Dina Boluarte y el Caso Cofre: Qué dice el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y por qué será enviado a la fiscalía

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), aprobó el informe que recomienda al Ministerio Público investigar a la mandataria Dina Boluarte por cuatro presuntos delitos a raíz del supuesto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como ‘cofre’.

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Los posibles delitos que el grupo le imputa a Boluarte son peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal.

El documento, de más de 2000 páginas, sugiere -además- que el pleno evalúe la destitución de la jefa de Estado por incapacidad moral permanente.

El grupo de trabajo dio luz verde a la propuesta con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención [ver cuadro]. El respaldo vino de parlamentarios de Podemos Perú, Renovación Popular, el Bloque Democrático, Honor y Democracia, Acción Popular y la Bancada Socialista. Rechazaron el informe legisladores de Perú Libre, cuyo líder está prófugo de la justicia y ha sido mencionado en el informe.

Tras culminar la sesión, Burgos indicó que el informe final sobre el Caso Cofre será remitido al Ministerio Público sin pasar por el pleno debido a que no cuentan con facultades de comisión investigadora.

“Nosotros no somos comisión investigadora porque el Congreso nos negó esa atribución, pero igual enviaremos todo a la Fiscalía como corresponde”, declaró.

Por parte del Gobierno, el ministro de Educación, Morgan Quero, rechazó “frontalmente esas suposiciones”. “Somos firmes en la defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho (...) Para nosotros no está en absoluto contemplada esa posibilidad de alguna vacancia en el horizonte”, enfatizó a la prensa.

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Los perulibristas Isaac Mita y Segundo Montalvo cuestionaron el informe al señalar que carece de sustento jurídico y criticaron que se haya mencionado a Cerrón en el documento.

“El informe carece de validez jurídica sustancial y responde a una estrategia de espectáculo político que a un ejercicio serio de fiscalización [...] No se han alcanzado estándares mínimos de rigurosidad probatoria”, dijo.

“El documento pretende generar escándalo sin base suficiente, instrumentalizando la figura de un líder político como el doctor Vladimir Cerrón para atacar a la oposición”, agregó.

Para Montalvo, el informe está basado en “subjetividades”. “Lo más cuestionable es que se pretende vincular al señor Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sin tener condición de funcionario o actividad en funciones”, aseveró.

Por su parte, Zeballos opinó que la información servirá al Ministerio Público para que fortalezca esta investigación. Asimismo, cuestionó que la comisión no haya tenido facultades investigadoras.

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El informe concluye que se puede afirmar “con alto grado de certeza” que Boluarte Zegarra utilizó “indebidamente” dos de los vehículos presidenciales los días 24 y 25 de febrero del 2024 para trasladarse a un exclusivo condominio en el sur de Lima. Ello pese a que no tenía actividades oficiales en su agenda, por lo cual no habría justificación para el uso de ambos vehículos, conocidos como ‘cofre’.

“Rompiendo la racionalidad para la utilidad y exclusividad de recursos del Estado en relación al funcionario asignado, otorgándole un carácter particular y banal”, subrayó.

Asimismo, menciona que, los audios atribuidos al exministro del Interior Juan José Santiváñez y el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, abren la posibilidad de que la fuga de Vladimir Cerrón se haya producido en uno de los automóviles presidenciales.

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El informe también dice que la mandataria ha reconocido su permanencia en un exclusivo condominio de Asia para participar de una reunión familiar con la familia Olazabal. El documento resalta que se trata del mismo lugar donde se realizó un operativo para capturar a Cerrón Rojas en enero del 2024.

El texto subraya que varios integrantes de esta familia viajaron a China como parte de la comitiva de Boluarte y han tenido contratos con el Estado. De otro lado, afirma que dicho inmueble de Sarapampa (Asia, Cañete) habría sido usado para reuniones clandestinas y acuerdos para obtención de beneficios económicos, tanto en el ámbito privado y público, comparable con los ocurrido en la casa de Sarratea, durante el régimen de Pedro Castillo.

Concluye, además, que hubo obstaculización del Poder Ejecutivo a las acciones de indagación para el ejercicio de las labores del control político. Y que ello queda en evidencia con la emisión de la Resolución N°000042-2024-DP/SG, del 17 de septiembre del 2024, que clasifica como reservada la información del Caso Cofre.

“Con la cual han tergiversado maliciosamente la aplicación retroactiva de la norma, que únicamente es de aplicación en ámbito penal y en beneficio del procesado, ello a efectos de poder ‘justificar’ el no otorgamiento de información sobre las actividades pasadas de la Presidente de la República”, indica.

Añade que otro indicio de obstrucción es la rotación del personal policial como es el caso de Félix Montalvo, chofer del ‘cofre’, y Ruth Ligarda, “sombra” de la mandataria. Ellos fueron trasladados al Ministerio de Defensa y la embajada del Perú en España, respectivamente.

En el documento también se señala que hubo obstrucción también provinieron desde ciertos sectores del Poder Legislativo, afectando la transparencia y la eficacia de las acciones de supervisión parlamentaria.

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Además concluye que la presidenta debería ser destituida del cargo por incapacidad moral permanente pues mostró una actitud soberbia y autoritaria al usar bienes del Estado de manera indiscriminada, como si fueran propios y sin tener en cuenta que estos están a su disposición, siempre y cuando estén relacionados a actos oficiales.

“Ante la exposición de la información encontrada, ha incurrido en múltiples faltas a la verdad, que en conjunto reflejaría una conducta reiterativa, dolosa y encubridora, faltando a su obligación de transparencia ante la Nación y faltarle a esta, ante el presunto aprovechamiento del cargo para intereses personales y de su entorno”, resalta.

“El cúmulo de estas mentiras, sumado a los actos de posible corrupción, represión desmedida y ocultamiento de la verdad, lo cual configuraría una clara situación de incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113.2° de la Constitución Política del Perú”, añade.

Por todo ello, la Comisión de Fiscalización recomienda que el Ministerio Público investigue a Boluarte por los presuntos delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal.

Además, que el pleno del Congreso evalúe la vacancia por posible incapacidad moral permanente. También piden que se les otorgue facultades de comisión investigadora para este caso. Cabe señalar que, anteriormente, ya lo pidieron por el Caso Cirugías.

Finalmente, aconsejan que se modifique el reglamento parlamentario para que la Comisión de Fiscalización cuente de manera permanente con facultades investigadoras.

Así votaron las bancadas:

Cabe resaltar que Héctor Ventura, Vivian Olivos (licencia), David Jiménez y Magaly Santisteban (licencia), parlamentarios de Fuerza Popular, no participaron en el debate ni en la votación. Tampoco estuvieron presentes los congresistas Héctor Valer, Elvis Vergara y Norma Yarrow.

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