Aprueban investigación a Yesenia Ponce por audio sobre Chinecas

La Comisión de Ética del Congreso aprobó ─por mayoría─ abrir una investigación contra la parlamentaria de Fuerza Popular Yesenia Ponce por un audio en el que dice que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, obstaculizó el proyecto de irrigación Chinecas.

La decisión en el grupo investigador se tomó por mayoría. Solo el legislador de Alianza para el Progreso Ricardo Narváez se abstuvo.

Tal como se informó, en un audio difundido por el programa de TV ‘Cuarto Poder’, Yesenia Ponce acusó a la lideresa de Fuerza Popular de obstaculizar el proyecto Chinecas.

Según dijo Ponce, Keiko Fujimori le indicó que no presente una iniciativa legislativa a favor de este proyecto, debido a que iba a beneficiar al Ejecutivo.

Por esos hechos, Yesenia Ponce se disculpó públicamente con Keiko Fujimori y negó que sus declaraciones fueran verdad. Sin embargo, Fuerza Popular decidió suspenderla de sus derechos al interior de la bancada.

También se aprobó archivar un extremo de la denuncia que proponía investigar a los fujimoristas María Melgarejo y Carlos Domínguez.

─Sigue el suspenso─
Por otro lado, en la comisión también se postergó para la próxima semana otra de las denuncias que afronta Yesenia Ponce. Esta vez por presuntamente haber pagado S/10.000 a Daniel Soto, ex director de su colegio, para obtener un certificado de estudios.

La decisión de dio luego que el legislador aprista Mauricio Mulder criticó el informe de la secretaría técnica al calificarlo de “incompleto”. “No vaya a ser esta una táctica de dilatación para que el caso no se vea hasta marzo”, alertó el aprista en alusión al receso parlamentario que inicia el 15 de diciembre.

La queja surgió después que la portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, pidiera que se cite nuevamente a la directora de la UGEL para que pueda determinar la veracidad de lo estudios de la fujimorista Yesenia Ponce.

En el debate, Yonhy Lescano acusó que la secretaría técnica de la comisión “fuerza las cosas para eximir la culpabilidad de la legisladora Ponce”. “No se sustenta cómo es que determinan que no hay relación entre el pago y la congresista”.

Las críticas al informe del grupo liderado por el fujimorista Juan Carlos Gonzales fueron respaldadas por Wilbert Rozas, de Frente Amplio. “Hay una falsificación de documentos y supuestamente esos S/10 mil van para que no se diga nada, es poco creíble que el director ahora alegue que no sepa de dónde vino el dinero”, dijo Rozas.

Tanto Lescano como Wilbert Rozas insistieron en que la poca rigurosidad de la secretaría técnica refuerza la idea que se tiene sobre que las denuncias contra los miembros de Fuerza Popular “pasan por agua tibia”.

Gonzales, el titular de Ética, defendió su informe asegurando que los hechos denunciados son algo que se debe ver en el Ministerio Público.

Mientras que Milagros Salazar afirmó que “no existen elementos de juicio para investigar el caso”. “Seguimos a la espera que la directora de la UGEL nos envíe información, estamos atados de manos y no podemos hacerle el trabajo”, acotó la fujimorista.

Su colega Úsrsula Letona recordó que en sesiones pasadas las autoridades han acreditado ante la Comisión de Ética que la legisladora Yesenia Ponce sí realizó sus estudios. “Además, la congresista ya demostró que durante los días que se realizó el pago ella no estaba en Lima”, indicó.

Según el informe propuesto por la secretaría técnica, solo “se ha configurado la existencia de una duda razonable respecto de la responsabilidad de la congresista denunciada”.

Sin embargo, “en aplicación de los principios de presunción de inocencia”, la congresista Ponce Villarreal “no ha infringido el código y el reglamento, al no haberse podido determinar que sea la responsable directa o indirectamente del pago realizado”.

Como se sabe, según un informe periodístico Yesenia Ponce habría realizado un depósito de S/10.000, a través del padre de su “conocido” Nolberto Uceda, a favor del ex director del Colegio Particular Mariscal Toribio Luzuriaga para la entrega de documentos y certificados de estudios  falsos.

MÁS EN POLÍTICA: