En Arequipa se realiza la convención minera conocida como Perumin. Se discuten, en foros abiertos, los problemas que enfrentan las operaciones mineras en el Perú. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)
En Arequipa se realiza la convención minera conocida como Perumin. Se discuten, en foros abiertos, los problemas que enfrentan las operaciones mineras en el Perú. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)
Cecilia Valenzuela

En este momento se realiza en Arequipa la convención minera conocida como Perumin. Desde ayer se discuten, en foros abiertos, los problemas que enfrentan las operaciones mineras en el Perú.

La formal es presente y futuro. Genera empleo directo e indirecto para miles de personas de las zonas donde se desarrolla, paga impuestos que permiten aumentar los sueldos de los trabajadores del Estado e invertir en escuelas y postas médicas, recauda canon y regalías, hace crecer el PBI, hereda a las regiones donde se construyen campamentos mineros infraestructura calificada: en los alrededores de las minas se edifican represas de agua, carreteras, puentes. Genera industria metalmecánica, empresas de servicios, abre campo a la tecnología y a la innovación, e impulsa a profesionales de altísimo nivel.

Una gran parte de la población así lo entiende. La última encuesta de Ipsos para El Comercio confirma que el 87% de la opinión pública identifica a la minería como una de las actividades económicas más importantes del país; y lo más relevante es que un 79% piensa que sí es conveniente que en el Perú se desarrollen grandes proyectos mineros. Entonces, ¿por qué muchas personas que viven cerca de los grandes proyectos no se sienten parte del sector que se beneficia? ¿Porque desconfían de la actividad minera o de las empresas a cargo de las operaciones?

Buena parte de los activistas por el medio ambiente, de los dirigentes de partidos de izquierda, de periodistas politizados han desviado su compromiso con la vigilancia ambiental y las buenas prácticas industriales, y han alimentado, desde que comenzó el siglo, una campaña denostativa y destructiva de la actividad. Y aunque pasan los años, el Estado ha permanecido impávido, sin hacer bien su labor pedagógica a favor de la industria minera. Ni los gobernadores ni los alcaldes reconocen frente a la gente la cantidad de obras rurales posibles gracias al canon minero; nunca han dicho en voz alta, por ejemplo, que la agricultura, según los pesticidas que se usen, puede contaminar más que la minería. O que regar una hectárea de arroz necesita 14.000 cm3 de agua más que una de quinua.

Es cierto que la población tampoco confía en el Estado ni en sus autoridades. En todos los niveles el descrédito crece conforme se ratifican los actos de corrupción de cada gestión, pero la actitud medrosa que estos funcionarios muestran frente a los activistas antimineros ha permitido que se organice a la población de las zonas aledañas a los yacimientos para que niegue la licencia social a nuevas megainversiones. Los sucesivos gobiernos promueven la minería, pero siempre en Lima y desde Lima, y los resultados son cada vez menos favorables para la industria y más alentadores para los que se dedican a bloquear y retrasar las inversiones.

Cuando Ipsos preguntó: ¿cree que la minería contribuye al desarrollo del país?, el 84% respondió que sí. Y cuando pregunta por los beneficios que brinda, el 50% señala que genera empleos directos, y el 42%, que contribuye con sus impuestos al país.

Los peruanos saben que la minería es un motor fundamental en la ruta contra la pobreza, pero los que viven en las zonas rurales no la quieren en sus valles ni cerca de sus chacras porque no confían en la modernidad, que ahora garantiza una minería mucho más limpia y menos contaminante; ni en los organismos supervisores del Estado, en los que los profesionales competentes cumplen su labor.

Cuando comenzó el ‘boom’ de la minería, el Estado le dejó la cancha libre a la prédica contraria. Si el gobierno quiere realmente mejorar los sueldos de maestros, policías y médicos, tendrá que dejar atrás la apatía y hacer labor formativa a favor de la minería hasta retomar el liderazgo. Pero la sociedad no puede permanecer indolente. Para ganar credibilidad y confianza entre la población, la industria minera formal necesita un respaldo cabal de universidades, prensa y colegios profesionales. Si la sociedad se involucra, si actúa como mediadora, nuestro país tendrá la oportunidad de aprovechar el ‘miniboom’ de la minería garantizando desarrollo e inversiones sostenibles. Garantizando futuro.

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