Caso de María Acuña podría ser archivado: Fiscalía propone el “sobreseimiento” del proceso penal contra congresista de APP

La congresista María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) podría tener el camino libre para seguir integrando al Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, pese a que arrastraba un proceso penal desde que presidió dicho grupo de trabajo en 2024.

Y es que, el próximo 10 de setiembre, el Poder Judicial (PJ) evaluará el requerimiento de archivo (sobreseimiento) planteado por la Segunda Fiscalía Suprema que procesaba penalmente a la parlamentaria por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, según la resolución judicial a la que accedió El Comercio.

Acuña Peralta había asumido la presidencia de la SAC en agosto del 2024, pese a que se encontraba impedida de hacerlo de acuerdo al artículo 20, inciso d), del Reglamento del Congreso de la República.

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Esto, debido a que en junio del 2024, el Ministerio Público (MP) formalizó la investigación preparatoria contra la congresista de APP. Sin embargo, ahora, la misma fiscalía ha solicitado al PJ que declare el archivo del caso.

El pedido fiscal aún deberá pasar por el control judicial del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, para determinar si el caso se archiva definitivamente o no.

Como se recuerda, la parlamentaria fue presidenta de la SAC entre agosto del 2024 a julio del 2025. Y, durante la presente legislatura iniciada en agosto del 2025, fue elegida como representante de APP para integrar la comisión fiscalizadora que ahora preside Lady Camones también de APP.

Sin embargo, Acuña Peralta había venido siendo investigada desde el 2023 por presuntamente haber dado información falsa junto a una tercera persona.

Por ello, en junio del 2024, la Segunda Fiscalía Suprema formalizó la investigación preparatoria en su contra en calidad de “instigadora” del delito contra la administración de justicia, en las modalidades de fraude procesal, tipificado en el artículo 416 del Código Penal y de denuncia calumniosa, tipificado en el artículo 402 del Código Penal, en agravio del Estado (representado por la Procuraduría General del Estado).

Junto a ella también fue incluido Segundo Flavio De Fina Álamo como presunto “autor” del delito contra la administración de justicia, en las modalidades de fraude procesal y denuncia calumniosa.

Pese a ello, Acuña Peralta asumió la presidencia de la SAC en agosto del 2024, cuando ya se encontraba bajo un proceso penal, yendo en contra de lo dispuesto en el artículo 20, inciso d), del reglamento parlamentario. Incluso, la formalización de la investigación preparatoria le fue notificada a la congresista un mes antes de que asumiera dicho cargo.

De acuerdo a dicha normativa, los congresistas que se encuentren inmersos en procesos penales no pueden formar parte de comisiones fiscalizadoras o investigativas, entre ellas la SAC.

El caso se inició a razón de la denuncia presentada por el empresario Sergio Ciccia en contra de una inmobiliaria que tenía como gerente a Acuña Peralta.

De acuerdo con la denuncia, la congresista y la empresa que representaba los denunciaron por presuntamente haber falseado la firma de Acuña en unos documentos. Sin embargo, Ciccia presentó una contrademanda por falsificar información respecto a la denuncia en su contra.

Todo el caso se vinculaba al presunto incumplimiento contractual de la empresa que gerenciaba Acuña Peralta con la empresa de Ciccia, por el pago de servicios por habilitación urbana que ascendía a casi medio millón de soles.

Si bien, inicialmente, la fiscalía suprema había encontrado algunos indicios sobre los presuntos delitos imputados en contra de Acuña Peralta, no encontró mayores pruebas para seguir procesando el caso a nivel penal.

Por ello, el pasado 18 de febrero del 2025, a través del oficio N.º 098-2025-MP-FN-2°FSTEDCFP la Segunda Fiscalía Suprema en los Penal, que por entonces era dirigido por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, envió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento emitido por su despacho fiscal el 14 de febrero del 2025.

De acuerdo con el documento judicial obtenido por este Diario, al concluir la investigación preparatoria correspondía formular acusación o pedir el sobreseimiento (archivo) del caso. En el proceso seguido contra Acuña Peralta, la fiscalía optó por pedir el archivo del proceso amparada en la falta de elementos para justificar la acusación penal.

El requerimiento de archivo formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Penal fue notificado a los procesados así como a la Procuraduría General del Estado el mismo mes de febrero de este año.

Sin embargo, seis meses después, de acuerdo a la resolución judicial, ninguna de las partes -incluyendo a la Procuraduría General del Estado- presentó su recurso de oposición al archivo del caso. Así lo expresó el juez supremo Juan Carlos Checkley en su resolución.

“En ese sentido, habiéndose notificado debidamente a las partes procesales, se tiene que a la fecha no ha existió oposición a lo solicitado por la Fiscalía en Mención, por lo que habiéndose vencido dicho plazo corresponde programar, conforme a las reglas del Código Procesal Penal contempladas en los artículos 345, 351 y siguientes del citado Código Adjetivo, la audiencia de requerimiento de sobreseimiento.”

Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria

En ese contexto, el magistrado dispuso realizar una audiencia a fin de escuchar los argumentos por los cuáles la fiscalía suprema ha pedido el archivo del caso y por las cuáles, ninguna de las partes formuló oposición.

Cabe precisar que el juez podrá determinar si declara procedente el archivo del caso solicitado por la fiscalía o, de lo contrario, dispone la actuación de otras diligencias adicionales.

Si declara procedente el archivo del caso, Acuña Peralta no tendrá ningún impedimento para continuar conformando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Este Diario solicitó la versión de Elio Riera, abogado de la congresista María Acuña, pero no emitió ningún pronunciamiento al respecto.

También se solicitó la versión de la Procuraduría General del Estado (PGE) las razones por las que no presentaron oposición al archivo del caso en contra de la congresista Acuña Peralta, solicitado por la fiscalía, pero no respondieron hasta el cierre de este informe.