(Foto: AFP)
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Cecilia Valenzuela

A fines del 2000, cuando el gobierno de Fujimori se derrumbó, la procuraduría y la fiscalía anticorrupción ordenaron capturas y prisiones preventivas con muy pocas pruebas a la mano. Más adelante, durante los procesos, la carga probatoria se fue acumulando y los otrora poderosos funcionarios que habían incurrido en delitos fueron sentenciados; todavía algunos de ellos pagan sus penas en la cárcel. El objetivo de esos arrestos era que los sospechosos no se fugaran, y ese objetivo, en la mayoría de los casos, se cumplió.

En estos días, la todopoderosa pareja Humala-Heredia acata una orden de prisión preventiva que conquistó a pulso, a punta de artimañas y mentiras mientras enfrentaba una de las varias investigaciones penales que recae sobre ella, la que la investiga por lavado de activos y tráfico de influencias. Otra será su situación cuando las pruebas contra el ‘Capitán Carlos’ terminen de aparecer.

Pero esta vez, los mismos que alentaron las prisiones preventivas del 2000 y el 2001 acusan de abusivo al juez que ordenó la medida, y sostienen que lo que hicieron Humala y Heredia, al ingresar al país, clandestinamente, millones de dólares mal habidos por partidos políticos extranjeros, no es delito.

¿Por qué? ¿Porque el dinero vino del chavismo y del Partido de los Trabajadores? ¿Y si ese dinero hubiera provenido de un partido neonazi o del Hezbolá?

Después de la Segunda Guerra Mundial, ningún país civilizado aceptó que un partido político extranjero financie un partido local; la experiencia del nacionalismo alemán, liderado por Adolf Hitler, hizo reflexionar a los legisladores de mediados del siglo XX.

En el Perú, ningún partido político extranjero puede financiar un partido político nacional. La Constitución, en el título I, capítulo III, artículo 31, inciso c, del libro de los Derechos Políticos y de los Deberes, prohíbe, expresamente, que un candidato reciba donaciones directas, de algún tipo, de un partido político o de una agencia de gobierno extranjeros; y dice que los aportes no declarados por los partidos se presumen de fuente prohibida.

La precaución extrema que solicitó el fiscal Germán Juárez y que hizo suya el juez Richard Concepción buscó evitar que Humala y Heredia se fugaran y se burlaran de la justicia peruana, como lo hicieron Toledo y Karp.

¿Por qué a un magistrado debería temblarle la mano cuando se trata de un ex presidente? Al contrario, mientras más alto llega un funcionario, mayor es su responsabilidad y su deber de dar el ejemplo. Un ex presidente debe ser juzgado con mayor severidad que un ciudadano común: quien tuvo más, responde por más.

Los recursos económicos que manejan Humala y Heredia y los contactos internacionales que labraron mientras estuvieron en el poder pesaron, seguramente, en la decisión del juez; personas con esas herramientas presentan más riesgo de fuga que las que no las tienen. Pero igual debió pesar el cúmulo de pruebas que alimentan los expedientes de las otras investigaciones que la pareja enfrenta y en las que abundan testigos que los incriminan.

Pedraza, abogado de Heredia, sostiene que su patrocinada no tiene intención de dejar el país y que lo ha dicho repetidamente; pero a su vez responde airado cuando se le pregunta por qué mintió ella, repetidamente, sobre las agendas, y dice: “Mi defendida tiene el derecho de no autoincriminarse”. Muy bien, si ella tiene el derecho de mentir para no autoincriminarse, el juez tiene el deber de no ser ingenuo y no creer en lo que dice la mentirosa.

Los abogados de la pareja apelaron ayer ante la Sala Penal Nacional; quieren que la decisión del juez Concepción sea anulada. Lo hicieron escoltados por artículos, comunicados y declaraciones de quienes trabajaron o recibieron dádivas de la ex pareja presidencial.

Los magistrados que tienen en sus manos la apelación deberían revisar las medidas de prisión preventiva ordenadas por las autoridades anticorrupción de los años 2000 y 2001. Si entonces hubieran sido benevolentes, la impunidad se hubiera impuesto, como se imponía siempre en nuestro frágil sistema judicial y político.

Recordemos que esos jueces tuvieron que mandar a prisión a la fiscal de la Nación, a más de un magistrado supremo y a varios generales de entonces. El juez Concepción no solo es valiente, está recuperando una laya de jueces que en los últimos años entraron en peligro de extinción.

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