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Caso Lava Jato: los reveses del equipo especial

La decisión del Poder Judicial en relación al PPK es un nuevo golpe a los pedidos hechos por los fiscales que investigan los sobornos y aportes a campañas hechos por las constructoras brasileñas

Rafael Vela, José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche

El equipo especial del Caso Lava Jato presentó el pedido para que el expresidente Kuczynsky sea recluído en un centro penitenciario. (Foto: Antonio Álvarez)

No son pocos los pedidos del equipo de fiscales que investiga el Caso Lava Jato que han sufrido reveses en el sistema de Justicia. El último viernes, el juez Jorge Chávez Támariz rechazó el pedido de cambiar el arresto domiciliario del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por prisión preventiva.

El juez Chávez indicó que el Ministerio Público no ha probado que las visitas que recibió el expresidente hayan tenido fines políticos. Además, señaló que solo se le restringen las comunicaciones con testigos y otros involucrados en la investigación en su contra.

En la mayoría de casos, estas decisiones adversas para el equipo liderado por el fiscal Rafael Vela han sido tomadas ante apelaciones presentadas por los investigados. Las resoluciones adversas comenzaron cuando el fiscal Hamilton Castro aún era coordinador de este grupo de fiscales.

En junio del 2017, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión preventiva de 18 meses contra el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno. En su lugar, le impuso mandato de comparecencia restringida.

Aquella vez, la sala argumentó que "no existe evidencia" que establezca que Moreno pueda obstaculizar las investigaciones, pues la fiscalía no presentó pruebas para evidenciar que Moreno pueda influir en las declaraciones de los exfuncionarios del gobierno regional del Callao ni que las amenazas que recibió el testaferro Gil Shavit hayan provenido de él.

Seis meses después, Moreno fue condenado a cinco años de prisión por otro caso: la venta subvaluada de un terreno del Estado en el fundo Oquendo en el 2011. Desde entonces, el ex gobernador regional ha permanecido prófugo de la justicia.

—Socios de Odebrecht—
Otro caso significativo fue el pedido de prisión preventiva contra los exdirectivos de alto nivel de las empresas socias de Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur, solicitado por el fiscal Hamilton Castro. Aunque el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra José Graña y Hernando Graña (Graña y Montero), Fernando Camet Piccone (JJC) y Fernando Castillo Dibós (ICCGSA), así como arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro, estas medidas fueron revocadas.

Graña Miró Quesada salió en libertad luego de casi cuatro meses de detención. En su resolución de primera instancia, el juez Concepción había señalado que existía un "alto grado de probabilidad" de que el empresario haya cometido el delito de colusión agravada y un inminente peligro de fuga. Pero la Primera Sala de Apelaciones consideró que tal peligro no existía pues el investigado mantenía "predisposición en coadyuvar con la investigación".

En este caso, la sala integrada por los magistrados Inés Villa Bonilla, Sonia Torres Muños y Rómulo Carcausto Calla señaló que el juez de primera instancia construyó una imputación distinta a la planteada por la fiscalía.

—Humala en el TC—
El caso más emblemático es la anulación de la prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, solicitada por el fiscal Germán Juárez Atoche. El Tribunal Constitucional acogió el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la pareja, lo que permitió que salgan en libertad.

El juez Concepción Carhuancho ordenó la reclusión por 18 meses para Humala y Heredia, y la Segunda Sala de Apelnaciones ratificó el fallo. Sin embargo, el TC resolvió que las resoluciones judiciales no estaban debidamente motivadas y habían violado el derecho fundamental del debido proceso. La resolución resalta deficiencias en el razonamiento judicial.

Además, la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó la incautación de dos inmuebles de Nadine Heredia, ubicados en Surco y Lurín, y uno de su madre Antonia Alarcón Cubas.

—Aportes a Fuerza Popular—
En la etapa de Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo especial, lo más simbólico es el caso de los presuntos aportes de Odebrecht al partido de Keiko Fujimori, en el que hubo dos fases. Primero, la Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la orden de detención preliminar por diez días para Keiko Fujimori, Augusto Bedoaya Cámere y Adriana Bertilda Tarazona, y otros 17 detenidos.

Días después, la misma sala anuló la orden de detención preliminar para Vicente Silva Checa, los asesores Ana Vega de Herz y Pier Figari, y de la secretaria personal de la lideresa del fujimorismo, Carmela Paucará. La sala presidida por el juez Octavio Sahuanay señaló que tomó esta decisión por falta de motivación judicial.

Luego se dictó las órdenes de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y sus coinvestigados. En el caso de Ana Herz, el tribunal revocó la orden en su contra, pues concluyeron que la fiscalía no había hecho una "imputación específica" en su contra.

En enero de este año, la Segunda Sala de Apelaciones le dio la razón a un pedido presentado por la defensa de Jaime Yoshiyama para recusar al juez Concepción Carhuancho. Ante ello, el fiscal Rafael Vela presentó un pedido de nulidad y una recusación a dicha sala, pero fue declarada improcedente.

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