El escrito del requerimiento, presentado ante el Poder Judicial, incluye a los congresistas de Acción Popular (AP) Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Ilich López Ureña, así como a Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas y José Arriola Tueros (antes AP, ahora en Podemos Perú).

La medida también fue solicitada para los congresistas acciopopulistas Wilson Soto Palacios, Silvia Monteza Facho, Luis Aragón Carreño, Hilda Portero López y los parlamentarios no agrupados Carlos Zeballos Madariaga y Pedro Edwin Martínez Talavera (no agrupado). Además alcanza al exministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino.

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Los parlamentario son investigados, indistintamente, por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública- organización criminal y tráfico de influencias agravado.

Según la resolución judicial, a la que accedió El Comercio, la Fiscalía de la Nación solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que la medida se aplique desde el 28 de julio del 2021 y al 31 de diciembre del 2022.

"Solicita que este juzgado supremo autorice el Levantamiento del Secreto Bancario por el periodo comprendido desde el 28 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022."

Requerimiento fiscal

La investigación se inició en el 2022 tras conocerse diversos hechos que implicarían a los parlamentarios con el supuesto pedido de puestos en el Estado para sus allegados, a cambio del apoyo al gobierno de turno y al entonces ministro de la Producción.

Este caso, tiene elementos que responden a vinculaciones establecidas previamente con Castillo Terrones y los congresistas; y que incluso, alguno de ellos, habrían tenido reuniones en la casa de Sarratea (Breña), que era usada por el exmandatario de manera para cónclaves privados.

Además, se tienen las versiones de aspirantes a colaboradores eficaces, entre ellos el de código CE-12-2022, quien detalló ante la fiscalía la manera en que los parlamentarios habrían sido captados por Castillo.

Junto a dicha información, el delator entregó algunos nombres de las personas que habrían sido beneficiadas a través de los parlamentarios. Entre estos, Javier Pérez Reyes (Darwin Espinoza Vargas), Jorge Palomino Cordero (Jorge Flores Ancachi), Elder Agüero Rospigliosi (Raúl Dorote Carbajo), Erick Palomino Aguirre (Ilich Lopez Ureña), Isay Soto Enciso (Wilson Soto Palacios), Oswaldo Vargas Cuellar (José Arriola Tueros), Javier Villaroel Pérez (Hilda Portero López) y Edwaldo Villanueva Pedraza (Juan Carlos Mori Celis)

No obstante, señaló el aspirante a colaborador eficaz, como existía demora en los nombramientos, algunos congresistas reclamaron por ello; y se acordó que podían colocarlos a través del Ministerio de la Producción. Para ello, buscaron la aprobación de los parlamentarios.

Es así que, el nombramiento de Jorge Luis Prado Palomino habría sido bien recibido por los congresistas ya que este, según el CE, habría procedido a la designación del personal propuesto por los parlamentarios.

El programa Cuarto Poder, también reveló diálogos de WhatsApps desde el celular del exsecretario general del ministerio, Manuel Vásquez con otro que sería del exministro Prado Palomino, que detallarían los pedidos que habrían hecho los congresistas Darwin Espinoza, Wilson Soto y Luis Ángel Aragón, a favor de terceros, que habrían sido designados en puestos, cuyo sueldo superaban los S/15 mil.

Las conversaciones, de enero del 2022, detallan los nombres de los que serían los favorecidos y cómo el entonces secretario ministerial le indica, a quien sería Prado, que no tenía sus currículum. Por ello, le señala al entonces ministro que sería bueno que los pida.

Es allí que, quien sería Prado Palomino, responde que se los había pedido a “Darwin”; quien sería el parlamentario Darwin Espinoza.

En ese momento, Espinoza dijo desconocer esa conversación y señaló que se tenía que pedir explicaciones por qué Prado Palomino, estaría “tomando el nombre de otras personas”.

De otro lado, Prado Palomino reconoció las conversaciones sostenidas con su exsecretario, y atribuyó las mismas a una “broma” que le había gastado ante los diversos reportajes que se habían publicado sobre el tema.

Cabe precisar que esta investigación seguida en contra de algunos congresistas, es distinta a la que ya cuenta con una denuncia constitucional pendiente de resolver en el Congreso por los casos Ministerio de Transportes, Provías Nacional y Ministerio de Vivienda, puesto que fue desacumulada en otro carpeta fiscal actualmente en proceso.

Entre los hechos también se vincula a la emisión de leyes respecto a las actividades de pesca. Y es que, en este caso, otro aspirante a colaborador eficaz señala que Espinoza Vargas habría solicitado más de un millón para poder gestionar una norma vinculado al ordenamiento pesquero del atún.

En aquel momento, el legislador rechazó las imputaciones.

El aspirante a colaborador, el caso se vincula a conversaciones y reuniones del parlamentario con la empresaria Sada Goray, quien habría entregado US$50 mil en muestra de adelanto.

Según el documento judicial, los trece congresistas requeridos, el vacado Pedro Castillo y el exministro Prado Palomino, para los que la Fiscalía de la Nación solicitó la medida de levantamiento del secreto bancario, han sido debidamente notificados.

Cumplido el plazo, el despacho del juzgado supremo recibió las respuestas de las defensas de los congresistas Juan Carlos Mori Celis, Pedro Edwin Martínez Talavera, Silvia María Monteza Facho, Jorge Luis Flores Ancachi e Hilda Marleny Portero López.

En el caso de Monteza Facho, su abogado Francisco Dios, presentó una oposición al pedido fiscal al señalar, entre otros argumentos que los congresistas en funciones no pueden ser procesados ni investigados sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley.

“En este caso, el incumplimiento de los procedimientos legales genera una afectación directa a la inmunidad parlamentaria y al principio de legalidad material y constitucional”, precisó.

Martínez Talavera, a través de su abogado Javier Rospigliosi Rospigliosi, indicó que su posición la dará en la audiencia, precisando que la fiscalía debe justificar por qué está requiriendo el levantamiento del secreto bancario de su patrocinado.

“Se debe individualizar. El mismo congresista lo ha dicho, que no tiene problema que le levanten el secreto bancario, pero que nos expliquen por qué a Edwin Martinez. No importa si está comprendido en el mismo caso de ‘Juan Pérez’; sino que a la defensa técnica de Edwin Martínez, nos expliquen por qué a él”, señaló el abogado.

Por su parte Flores Ancachi, a través de su abogado Juan Mallqui, también presentó su oposición al requerimiento señalando que su patrocinado no está siendo investigado por el presunto delito de organización criminal, en este caso. Además, porque ya se le levantó el secreto bancario en otra investigación.

Juan Carlos Mori Celis, también se apersonó a través de su abogado Jorge Zuñiga Escalante.

Buscamos la versión del congresista Darwin Espinoza Vargas, pero no respondió. Rubén Chauca, quien había ejercido su defensa en este caso, señaló que ya había dejado de patrocinarlo.

También tratamos de comunicarnos con la defensa de Prado Palomino, el abogado Giovanni Enrico Marotta Thorne, pero no fue posible.

El juez supremo de investigación preparatoria, evaluará el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto bancario el próximo 8 de abril a las 3:00 de la tarde, a través de una audiencia virtual.

El juzgado también dispuso oficiar a la defensa pública para que asigne un abogado, en caso de la ausencia de alguno de los requeridos, bajo apercibimiento.