el ex alcalde se allanaba al requerimiento fiscal, pero que rechazaba las imputaciones por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Su pasaporte fue entregado a la fiscalía.

La defensa de José Luna Gálvez consideró que las transacciones a Castañeda por S/91 mil reportadas por UIF a la fiscalía y calificadas como operaciones sospechosas deben ser consideradas como prueba ilícita. Luna, a través de su abogado Miguel Pérez Arroyo, presentó un pasaporte a la fiscalía, pero el juzgado informó que el documento entregado venció en el 2013. Cabe señalar que Luna viajó a México, país para el que se requiere pasaporte, el 17 de diciembre del 2018.