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Dictan impedimento de salida del país a fiscales implicados en audios

Los fiscales Juan Canahualpa y Armando Mamani son vinculados a Walter Ríos, ex presidente de la CSJ del Callao que cumple prisión preventiva

Uno de los dos fiscales con impedimento de salida del país por sus vínculos con Walter Ríos y los audios que revelaron negociaciones para beneficiarlos. (Foto: Poder Judicial)

Juan Canahualpa Ugaz, uno de los dos fiscales con impedimento de salida del país por sus vínculos con Walter Ríos y los audios que revelaron presuntas negociaciones para beneficiarlos. (Foto: Poder Judicial)

Uno de los dos fiscales con impedimento de salida del país por sus vínculos con Walter Ríos y los audios que revelaron negociaciones para beneficiarlos. (Foto: Poder Judicial)

El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra dos fiscales vinculados al ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y que habrían sido beneficiados en sus procesos de nombramiento y ratificación.

El Juzgado Supremo de Instrucción, a cargo de Héctor Núñez Julca, dictó esta medida restrictiva contra los fiscales Juan Canahualpa Ugaz y Armando Mamani Hinojosa.

Según se puede escuchar en audios interceptados como parte de una investigación del Ministerio Público y difundidos en diversos medios de comunicación, los nombramientos de ambos fiscales por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se habrían concretado en medio de pagos y negociaciones.

En las conversaciones protagonizadas por Walter Ríos, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, y otros implicados en la presunta red de corrupción que involucra al CNM se escucha que ambos fiscales habrían pagado dinero para aprovechar los vínculos que tenía el detenido juez del Callao entre los consejeros a cambio de sus nombramientos.

En la misma audiencia, que terminó la noche de jueves, el juez supremo también determinó que los fiscales Juan Canahualpa y Armando Mamani queden suspendidos de sus funciones.

Con esta decisión, el Poder Judicial aprobó el pedido que hizo el fiscal supremo contencioso administrativo, Jesús Fernández Alarcón, quien consideró que había riesgo de que ambos entorpezcan las investigaciones y oculten pruebas.

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