El ministro Basombrío está en el cargo desde que se inició el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Alessandro Currarino)
Jaime de Althaus

El ministro del Interior, , explica la actualidad y los problemas en su sector, como la reducción del número de policías o la lucha contra el crimen organizado.

— He estado revisando las cifras de victimización del INEI y observo una mejora notoria en lo que se refiere a vigilancia en la zona o barrio, pero esto no se refleja aún en una reducción apreciable de los indicadores de victimización. ¿Cómo se explica?
La victimización viene bajando lentamente, pero nota que mucha de la victimización no se da en el barrio donde se ha incrementado la vigilancia, sino en las zonas de alto tránsito, en el Centro de Lima o en las grandes avenidas. Tengo la expectativa de que eso mejore con los 900 patrulleros de Mi Barrio para Lima y Callao, para lo que ya se dio la buena pro, con lo cual vamos a poder cubrir un poco más la ciudad.

— Se suponía que el plan de bloqueo de celulares robados iba a impactar en la reducción de la victimización, pero no ocurre…
Algo ha bajado, de 14,6% a 13,5%, pero es poco. El resultado de eso todavía no se está sintiendo. Tenemos planificado bloquear hasta fines de diciembre tres millones y medio más de celulares y estamos avanzando a una tecnología que nos permita separar el tiempo del bloqueo del tiempo de la adquisición ilegal en un máximo de 48 horas. Ahora es dos meses.

— ¿Y por qué se demora tanto?
Porque la tecnología para hacerlo está en construcción. Y el problema es que la cooperación de las operadoras es, digamos, de baja intensidad: no colaboran menos porque no se puede. Nos entregan informes recurrentemente equivocados, que no cuadran.

— ¿Las comisarías de Lima tienen mapa del delito digital?
Sí, desde hace poco. El sistema Sispol recibe denuncias en línea, y eso te permite armar un mapa de calor, lugares donde se concentran las denuncias. Ya se acabó el sistema de las ‘tachuelitas’ en el mapa. Y sirve para fijar las rutas de los patrulleros, que ahora monitoreamos. Hemos georreferenciado todos los vehículos que tienen las unidades policiales de Lima y Callao, también a escala nacional. Puedes ver dónde está cada patrullero y cuál es su recorrido, o si está parado o no. Todas las semanas publicamos un ránking georreferenciado de las comisarías que más patrullan. En la última semana, el promedio por patrullero de las cinco primeras comisarías está por encima de mil kilómetros a la semana que, para los estándares de la historia del patrullaje policial en el Perú, es asombrosamente alto. Recuerda que los vehículos estaban parados…

— Pero he visto que hay comisarías que tienen 100 o 200 kilómetros. ¿Cómo se explica tamaña diferencia?
La explicación es sencilla: muy buenos, buenos, regulares y malos comisarios. Hay comisarios que producen extraordinariamente bien, están atentos a todo el sistema…

— Si ya saben cuáles son los malos comisarios, habría que cambiarlos.
Ya estamos a fin de año. Falta un mes para hacer esos cambios ordenadamente y reconocer el trabajo de los buenos comisarios.

— Ahora que se dispone del mapa del delito digital, sería el momento de activar realmente los comités de seguridad distritales, que tienen que producir un plan de seguridad…
De nuevo, hay comités que funcionan extraordinariamente bien –el alcalde de Miraflores los reúne todos los viernes y ya está en su sesión 500, creo, y hay otros–, pero hay otros alcaldes que se dedican menos al tema. El liderazgo de un buen alcalde hace maravillas. Pero muchos comités todavía son muy formalistas. Se reúnen pero no hay nada real.

— Han lanzado Barrio Seguro para intervenir de manera multisectorial en los lugares más peligrosos. ¿Cómo funciona esto?
Aproximadamente en cien distritos del Perú se produce el 80% de los hechos delictivos. Y dentro de cada distrito hay ciertos barrios con más delincuencia. Hemos cruzado eso con la tasa de homicidios y lugar de procedencia de presos en las cárceles, y de allí salen los 120 barrios más inseguros del Perú, con aproximadamente 20 mil personas por barrio. Este año terminaremos de implementar 23 Barrio Seguro y debemos llegar a 50 para fines del 2018. Es una estrategia de redoblamiento de la presencia policial, tanto de la lucha contra el crimen organizado como en policía [de] proximidad o policía comunitaria, que se relaciona con las juntas vecinales, etc., acompañada por una alianza con los programas sociales del Estado, como los de empleo juvenil, centros de protección a la mujer, becas [de] segunda oportunidad para las escuelas y así. Algunas universidades se suman con su proyección social. Invitamos a la empresa privada para que adopte algunos barrios dentro de su propia responsabilidad social empresarial.

— ¿Se aprovecha eso para desarrollar inteligencia comunitaria?
Hay cosas que se pueden saber a partir de la inteligencia comunitaria: dónde venden droga, qué bar se convierte en prostíbulo a las dos de la mañana, pero hay otras cosas que corresponden a la inteligencia policial porque ocurren bajo la superficie. Con ayuda del BID estamos capacitando a 800 agentes de inteligencia de la Dirin, principalmente para Barrio Seguro. Y hemos logrado un apoyo importante para comprar instrumentos para las orquestas juveniles y para programas productivos. En setiembre del 2018 se debe tener los resultados de la evaluación de los tres primeros Barrio Seguro que salieron en Trujillo, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, que, al ojo, tienen ya una mejoría visible.

