Jorge Barata declaró que entregó a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya US$ 1 millón de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / Video: Canal N)

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, evaluó este lunes la situación jurídica de Augusto Bedoya Camere, fundador de Fuerza Popular. Sobre él pesa un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en el marco del Caso Odebrecht, por el que la lideresa del partido, , cumple ya dicha medida restrictiva.

“Yo vengo a afirmar que Jorge Barata miente”, dijo Bedoya al iniciar su alocución hacia el final de la audiencia. Según dijo, la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú ante fiscales peruanos en febrero pasado no ha sido corroborada y además otros testimonios lo han contradicho.

“Barata miente porque tiene interés en el caso, no solo interés legal por ser aspirante a colaborador eficaz. Él tiene intereses crematísticos. Sigue siendo empleado de Odebrecht, cobra un salario importante en esta empresa y sigue recibiendo bonos por desempeño”, manifestó.

Como se sabe, Bedoya es señalado por Barata, como en el caso del ex ministro Jaime Yoshiyama, de recibir US$ 1 millón de Odebrecht para la campaña del 2011. Asimismo, la fiscalía lo sindica como uno de los que persuadió a Ricardo Briceño para que le pida US$ 200 mil a la constructora brasileña a favor de Fuerza 2011.

El fiscal Pérez dice que el investigado habría recurrido a sus familiares, amigos y socios para ocultar la procedencia del dinero ilícito. Bedoya fue secretario nacional de economía de dicho partido político hasta el 27 de abril del 2014.

De otro lado, Bedoya dijo tener arraigo domiciliario en el Perú. Comentó que vive en el mismo inmueble hace 17 años desde que decidió formar un hogar con su actual esposa, dueña de la vivienda.

“Y sugerir que porque yo vivo en la casa propiedad de mi señora no tengo arraigo, es una barbaridad. Es una discriminación machista que no se debe hacer”, manifestó también sobre el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez.

Al referir que también tiene arraigo familiar, señaló que tiene una hija menor, cinco nietos y una madre anciana. De otro lado, reconoció tener capacidad de viajar, pero descartó que ello sea un impedimento para la investigación.

“Asumir que quien tiene la capacidad económica para viajar se va a fugar, es discriminatorio, porque se está discriminando desde el punto de vista socioeconómico”, sentenció.

El juez Richard Concepción suspendió la audiencia para este martes a las 11 a.m.