El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó el jueves 18 meses de prisión preventiva contra dos investigados por el caso de la obra Costa Verde del Callao adjudicado a la empresa Odebrecht y en la que el principal implicado es el prófugo exgobernador Félix Moreno.
Dicha medida coercitiva fue impuesta a Antonio Palomino Peña, exgerente del Gobierno Regional del Callao, y Eber Ramírez Sánchez, exgerente de presupuesto de esa entidad. Ambos ya tienen sentencia condenatoria por otros procesos y se encuentra prófugos.
La fiscal del equipo especial Lava Jato, Geovana Mori, había solicitado el 26 de junio 36 meses de prisión preventiva contra Palomino y Rámirez y otros siete investigados. A todos ellos que han trabajado en el Gobierno Regional del Callao se les imputan los presuntos delitos de negociación incompatible, organización criminal y colusión agravada.
El juez Sánchez Balbuena desestimó el requerimiento de prisión preventiva para los otros siete. Dispuso para seis de ellos solo la medida de comparecencia con restricciones.
En el caso de Jorge Villarreal Ruiz se rechazó el pedido por considerarlo innecesario ya que está cumpliendo una sentencia de cinco años en el penal Sarita Colonia por otro proceso.
La orden de comparecencia restringida deberá ser cumplida por Ántero Millán Díaz, Nancy Suito Meza, Jorge Luis Avilés Astudillo, Víctor Suelpres Jerez, Roberto Sandoval Guzmán, Helberth Barrera Bardales y Jorge Villarreal Ruiz.
Ellos están impedido de salir del país, no pueden tener comunicación directa ni indirecta entre ellos ni con los testigos y deberán presentarse ante el despacho fiscal para firmar cada mes. Igualmente tendrán que pagar una caución de S/20 mil.
Sobre la decisión de dictar 18 meses de prisión preventiva y no 36 meses como pidió la fiscalía, el juez Sánchez Balbuena señaló en su resolución que ese plazo es razonable para que concluya la investigación preparatoria que ya lleva 18 meses.
La representante del Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación por no estar totalmente de acuerdo con la decisión del juez.
Los abogados de Palomino Peña y Ramírez Sánchez también señalaron que estaban en contra de la medida contra sus clientes y manifestaron que presentarán una apelación por escrito en los próximos días.
Según la tesis fiscal, Félix Moreno, desde su asunción en el cargo de presidente de gobierno regional del Callao en el 2011 hasta el final de su segundo mandato en el 2018, encabezó una presunta organización criminal que se enquistó en ese aparato estatal y que habría estado conformado hasta por 15 funcionarios.
La fiscalía sostiene que en el 2013 Moreno y los exfuncionarios de Odebrecht Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra pactaron para que la constructora sea favorecida con la adjudicación de la obra Vía Costa Verde, tramo Callao.
Para ello, Moreno, siempre según la hipótesis fiscal, se comprometió a realizar los cambios necesarios al expediente técnico de la obra durante la etapa de ejecución a través de adendas contractuales.
Así, entre 2013 y 2016 funcionarios del gobierno regional habrían cometido una serie de irregularidades para dar cumplimiento al pacto con Odebrecht, ocasionando un perjuicio de S/543 millones al Estado. A cambio de esos favores, Moreno pidió pagos por US$4 millones.
