Ana Teresa Revilla: “Nosotros estamos indignados” con demanda de Odebrecht ante el Ciadi

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, aseguró sentirse indignada por la demanda por US$1.200 millones de indemnización en contra del Estado Peruano que la empresa Odebrecht ha impuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Consideró que la constructora brasileña "no es una empresa que esté con las condiciones de honorabilidad que cualquiera esperase" para realizar este tipo de procedimientos y se mostró confiada en que el Estado peruano tendrá "un resultado favorable" en su defensa ante el organismo internacional.

“Estamos indignados porque efectivamente no es una empresa que esté con las condiciones de honorabilidad que cualquiera esperase. Es una empresa que tiene un pasado terrible en nuestro país y, bueno, para nosotros por la experiencia que tenemos como Estado en la defensa de nuestros intereses ante el Ciadi tenemos la certeza de que esto va a ser favorable para nosotros”, sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

“Recuerden que tenemos como Estado la esperanza y la certeza que esto va a ser favorable para nosotros. Hemos tenido éxito en varios casos en los que incluso el Estado Peruano se ha defendido por más de S/ 50 mil millones. El Estado ya ha desempañado bien su defensa ante interés extranjeros”, señaló.

Ana Teresa Revilla indicó que esta demanda se ve “en un espacio distinto” al que existe en la colaboración que ha venido llevando a cabo Odebrecht con el Ministerio Público. Precisó que “lo que tiene que hacer el Perú en este caso es defenderse como Estado inmediatamente”.

Como se recuerda, a través de su subsidiaria en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest S.A.R.L., la firma brasileña Odebrecht S.A. presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En la solicitud de arbitraje realizada el 21 de enero y registrada por el organismo el martes 4 de febrero, la constructora plantea una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero del 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con Enagás y con Graña y Montero.