Peligro de fuga y obstaculización: PJ amplía prisión preventiva de Betssy Chávez por caso golpe de Estado

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, podría huir y sustraerse del proceso penal que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, en caso quedara en libertad. Sobre todo, porque la etapa del juicio oral de este caso, que aún espera fecha de inicio, podría prolongarse por más de 12 meses.

Así lo señaló el jueves el Ministerio Público, a través de la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, quien solicitó al Poder Judicial (PJ) ampliar, por 18 meses adicionales, la prisión preventiva contra Chávez Chino.

Este viernes, se conoció la decisión del Poder Judicial de ampliar la prisión preventiva por 15 meses. El plazo de la medida se computará desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026.

En su resolución, el magistrado le da la razón a la fiscalía y precisó que, en este caso, subsisten el peligro de fuga y de obstaculización y, por ende, la posibilidad de que la acusada pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar el proceso.

Durante la audiencia, desarrollada la tarde de este jueves ante el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley; la fiscal explicó que la ampliación no solo está amparada en la norma, sino también es necesaria debido a la cantidad de actuaciones procesales que realizarán en el juicio oral.

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Como se recuerda, la exministra de Cultura ha sido acusada, junto al expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión. Y, en su contra, se han pedido 25 años de cárcel.

Chávez Chino se encuentra bajo prisión preventiva desde junio del 2023, cuando la Corte Suprema revocó la comparecencia que se le dictó y dispuso su internamiento en un penal por 18 meses.

El pasado 18 de diciembre, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó la prolongación de la prisión preventiva por otros 18 meses.

A la audiencia virtual no se presentó Chávez Chino, alegando estar “secuestrada” y tampoco asistieron sus abogados, quienes también presentaron un escrito en la misma línea que su patrocinada.

Ante ello, la defensa legal de la exministra fue asumida por la abogada Aurora Montenegro, de la defensa pública. Esta última, al inicio de la audiencia, solicitó al juez que ordene la libertad de Chávez Chino, alegando que la audiencia de prolongación de la prisión preventiva había sido convocada fuera del plazo de ley, por lo que debía prevalecer el derecho de libertad de su, ahora, defendida.

La fiscalía, a su turno, requirió que el pedido sea rechazado pues tanto la solicitud de ampliación de la medida, así como la convocatoria a la audiencia, fueron presentadas y emitidas, entre el 18 y 19 de diciembre, respectivamente. Es decir, dentro del plazo que otorga la ley.

El juez rechazó el pedido, indicando que no solo están dentro del plazo, sino que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le señaló que, debido a los feriados, la fecha más próxima para el traslado de Chávez Chino a la sala de audiencias, era este jueves.

“Lo pudimos hacer el mismo jueves (pasado), pero no había disposición del INPE para el traslado de la señora Chávez, con lo cual se declara infundado el pedido de la defensa para que se decrete la libertad de la señora Chávez Chino, por haber vencido el plazo”, indicó el juez.

Juez rechazó pedido de inhibición

Defensa de Betssy Chávez buscaba apartarlo del caso

Durante el inicio de la audiencia de prisión preventiva, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, informó que la defensa de la acusada Betssy Chávez, había interpuesto una denuncia penal en su contra, por el presunto delito de prevaricato.

Además, informó que la defensa de la acusada también le había puesto en conocimiento la interposición de un recurso de habeas corpus, por exceso de carcelería, que había sido presentado.

Finalmente, dio cuenta de un escrito presentado por los abogado de Chávez Chino, en el que solicitaban su “inhibición” del caso. Es decir, pidiendo que se aparte del caso como juez de investigación preparatoria.

Checkley Soria declaró “improcedente” el pedido de inhibición al señalar que la ley prevé algunos supuestos para que el juez se aparte, esto es que, el mismo magistrado considere que pueda existir un conflicto de interés directo o indirecto en el caso, una amistad notoria con las aportes, entre otros; pero además, lo rechazaba porque las partes no están facultadas para pedir la inhibición de un juez.

“En el presente caso no me encuentro en ninguno de los requisitos que establece el articulo 53 (del Código Procesal Penal), por lo que se considera improcedente la inhibición solicitada por la defensa, más aún cuando ya la Corte Suprema, en la Inhibición 5-2024, considera que las partes no están facultadas para pedir la inhibición”, explicó el juez.

Ya en el desarrollo del pedido de prolongación de la prisión preventiva por 18 meses, contra Betssy Chávez, la fiscalía sostuvo que su requerimiento se sustenta en “circunstancias que importen dificultad en el proceso” como el tiempo en que se prolongará la etapa del próximo juicio oral.

Ello, debido a que en el caso están comprendidos ocho co-acusados y una parte agraviada, sumado a los diferentes actos que puedan realizarse en el debate de juicio oral, la cantidad significativa de intervenciones de las partes procesales y la cantidad de pruebas, peritos y testigos para el examen y contra-examen, dispuestos en el auto de enjuiciamiento.

“Este proceso penal con ocho acusados se va a extender sustancialmente en el tiempo a diferencia de otros procesos con menos acusados (…) Hemos dejado constancia de siete procesos que dan cuenta de plazos de duración de juicio oral, de entre 5 meses a 12 meses; y a ello se debe agregar los recursos impugnatorios que seguramente serán presentados por las partes.”

