Bancada de Fuerza Popular revisa anteproyecto de pedido de facultades y pide mejorar, reforzar o aclarar al menos ocho puntos: ¿Cuáles son?

De acuerdo con el análisis documentado en 54 páginas, al que accedió este Diario, se encontraron al menos ocho puntos en los que consideraron que el Ejecutivo deberá aclarar, precisar o establecer mejor los planteamientos. En otras palabras, reforzar la solicitud en la propuesta que prevén entregar al Parlamento Nacional.

Es importante mencionar que hasta este jueves, el Ejecutivo no había presentado oficialmente el pedido de facultades, pese a que se había adelantado que esta semana se iba a enviar al Congreso.

Cabe indicar que en el primer borrador del Ejecutivo se plantearon siete puntos para el pedido de facultades y una disposición complementaria. Entre ellos se encuentran las materias de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y fortalecimiento del sistema penitenciario y de reinserción social; promoción y protección de los emprendedores y las micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo y protección social; y simplificación administrativa, desregulación, eliminación de barreras burocráticas.

Asimismo, destacan las materias de desarrollo productivo e innovación; tributaria, aduanera y de facilitación del comercio; reforma estructural, organización y modernización del Estado; y una disposición complementaria referida al régimen especial para la emisión e implementación de normas.

Respecto de la primera observación en materia de seguridad ciudadana, el análisis la bancada fujimorista precisó que en el punto “legislar en el campo militar policial penal, procesal penal y ejecución penal”, se deberá actualizar y fortalecer el marco legal y que la nueva reforma que espera recibir el Parlamento deberá “optimizar los mecanismos de coordinación e intercambio de información” entre los policías y militares.

Asimismo, que deberán incorporar herramientas jurídicas adecuadas frente a las nuevas modalidades delictivas, permitiendo que el Estado atienda esta problemática con la celeridad que demanda la seguridad ciudadana y orden interno.

En cuanto al campo de promoción y protección de los emprendedores, el análisis de la propuesta de unificar y regular el marco legal de la actividad laboral concluyó lo siguiente:

“Se propone sustituir la división entre microempresa, pequeña empresa y régimen general por un marco único y progresivo, en el que los aportes a EsSalud y pensiones, así como la CTS, gratificaciones y participación en utilidades, aumenten de acuerdo con la remuneración o capacidad económica. La reforma deberá definir un piso mínimo de derechos, proteger los beneficios adquiridos y regular claramente la transición, para evitar que la progresividad se convierta en una reducción permanente de la protección”, reza el documento.

En cuanto a la modificación del régimen tributario, refirió que “el diseño deberá precisar la base imponible, evitar la fragmentación artificial de empresas, establecer mecanismos simples de declaración y demostrar que la reforma es compatible con los objetivos fiscales de recaudación”.

En esta misma materia, la bancada fujimorista opinó que se debe precisar la entidad administradora, los beneficiaros, los porcentajes de cobertura, en la propuesta de dictar medidas sobre la creación y regulación de instrumentos y créditos productivos para facilitar el acceso a financiamiento.

En cuanto al planteamiento de perfeccionar el régimen de extinción de contratos de trabajos por causas objetivas —sobre materia laboral y promoción del empleo—, la agrupación refiere que se debe “revisar el umbral mínimo vigente, desarrollar criterios técnicos para acreditar las causas invocadas” y “preservar el derecho de información y negociación, y la intervención de la autoridad laboral”.

Sobre el régimen legal de beneficios laborales, incluyendo vacaciones y horas extras, observó que “la reforma debe establecer límites y garantías claras para asegurar que los acuerdos sean voluntarios y no impliquen la renuncia o reducción indebida de derechos”.

Respecto del punto “aclarar legalmente el tratamiento indemnizatorio del cese por pérdida de confianza en el caso de trabajadores de dirección”, el análisis concluyó con lo siguiente:

“La reforma deberá determinar si corresponde una indemnización o un plazo de preaviso en el primer supuesto y garantizar el retorno al puesto de origen en el segundo, salvo que exista una causa justa de despido. Asimismo, deberá prevenir el uso abusivo de esta figura y reconocer la posición garantista de parte de la doctrina laboral”, precisó.

Sobre la regulación del otorgamiento de bonos de productividad y otros incentivos por desempeño, el grupo político explicó que la reforma del Ejecutivo “deberá precisar sus condiciones, criterios de cálculo, metas verificables y tratamiento legal sin utilizarse para sustituir remuneraciones ordinarias ni reducir los derechos laborales de los trabajadores”.

Sobre los feriados no laborales y reducir su número para fomentar la productividad, los asesores opinaron que “debe distinguirse entre los feriados nacionales y modificables mediante una norma, y los días no laborables o puentes que son declarados por decreto supremo”.

Explicó que cualquier revisión debería sustentarse en una evaluación empírica de sus efectos sobre la productividad, el turismo, el empleo y los costos empresariales, preservando los feriados de mayor arraigo histórico y social.

Consultado por El Comercio, Martin Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, director de IPOC Consultores, indicó que “la observación tributaria es la más honesta del documento porque reconoce que el numeral no individualiza los beneficios”.

“Eso es admitir que, tal como está, no cumple la Norma VII del Código Tributario. Si esa facultad pasa sin corrección, el Congreso estará entregando la caja fiscal sin saber cuánto cuesta esa medida, afirmó.

Agregó que “otra norma que veo con cierta inquietud es la de pedir facultades para regular la participación de las Fuerzas Armadas en penales. El mismo documento o comentarios reconoce que no existe un régimen jurídico específico, lo que supondría crear ese régimen por decreto legislativo”.

Sostuvo que “eso es precisamente el tipo de norma que suelen ir directo al Tribunal Constitucional. Quizá eso debe dejarse para el Congreso. Yo aún no lo tengo claro porque la crisis de inseguridad nos grita que es urgente hacer algo así porque podría demorar demasiado en el congreso.