Juez Concepción
Juez Concepción
Redacción EC

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional declaró fundado el pedido de incorporación como tercero civil responsable de las empresas Intersur Concesiones, , Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, en la investigación por lavado de activos sobre la presunta concesión ilícita del tramo 4 de la carretera Inteoceánica Sur.

De esta forma, el magistrado admitió la solicitud planteada por la Procuraduría Ad Hoc del Caso Odebrecht. En audiencia pública también escuchó a la defensa legal de las referidas compañías. 

Con esta decisión, se busca que las empresas brasileñas asuman una responsabilidad en el pago de la reparación civil por los daños ocasionados al Estado peruano.

Concepción Carhuancho precisó en su resolución que la extensión de la responsabilidad "también les alcanza por la lógica del beneficio" a las empresas que conforman el consorcio que ganó la licitación del tramo 4 de la carretera Interoceánica. 

Además, el magistrado señaló que Marcos de Moura Wanderley, investigado por la fiscalía y ex representante de Camargo Correa, habría actuado en nombre no solo del consorcio, sino de las tres empresas que lo integran, "al gestionar el presunto pago de coimas" para adjudicarse el tramo 4. 

"[Moura] estaría adscrito dentro de la estructura de la empresa no solo de camargo correa, sino del consorcio. Además lo habría hecho en el ejercicio de su cargo. Con lo cual se cumpliría los presupuestos exigidios dentro de responsabilidad vicaria", dijo el juez. 

La Procuraduría señaló que las tres empresas brasileñas se consorciaron como Intersur Concesiones para obtener la licitación durante el gobierno de prófugo ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) con coimas consensuadas entre los directivos. 

Como elementos de convicción, la Procuraduría argumentó sobre la existencia de correos electrónicos incautados al director de Intersur, Marcos de Moura Wanderley, que hacen referencia a los presuntos sobornos, así como depósitos en cuentas de Josef Maiman Rapaport desde una offshore vinculada a las referidas compañías brasileñas.

"Si presuntamente se han beneficiado con actos ilícitos también deben asumir la responsabilidad civil", indicó el juez Concepción. 

La defensa consideró que la Procuraduría Ad Hoc carecía de legitimidad para plantear la incorporación. Además, negaron la existencia de los correos electrónicos basándose en una supuesta pericia solicitada por las propias empresas investigadas. Estos argumentos fueron desestimados por el juzgado.

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