(Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
(Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
Luis Paredes

El juez continuará este martes desde las 10 a.m. con las audiencias en las que evalúa el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra personas vinculadas a Fuerza 2011 (), investigadas por el presunto delito de lavado de activos. 

Solo falta analizar los casos del tesorero y personero alterno de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, y la presunta secretaria personal de Keiko Fujimori, Carmela Paucará.

—Caso por caso—
Los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de octubre se realizaron las audiencias de solicitud de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y  su presunto asesor Vicente Silva Checa.  

Luego, sábado 27 de octubre se abordó la solicitud fiscal contra  el asesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, y el lunes 29 se continuó con  el ex secretario general del citado partido, Jaime Yoshiyama.

Posteriormente, el martes 30 se sustentó la solicitud fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra la asesora de Keiko Fujimori, Ana Herz Vega, y el lunes 5 de noviembre contra el fundador de Fuerza Popular, Augusto Bedoya Cámere.

Tras ello, el martes 6 de noviembre se evaluó el caso de la también fundadora del partido, Adriana Tarazona; y el miércoles 7 del mismo mes, la solicitud contra el empresario Giancarlo Bertini.

El día viernes 9 y sábado 10 se reanudaron las audiencias con la revisión del caso de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exministro Jaime Yoshiyama.

Cabe recordar que ayer el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para Vicente Silva Checa tras aceptar la tesis fiscal que lo imputaba como miembro de la cúpula de una organización criminal enquistada en Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular.

Silva es el segundo investigado al que se le aplica la medida cautelar por este caso. Antes se dictó para Keiko Fujimori.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para 11 investigados en el marco de la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Según la tesis fiscal, la empresa brasileña Odebrecht habría realizado supuestos aportes a la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori.