El equipo especial Lava Jato investiga a Nadine Heredia por el caso del gasoducto sur peruano. (Foto: GEC)
El equipo especial Lava Jato investiga a Nadine Heredia por el caso del gasoducto sur peruano. (Foto: GEC)
Paolo Benza

El viernes, sobre la participación del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama en el proceso de concesión del (GSP). Según la delación, la pareja presidencial habría considerado el proyecto “de especial trascendencia” y habría indicado al exministro de Economía Luis Miguel Castilla que “Odebrecht era la empresa que debería ejecutarlo”.

Este Diario ahora presenta más declaraciones del colaborador eficaz que involucran a Heredia, quien se habría reunido “en varias oportunidades” con miembros del equipo de Wood Mackenzie, la consultora que fue nombrada asesora de transacción del proyecto.

Wood Mackenzie, según la contraloría, luego presentó una evaluación económico-financiera del proyecto que no aseguraba su sostenibilidad. Aun así, el GSP fue concesionado al consorcio integrado por la brasileña Odebrecht y la española Enagás.

—Reuniones en Palacio—

Según el colaborador eficaz, durante el proceso de concesión del GSP Heredia habría tenido una coordinación cercana pero reservada con Wood Mackenzie. “Resulta que, a lo largo del proceso, Nadine Heredia Alarcón convocó a su oficina en Palacio en varias oportunidades al presidente del comité a cargo del proceso de concesión, [Guillermo] Lecarnaqué, y a algunos miembros del equipo de consultores de Wood Mackenzie”, dice el testimonio.

Una asesora de transacción tiene los encargos –entro otros– de hacer los estudios para definir el modelo financiero del proyecto, definir la asignación de riesgos entre el concesionario y el Estado, y ayudar a Pro Inversión en el diseño de las bases del concurso. Con base en los estudios de la consultora, además, se definen algunos de los requisitos que luego se exigen a los postores.

Las reuniones entre Heredia y los miembros del equipo de Wood Mackenzie, sin embargo, se habrían mantenido bajo la más estricta reserva. “Con la finalidad de evitar poner en evidencia, estas visitas se habrían borrado del registro de visitas que ingresaban a Palacio de Gobierno por la puerta del Jr. Carabaya, que es por donde usualmente se accedía a la PCM y a la oficina en la que despachaba Nadine Heredia”, dice la delación.

En su propia declaración a la fiscalía, el exjefe de Odebrecht Jorge Barata dijo que “en un lado de Palacio había menos formalidad que en el otro”. Sobre el tema, Ollanta Humala dijo en diálogo con RPP que todas “las reuniones están registradas en el registro de Palacio de Gobierno. Basta con mirar el registro”.

Este Diario intentó contactar a representantes de Wood Mackenzie en Lima y en el Reino Unido, sin obtener respuesta. Sobre las declaraciones del colaborador eficaz, el abogado de Heredia, Jefferson Moreno, dijo a El Comercio que se trata de “un testigo de oídas” y que “no hay ninguna mención directa”, sino “un dicho sin corroborar”.

—Malos cálculos—

Según declaraciones del colaborador eficaz, Heredia y Humala estaban tan interesados en el GSP que comunicaron a Castilla (sobre quien hoy pesa una orden de impedimento de salida del país por seis meses por las investigaciones del caso) que este proyecto “no debía sufrir retrasos en la adjudicación y ejecución”.

Pero de acuerdo con un informe emitido por la contraloría el 26 de agosto del 2015, el proyecto fue concesionado sin que se pudiera asegurar ni que había suficiente gas para distribuir ni que había suficientes consumidores para que sea viable, debido a deficiencias en los informes de Wood Mackenzie.

El consultor consignó valores proyectados de demanda y de reservas de gas natural y de líquidos de gas natural en el modelo económico financiero del proyecto, para sustentar la sostenibilidad del mismo en 30 años; sin embargo, dichos valores de demanda y de reservas no están sustentados con estudios u otros informes que garanticen su confiabilidad”, dice el documento.

Respecto a la demanda, la contraloría dice que Wood Mackenzie “solo indica información de la demanda [de gas] proyectada a nivel nacional, precisando que, si bien se identifican a los consumidores iniciales, no se adoptan acciones que garanticen la demanda”. Pese a ello, la consultora determinó que la cantidad necesaria para satisfacer la demanda eran 3,4 trillones de pies cúbicos (TFC).

Allí, sin embargo, apareció el otro problema. Según la contraloría, Wood Mackenzie cita reservas por 13,9 TFC, perogran parte de estas reservas de gas natural probadas ya están comprometidas por los titulares de los contratos de licencia de explotación de hidrocarburos para abastecer el consumo doméstico.

Sobre el principal lote que abastecería al gasoducto, el 88, la contraloría dice que el acuerdo “no detalla cuántos TFC se asignarán al proyecto”. Y sobre el lote 58, indica que no se tienen datos sobre reservas probadas, sino solo probables (un nivel considerablemente menor de certeza), por 2,3 TFC. En el lote 57, solo había 0,6 TFC probados para 1,9 TFC probables.

La contraloría concluye que todo esto “afecta la sostenibilidad del proyecto”. Pese a ello, el GSP fue concesionado a Odebrecht y Enagás en el 2014 tras varios cambios en el Ejecutivo descritos por este Diario: el cambio del ministro de Energía y Minas, cartera que fue asumida por Eleodoro Mayorga, y de los miembros del Comité Pro Seguridad Seguridad Energética, encargado del proceso de concesión de la obra.

Precisamente, la contraloría encuentra presunta responsabilidad administrativa en todos los miembros de este comité: Edgar Ramírez, Gustavo Navarro y María del Rosario Patiño. Esto porque ellos aprobaron los informes deficientes de Wood Mackenzie. Ramírez, según el colaborador eficaz, habría sido colocado a la cabeza del comité en reemplazo de Lecarnaqué debido a que este “estaba poniendo trabas en el proceso” de concesión.