Falsa y engañosa: la narrativa con que México defiende a Betssy Chávez, Pedro Castillo y a su golpe de Estado

El gobierno de México apeló a una serie de afirmaciones que van desde falsas hasta engañosas para justificar el asilo político otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, en medio del tramo final de juicio por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, en el que se la acusa junto al expresidente. Además, aseguraron que la solicitud se tramitó en el lapso de una semana y confirmaron que también quisieron darle refugio al expresidente golpista, quien fue detenido cuando iba rumbo a su embajada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refirió al asilo de Betssy Chávez este martes, durante una de sus habituales conferencias de prensa matutinas, conocidas en su país como ‘mañaneras’.

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Junto a ella estuvieron tres funcionarios de su Secretaría de Relaciones Exteriores, equivalente en el Perú a la Cancillería: Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte; Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe de México; y Pablo Monroy, director general para América Latina y embajador mexicano en el Perú durante los hechos del 7 de diciembre del 2022.

Las afirmaciones en torno al tema se centraron, más que en el caso personal de la exjefa del gabinete, en la postura del gobierno mexicano sobre el golpe de Pedro Castillo y su posterior detención y destitución. “Fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo, que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo”, dijo Claudia Sheinbaum, quien poco después se refirió, erradamente, a Betssy Chávez como una excanciller.

La presidenta y sus funcionarios diplomáticos evadieron mencionar que la detención fue por la presunta comisión en flagrancia del delito de rebelión, medida que luego fue validada por hasta seis jueces del máximo nivel de la justicia peruana: la Corte Suprema (uno en primera instancia y cinco en segunda). También fue validada luego por el Tribunal Constitucional ante recursos promovidos por la defensa legal de Pedro Castillo.

Además, obviaron referirse a la inconstitucionalidad de lo que buscó Pedro Castillo aquel día: cerrar el Congreso sin amparo de la Constitución, intervenir todas las instituciones del sistema de justicia y establecer un gobierno por decreto con apoyo de la Policía, las Fuerzas Armadas y otras organizaciones. Ante el estrepitoso fracaso de su aventura golpista, el expresidente intentó huir hacia la embajada de México.

De las declaraciones brindadas por exministros en el juicio de Pedro Castillo, entre ellos su exjefe del gabinete Aníbal Torres y su exministro Alejandro Salas, se desprende que la justificación que les dio el expresidente sobre su mensaje golpista fue que el Congreso tenía los votos para vacarlo. Es decir, fue un anuncio inconstitucional para evitar que lo destituyan mediante un procedimiento que, si bien puede ser polémico, está regulado y avalado por la Constitución.

El gobierno mexicano tampoco se refirió a las graves acusaciones de corrupción que involucraron a la gestión de Pedro Castillo en sectores que fueron desde la Policía y las Fuerzas Armadas hasta los ministerios de Construcción y Vivienda. Poco antes del golpe, un importante exasesor de este último sector, Salatiel Marrufo, reveló un presunto esquema de pago de sobornos que llegó hasta el expresidente y su familia con dinero entregado por la empresaria Sada Goray. Esta última también admitió haber dado dinero a funcionarios de la gestión castillista.

Al respecto, desde entonces, la defensa del golpista ha intentado sostener que nunca buscaron asilo en México, sino que Pedro Castillo iba a la embajada solo para llevar allí a su familia. Esta versión ha sido sostenida incluso por su actual abogado en el juicio por el golpe de estado. No obstante, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó en el 2022 que Pedro Castillo los contactó ese día para el asilo y que iba a dárselo.

En la conferencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum reconfirmó esa versión. “Conseguimos brindar protección a la familia de Pedro Castillo, ya que no fue posible brindarle asilo a él. No logró llegar a la embajada”, dijo este martes el entonces embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, actual director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Pablo Monroy también sostuvo que el gobierno de Pedro Castillo fue víctima de constantes “acosos” y “asedios” y que “se le llegó a acusar de traición a la patria” por una declaración a favor de consultar en un referéndum la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia. Es cierto que el congresista Jorge Montoya presentó una denuncia por ese motivo, que luego fue admitida y tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Sin embargo, los funcionarios mexicanos obviaron decir que, dentro del sistema de justicia peruano, el Tribunal Constitucional admitió una demanda de la defensa de Pedro Castillo para frenar ese proceso, lo cual fue acatado por el Congreso. Esto ocurrió solo días antes del mensaje golpista, mediante el cual Pedro Castillo intentó intervenir ese mismo TC.

Monroy también cuestionó que Pedro Castillo haya sido sometido a tres intentos de destitución, en relación a las vacancias promovidas desde el Congreso. Sin embargo, no dijo que esto fue mediante una figura regulada por la Constitución y que, hasta antes del mensaje golpista, no pudieron prosperar porque la oposición no lograba llegar a los 87 votos requeridos.

