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Entre la avaricia y la desidia, por José Carlos Requena

“La minería solo aparece en el debate político cuando se la acusa de algo, lo que le ha acarreado una percepción negativa”

Toromocho

(Foto: Alessandro Currarino)

Alessandro Currarino

La hiperjudicializada agenda política nacional está dejando poco espacio para discutir temas de fondo, que tienen mucho que ver con la generación de recursos para alcanzar las reformas que el país necesita.
En ello tiene que ver no solo el ánimo del presidente Martín Vizcarra en el tema (63% de la población cree que el gobierno se centra solo en la lucha contra la corrupción, según Pulso Perú), sino también algo que Jaime de Althaus llama “avaricia política” (El Comercio, 18/1/2019).

Por ello, es saludable que El Comercio haya lanzado hace unos días el proyecto Perú 2050, que busca dotar al país de una hoja de ruta. No es el único esfuerzo en tal sentido. Pero bien vale la pena para relanzar la necesidad de una mirada de país que trascienda la lucha política coyuntural.

En tal discusión, debería tener un lugar privilegiado el quehacer productivo. Por ejemplo, ¿será la minería uno de los ejes del desarrollo de la economía peruana, insertada como está en la economía global? Vale la pena revisar estudios recientes del Foro Económico Mundial (WEF) o el Banco Mundial sobre este punto.
Ricardo Labó reseñó hace algunos meses el reporte “The Growing Role of Minerals for a Low Carbon Future” (Banco Mundial, 2018), resaltando “la importancia que tienen los minerales en la transición por la cual está pasando el mundo hacia el uso de energías amigables con el cambio climático”.

Labó hacía notar que la publicación “destaca la excelente posición y oportunidad para países de Latinoamérica, como el Perú, como proveedores de los principales minerales que se demandan para ello: cobre, hierro, plata, litio, aluminio, níquel, manganeso y zinc, entre otros” (“Semana económica”, 14/6/2018).

Pero la minería solo aparece en el debate político cuando se la acusa de algo, lo que le ha acarreado una percepción negativa. Un estudio del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), presentado en Perumin 2017, indicaba que solo el 17% de la población en el Perú está de acuerdo con la actividad minera. Una cifra que no se debe perder de vista ante los 49 proyectos mineros en cartera, valorizados por fuentes oficiales en US$58 mil millones (Marco Económico Multianual, 2019-2022).

Por desidia, presiones y desconocimiento de las autoridades, han quedado pendientes de desenlace o completamente paralizadas varias operaciones. En la lista figuran proyectos importantes que carecieron de soporte político y social (Conga y Tía María) y el ya olvidado (y muy rentable) Complejo Metalúrgico de La Oroya, que enfrenta complejos pasivos legales en el exterior que pueden terminar desincentivando la inversión en todo el país y que –inexplicablemente– el Estado se niega a mirar.

El país requiere un debate amplio y ponderado, en el que se discuta con seriedad y madurez cuáles son las tareas pendientes en torno a la minería y su relación con otras actividades generadoras de riqueza (el agro, el turismo, la construcción, etc.). Pero el debate se sigue postergando. ¿Habrá que esperar hasta el 2050?

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