Caso FP: ocho aspirantes a colaboración declararon sobre aportes falsos

Ocho son los aspirantes a colaboradores eficaces que han declarado ante el fiscal José Domingo Pérez que ayudaron a lavar, a través de aportes, el presunto dinero ilícito que recibió Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para la campaña electoral de ese año. Parte del dinero, según la fiscalía, sería el que entregó la empresa Odebrecht.

La mayoría de estos aspirantes a la colaboración –y cuyas declaraciones fueron citadas en el auto de requerimiento de prisión preventiva contra la lideresa de FP, Keiko Fujimori y otras 11 personas– han asegurado que firmaron recibos en blanco para justificar los aportes. Ello –dijeron– a pedido del actual congresista Rolando Reátegui.

Ellos contaron que cuando fueron citados por la fiscalía –al iniciarse las investigaciones a Fujimori y FP– se enteraron de que figuraban con aportes de US$5 mil.

“El documento que firmé era un recibo del tamaño de mitad de hoja, todos los espacios estaban en blanco, yo solamente firmé y me retiré”, contó por ejemplo el CE 2018-5.

Otro aspirante, el CE 2018-8, fue quien reveló que en una reunión de bancada, el congresista Daniel Salaverry habría contado que Keiko Fujimori “sí se reunió” con el entonces juez supremo César Hinostroza, cabecilla de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Todos ellos han entregado documentación para probar sus versiones. Incluso, el CE 2018-2 también entregó su teléfono para corroborar que lo llamaron y le enviaron mensajes, según obra en el acta fiscal de acogimiento (exhibición de teléfono celular) de fecha 1 de octubre del 2018.

Además, la fiscalía sumó a su requerimiento de medidas restrictivas la declaración de siete testigos protegidos. Estos han detallado cómo habría operado la cúpula de la presunta organización criminal dentro de FP (Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva, Jaime Yoshiyama) y cómo usaron a personas cercanas al entorno de los líderes de FP para darle apariencia de legalidad a los aportes.

“La señora Erika Yoshiyama Koga me llamó diciéndome que necesitaba que le hiciera un trabajo [...] me mostró un sobre conteniendo boletas de pago a nombre de la señora Keiko Fujimori”, contó el TP-2017-55-5.

Los testimonios de estas once personas, según la fiscalía, más las declaraciones de los aportantes cuyos nombres fueron usados sin su consentimiento (“aportantes fantasmas”) demostrarían la intención de querer darle apariencia legal a un dinero ilícito y también la metodología que habrían usado para dicho fin.

—Esperan nueva fecha—
Por otro lado, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho suspendió ayer la diligencia de requerimiento de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros.

Ello, con la finalidad de que el fiscal individualice o sustente las pruebas por cada uno de los 12 imputados para los que se solicita 36 meses de prisión preventiva.

Esto, a pedido de los abogados de los involucrados quienes también alegaron que recibieron el expediente incompleto y solicitaron más tiempo para que ello se subsane y poder revisar el documento.

Antes de ello, Concepción Carhuancho rechazó una recusación en su contra que buscaba apartarlo del caso, así como suspender la audiencia por falta de imparcialidad.

“Tratándose del derecho a contar con un juez imparcial, será una sala la que debe decidir si se aparta al magistrado [es decir, a él]”, dijo.

Por su parte, el fiscal Pérez intervino para señalar que los abogados de la defensa no dijeron nada respecto a la jueza Jessica León Yarango, integrante de la sala que dispuso la liberación de Keiko Fujimori y anuló la prisión preliminar. Sostuvo que dicha magistrada, quien proviene del Callao, ha sido mencionada en un audio del Caso de Los Cuellos Blancos. Consideró que León debió inhibirse.

Por la noche, Keiko Fujimori, cuestionó la imparcialidad del juez Concepción Carhuancho e indicó que este no debe definir el pedido de prisión preventiva. “Se me está privado del derecho constitucional de tener un juez imparcial”, manifestó.

Hoy, el juez deberá señalar la nueva fecha para la audiencia.

—Colaborador y testigo—
Según el abogado Luciano López, un “testigo protegido” es alguien que no tiene responsabilidad. Ha presenciado algo y aporta información relevante y requiere protección.

Mientras que un “colaborador eficaz” es alguien que ha cometido un delito y negocia con la fiscalía beneficios concretos a cambio de información privilegiada.

“La información del colaborador eficaz debe ser corroborada para cerrar su expediente”, indicó.