Las dos primeras mociones de vacancia contra Pedro Castillo no reunieron ni siquiera los 66 votos para ser admitidas a debate y que el entonces presidente sea citado al pleno del Congreso. Recién la tercera superó esa valla y motivó que se le cite para defenderse ese mismo 7 de diciembre. Dado el mensaje golpista y su posterior fracaso, ello no se concretó.

La sucesora de Pedro Castillo, Dina Boluarte, fue objeto de hasta siete mociones de vacancia que no tuvieron éxito ni tampoco llegaron a ser admitidas por el Congreso. Recién la última, que resultó en su destitución el pasado 10 de octubre, logró superar esa valla.

En cuanto a lo ocurrido aquel 7 de diciembre, Monroy redujo lo hecho por Pedro Castillo a anunciar que “disolvería el Congreso para que se eligiera a otro y por ello es que fue detenido”. El embajador evitó decir que ello estaba prohibido por la Constitución y que también anunció la intervención de todo el sistema de justicia y la instalación de un gobierno por decreto. En el juicio por el golpe, además, distintos testigos coincidieron en que dio luego una orden directa al alto manda policial para impedir el funcionamiento del Congreso y detener a la fiscal de la Nación.

“El Congreso lo destituye como presidente sin que se reunieran los votos necesarios para hacerlo. Le retira el fuero constitucional en violación de su propio reglamento y saltándose procedimientos”, añadió Monroy. Nuevamente, se evitó decir que sí se llegó a los 87 votos. Si bien hubo una polémica en torno a que en realidad debieron ser 104 votos como mínimo, tanto la Corte Suprema como el TC se han pronunciado al respecto y han validado la legalidad de la vacancia de Pedro Castillo.

El funcionario mexicano también sostuvo que “el Poder judicial le decretó una prisión preventiva mientras lo investigaba por rebelión. Esta prisión preventiva dura dos 2 años y medio, todo ese tiempo estuvo en prisión sin que se iniciara un juicio en su contra”.

Con ello, dio a entender que el mismo Poder Judicial que lo envió a prisión preventiva dirigió la investigación, cuando esta fue hecha por el Ministerio Público. Además, evitó decir que esa medida puede aplicarse regularmente antes de que un caso ingrese a fase de juicio. En este caso, la medida alcanzó toda la investigación, el control de acusación y está por abarcar todo el juicio, ya que expirará en diciembre y la sentencia se prevé para antes.

Respecto al juicio iniciado en marzo pasado, refirió que es por rebelión, el cual “parece ser un delito que nunca se ha cometido, conforme a la legislación penal peruana”. Al margen de la opinión del diplomático, la comisión o no de ese delito u otros se definirá en la sentencia del caso.

“Los procedimientos legales (de Pedro Castillo) están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos. El caso de Betssy Chávez está totalmente conectado y es muy similar. También se le acusa por rebelión y se le suman otros delitos, como conspiración para rebelión, que no se ajustan necesariamente a lo que pasó. También los procedimientos legales contra de ella han estado llenos de irregularidades”, añadió luego Monroy.

Monroy no especificó las supuestas irregularidades, solo que “ella ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado de que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional, en tanto se concluye el juicio”.

A su turno, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, refirió que Betssy Chávez “ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política”. Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, también comentó que “toda persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas, puede solicitar asilo político a México”

La salida de prisión de Betssy Chávez, en realidad, fue ordenada por el TC al advertirse un error en el trámite de la ampliación de su prisión preventiva: la fiscalía la solicitó poco antes del vencimiento de la orden original y, en consecuencia, el Poder Judicial la resolvió luego de ese plazo original. Tampoco hubo evidencia de una “persecución política”: la exministra es acusada por su presunto rol en el golpe de Estado, no por sus posiciones ideológicas o políticas.

Así, la libertad de Betssy Chávez -aprovechada luego para pedir el asilo- no se debió a los supuestos abusos durante su prisión preventiva, sino a esa actuación de la fiscalía y el Poder Judicial. Ese fue el único defecto advertido durante el proceso judicial a Betssy Chávez, el cual fue advertido y corregido por el TC. En lo referido al trámite de levantamiento de su inmunidad como exministra y a su orden de prisión preventiva original, no hubo irregularidad advertida o demostrada.

Sobre el cierre de la conferencia, un periodista preguntó a Pablo Monroy cuánto tiempo tomó el trámite del asilo requerido por Betssy Chávez. El funcionario respondió que se hizo durante una semana. Es decir, mientras la exministra se ausentaba de las audiencias gracias a un descanso médico y sus abogados decían no tener contacto con ella, fue tramitando su refugio en la embajada mexicana. En todo ese tiempo, la fiscalía, la policía ni el propio Poder Judicial no advirtieron lo ocurrido.