— Esto es prevención, pero en lo que se falla clamorosamente es en la sanción. A los delincuentes menores que son capturados, los sueltan. No hay atención primaria de la justicia penal; es decir, juntar en un solo local policía, fiscal, juez y una carceleta para castigar por días o semanas…
Coincido plenamente contigo en que ese concepto, de que es más de cuatro años de cárcel o nada, es profundamente errado. Pero no está en las leyes. Hasta donde yo tengo entendido, es decisión nada más.

— El juez puede condenar a dos días, pero no lo hace porque no hay carceletas locales, distritales…
Pero, por ejemplo, si una mujer policía es agredida en la calle violentamente, como ha ocurrido tantas veces, se podría condenar al agresor a tres meses de prisión, y va a una prisión para primarios. Pero no ocurre.

— Mejor es tener centros de detención locales, descentralizados…
Coincido contigo, pero eso no hay en el esquema judicial en el Perú, no existe todavía.

— El fiscal no pidió la ampliación para ‘Pato Ciego’…
El fiscal no la pidió, de acuerdo, pero una llamadita del juez y le dice: ¿Vas a dejar suelto a este hampón? Y la otra, como no me lo pidió el fiscal, ya no pasa nada, no pues. El juez es parte de una sociedad y no somos compartimentos estancos.

— ¿Cómo va el tema de la depuración del cuerpo policial, de la policía?
Tengo una acusación constitucional al respecto, que sigue prosperando. Es porque supuestamente no se evaluó a quienes debían irse, y sí lo hicimos [muestra documentos]. Mira, me hubieran llamado por teléfono y les mostraba el acta de evaluación individual, oficial por oficial, y nos hubiéramos ahorrado todo este tema. Ese es el nivel de frivolidad de las cosas que ocurren en nuestro país por algo que se hizo dentro de la ley para solucionar una violación de la ley de Humala. La ley anterior preveía 52 generales. En el 2015, los subieron a 64. Y en el 2016, a 84. Lo que nosotros hicimos fue regresar el número a lo que la ley indicaba. Tengo una acusación constitucional por eso. Entonces, si tú me preguntas por depuración, es muy difícil.

— Pero cuando hablamos de depuración estamos hablando no de 39, sino de una cantidad mucho mayor, entre oficiales y suboficiales…
No, olvídate, no hay ningún marco legal para eso. Tú te estás refiriendo a la experiencia colombiana en la que el Congreso apoyó un proceso de depuración en la policía colombiana que ha sido tan exitoso. Esto está prohibido. Ni siquiera para ajustar cuadros se puede hacer la extraordinaria porque ya fue eliminada también.

— ¿Los jueces siguen reponiendo policías?
Los jueces nos reponen, desde hace 15 años, a un 30% de los que salen. Todos los días firmo resoluciones de reposición de todos los años habidos y por haber.

— ¿Cuántos han sido repuestos en el último año?
169.

— ¿Pero por qué no se buscó un acuerdo político sobre ese tema, como ocurrió en Colombia?
Desde el primer día planteamos claramente nuestro compromiso de trabajar juntos por estos temas.

— Entonces, no vamos a tener depuración de la policía, salida de los elementos que no son idóneos o no son honestos.
No bajo la manera en que se pudo hacer en Colombia. Solo con procesos individuales, que hay que documentar cada caso y enviarlos al Poder Judicial, y a cada rato se hace. Pero los mecanismos que ya existían han sido recortados.

— Sin embargo, para luchar contra el crimen organizado, para manejar bien una comisaría sin corrupción, se necesitan policías íntegros.
Hemos apostado por unidades muy bien seleccionadas, con mucha convicción, muy profesionales, con alta tecnología, con riesgo casi cero de filtración. Hasta ahora ha habido 95 operaciones contra el crimen organizado, que son trabajos de seis meses cada uno, y hemos tenido cero filtraciones.

— Hay azucareras como Tumán, donde las mafias se disputan la administración con la ayuda de medidas cautelares conseguidas en jurisdicciones ajenas para apropiarse de la administración…
Estamos hablando de sucesivas y sucesivas decisiones judiciales sobre las cuales hay 15 muertos, no [en] este gobierno afortunadamente. Son la administración del grupo A contra la administración del grupo B. La administración del grupo A consigue una decisión judicial que señala que ellos deben administrar, y el grupo B consigue otra decisión que dice que ellos deben administrar; y las dos están vigentes. Y las dos conminan a la policía a actuar para colocarlos a ellos.

— ¿En estas megaoperaciones con frecuencia se detiene a policías vinculados a las organizaciones criminales?
Hemos detenido a más de 80 policías en las megaoperaciones.

— Pero nunca se detiene ni a fiscales ni a jueces que se sabe que también están vinculados.
Bueno, hay disposiciones legales que no lo permiten. Ellos tienen un procedimiento diferente. La policía no lo puede hacer. Ahora quiero decir que tenemos una magnífica relación de trabajo profesional entre las fiscalías contra el crimen organizado, y otras fiscalías, y la policía. Y también, que la mayor parte de las veces, los jueces nos dan los pedidos de detención preliminar.

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