Caso Fasabi: defensa de Humala presentará acción de amparo

Alberto Otárola, abogado del ex presidente Ollanta Humala, anunció que se presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial contra las comisiones investigadoras del Congreso, como la de Fiscalización, que vulneran elementos fundamentales del debido proceso como, por ejemplo, el derecho a la defensa.

Otárola sostuvo ello a propósito del informe final sobre la muerte de Emerson Fasabi que aprobó hoy la Comisión de Fiscalización. Dicho documento concluye que el ex trabajador de Humala falleció producto de un envenenamiento y estableció sospechas sobre la intervención del ex mandatario.

“El informe de la comisión es un monumento a la inconsistencia y a la manera en la que una comisión del Congreso puede ejercer inconstitucionalmente sus obligaciones para politizar un asunto que está siendo investigado por el Ministerio Público. Además, mal utilizando informes periciales y constituyéndose jueces y fiscales”, dijo Alberto Otárola a El Comercio.

En esa línea, narró que cuando la Comisión de Fiscalización, que preside el fujimorista Rolando Reátegui, fue a interrogar al ex jefe del Estado al penal de Barbadillo, se le negó la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a través de su abogado previa votación entre todos sus integrantes.

“He sido testigo de que esta comisión no ha respetado el debido proceso y las reglas mínimas de la presunción de la inocencia, la tutela procesal efectiva”, remarcó el abogado, quien que ya ha asesorado al Ollanta Humala en 13 investigaciones congresales y, según dijo, en todas “se vulnera flagrantemente su derecho”.

“Puedo anunciar que vamos a interponer una acción de amparo para que el Poder Judicial corrija todos estos errores. [...] La estamos preparando, estamos haciendo todas las consultas respectivas y lo que queremos es que un juez constitucional ponga los límites al abuso y a la prepotencia de una comisión evidentemente política”, sostuvo.

Finalmente, el abogado del ex mandatario mostró su confianza en que este informe sobre el Caso Fasabi, de ser aprobado en el pleno del Parlamento, sea archivado en el Ministerio Público. “Porque el informe no tiene ni un valor jurídico ni legal”, puntualizó.

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