Galinka Meza, fiscal suprema adjunta.

En esa línea, explicó que la “especial prolongación” del caso no solo se restringe a la duración del juzgamiento; sino que se extiende a todo lo que comprende la fase de apelación. Así, su despacho ha presentado algunos casos, como el juicio seguido contra el exprocurador Julio Galindo, con un solo acusado y un solo delito, que duró 18 meses. Igual situación en el caso del exjuez superior Jimmy García Ruiz y otros, que también duró 18 meses entre el juzgamiento y la fase de impugnación, entre otros casos.

La fiscal Meza también argumentó que persiste el peligro de fuga y obstaculización por parte de Chávez Chino, pues así lo ha señalado recientemente la Corte Suprema, que en setiembre del 2024, confirmó la resolución que rechazó el cese de la prisión preventiva de la exministra de Pedro Castillo.

“Que en atención a las circunstancias previstas y la razones de prolongación del proceso, siendo que la imputada Chávez Chino puede sustraerse de la acción de la justicia y perturbar la actividad probatoria; en mérito también a la gravedad del delito que se le imputa, siendo que la pena requerida por el despacho que represento es de 25 años de pena privativa de la libertad efectiva, y como lo ha establecido la Corte Suprema, que ese es un peligro subsistente y debe mantenerse; por tanto solicitamos prolongar la prisión preventiva por el plazo de 18 meses.”

Galinka Meza, fiscal suprema adjunta.

Por su parte, Luis Santiago Martínez, representante de la Procuraduría General del Estado, también solicitó que se amplíe la prisión preventiva contra la expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez.

El representante del Estado señaló que existe evidencia del peligro de fuga que existe sobre la acusada, al recordar que ya se ha validado el reporte de geolocalización del vehículo que transportaba a la exfuncionaria y la declaración de testigos, que señalan que luego del golpe de Estado, se dirigió hacia la embajada de México, y que luego cambió de ruta debido a la detención en flagrancia de Castillo. Todo ello, indicó, “refleja que hubo intención de fuga”.

Mientras que, sobre el peligro de obstaculización, también están las declaraciones de testigos que señalan que ordenó retirar documentos, carteras y celulares de la PCM para que se los entreguen; y que incluso, ocultó un celular, que luego trató de entregar de manera voluntaria, pero que se trataba de otro teléfono y no el original.

Santiago Martínez remarcó, además, que es necesaria la presencia de Chávez Chino, para asegurar el pago de una futura reparación civil y el resarcimiento del daño causado al Estado.

Recordó, en esa línea, que en su requerimiento de reparación civil que será oralizado en el juicio oral, se ha determinado millonarios gastos (alimentos, gastos logísticos y operacionales, etc) por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, debido al Golpe de Estado.

Así, precisó que la PNP realizó gastos por S/16 millones, el Ejército Peruano por S/5 millones, la Fuerza Aérea tuvo gastos por S/13 millones, mientras que la Marina de Guerra tuvo gastos por más de S/600 mil.

“Lo que el actor civil solicita es la prolongación de la prisión preventiva, toda vez que se ha generado un daño al Estado; y por tanto en el juicio oral va a solicitar el pago de una reparación civil. La prisión preventiva no solo es adecuada para los fines del proceso; sino también para el pago de una reparación a favor del Estado. Por ello, solicitamos la prolongación de 18 meses.”

Luis Santiago Martinez, adjunto de la Procuraduría General del Estado

Aurora Montenegro Pierri, abogada de oficio de Betssy Chávez, solicitó al juez Juan Carlos Checkley, declarar “infundado” el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra la exministra de Pedro Castillo.

La abogada rechazó los argumentos de la fiscalía al señalar que los plazos especiales que se necesitarán para el juicio oral, no pueden ser atribuidos al comportamiento de su patrocinada, ya que este aspecto corresponde al Poder Judicial.

“Es decir, ya está culminado el control de acusación, ya está para iniciar el juicio oral, en este sentido las responsabilidades son individuales, no tiene que asumirse por la cantidad, pericia, o testigo ya que es una cuestión en futuro, cómo serán las audiencias y con qué continuidad”, anotó.

Remarcó que no se ha registrado algún intento de fuga por parte de su patrocinada del penal donde se encuentra recluida, por tanto, el cese de prisión preventiva no puede verse como un peligro. Además, que su presunta intención de fuga, tras el golpe de Estado, es “una suposición”.

Alegó que tampoco puede continuar privada de su libertad bajo el argumento de la cantidad de coacusados en el caso o que, dentro de los 18 meses de la primera orden de prisión preventiva, el caso no haya culminado.

“Sobre la obstaculización, en la suposición de que hubiera existido, la Corte Suprema ha señalado que no entregar algo es parte del derecho de defensa. Sin embargo, ¿Qué obstaculización puede tener una persona que no ejerce ningún tipo de poder?, cuando ya existe otro gobierno y estamos en otra etapa de país; por tanto ese peligro se desvanece.”

Aurora Montenegro, abogada de oficio de Betssy Chávez

Por ello, solicitó que se rechace la prisión preventiva adicional y por el contrario, se dicten otras medidas como comparecencia o impedimento de salida del país junto a otras medidas cautelares, que tienen la misma finalidad para someter al proceso a un investigado.