El fiscal Jesús Fernández detalló los casos que involucran el cambio de tipificación penal. (Foto: Poder Judicial)
El fiscal Jesús Fernández detalló los casos que involucran el cambio de tipificación penal. (Foto: Poder Judicial)
Redacción EC

El fiscal Jesús Fernández sustentó este miércoles ante el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca el pedido para recalificar el tipo penal que dispuso el Congreso contra el ex juez supremo y ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El representante del Ministerio Público solicitó variar los delitos imputados por otros más graves. En el caso del ex juez supremo Hinostroza pidió que la calificación de patrocinio ilegal sea cambiado por la de tráfico de influencias agravado.

Para el caso de los ex consejeros Guido Aguila e Iván Noguera requirió que se cambie la calificación de patrocinio ilegal por la de cohecho pasivo específico.

Tras escuchar los argumentos de la fiscalía y de los abogados de los implicados, así como la participación del mismo Guido Aguila, el juez decidió suspender la audiencia hasta las 8 de la noche. Anunció que a esa hora emitirá su decisión.

“Mi despacho ha dictado la disposición número 21, en la que precisamos que respecto de algunos de los hechos imputados en la investigación preparatoria en contra de Iván Noguera, Guido Aguila y César Hinostroza, tendrían distinta calificación penal. Hemos precisado que esta debe ser por el delito de cohecho pasivo específico en el caso de Noguera y Aguila y en el caso del señor Hinostroza, tráfico de influencias”, refirió el fiscal.

El fiscal precisó que solicitó el cambio penal por dos casos por los que son investigados, uno de ellos el nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz en el cargo de fiscal adjunto provincial de familia, el cual habría sido a consecuencia de la gestión y coordinaciones de Hinostroza ante los ex consejeros a cambio de la entrega de contraprestaciones.

El fiscal indicó que el avance de las investigaciones ha determinado que la contraprestación recibida por los ex consejeros como resultado de las designaciones, era que “a través de terceras personas se solicitó dinero al nombrado para efectuar los gastos de un agasajo a quienes habrían servido”.

“Las comunicaciones y la transcripción de las conversaciones telefónicas entre los protagonistas de este procedimiento de nombramiento así lo evidencian. Hay conversaciones entre [el ex juez] Walter Ríos con el propio Canahualpa, a quien le hace conocer específicamente que se está conversando para ayudarlo en este nombramiento”, explicó el fiscal.

En ese sentido, Jesús Fernández destacó que los videos de cámaras de vigilancia demuestran la participación de Iván Noguera en un almuerzo de agradecimiento con los gastos pagados por Canahualpa, en el restaurante Costanera 700.

A su turno, los abogados de los implicados rechazaron el cambio del tipo penal y solicitaron al Poder Judicial desaprobar la recalificación jurídica ya que se estaría buscando introducir nuevos hechos que no fueron debatidos en el Congreso de la República, como las conversaciones reveladas por el fiscal en la audiencia.

Los abogados indicaron que si se quiere cambiar los delitos e introducir nuevos hechos se tiene que recurrir al Congreso para que autorice esa variación y ampliación. Reiteraron que no se puede cambiar los términos por los que el Congreso aprobó que se procese a Hinostroza y los ex consejeros. 

Guido Aguila en la audiencia

El ex consejero Guido Aguila fue el único de los implicados en la investigación que estuvo presente en la audiencia e indicó que los casos expuestos por la fiscalía corresponden a hechos nuevos por los cuales no se les ha permitido el derecho de defensa.

"Nos sorprenden estos hechos nuevos que nos dicen ha sido del colaborador eficaz, que han sido debidamente ratificados [...] Por ninguno de estos hechos que ahora están señalando nos han permitido el ejercicio de defensa", dijo.

El procurador Amado Enco respaldó el pedido de la fiscalía. Sostuvo que el Congreso "ha querido minimizar lo que se escucha en los audios de la vergüenza y le ha querido dar una manito a los denunciados calificando con tipos penales menos gravosos". Agregó que con el pedido de recalificación jurídica se busca corregir ese error.