El caso de Lourdes Flores y la situación legal de los implicados [Análisis]

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) y ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano dijo ayer que si hubiera recibido dinero de Odebrecht para sus campañas electorales –como declaró un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía–, “eso no es delito”, ni siquiera si “hubiera recibido dinero en un maletín”.

Además, el presidente del PPC, Alberto Beingolea, indicó que Flores “es una persona reconocida por su integridad a quien un delincuente confeso trata de embarrar”. Agregó que “de parte del partido [no hay] nada que ocultar, mostramos todo”.

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El aspirante a colaborador eficaz –quien, según Flores, sería el abogado Horacio Cánepa, implicado en el caso de los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado Peruano– aseguró que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña municipal de Flores en el 2010. Esa cantidad –precisó– fue entregada en cuatro partes.

Pero el ex representante de la constructora brasileña en el Perú Jorge Barata declaró al fiscal José Domingo Pérez, durante un interrogatorio realizado en Brasil en febrero del 2018: “[Aunque Flores] tenía nuestra simpatía [...] no recuerdo haber hecho ningún aporte a ella”.

Tres abogados penalistas analizaron el caso y la situación legal de los implicados.

1. ¿Habría delito por la supuesta entrega de dinero de Odebrecht a la campaña del PPC?
El penalista Luis Lamas Puccio explicó que el financiamiento de campañas políticas no está tipificado como delito en la legislación penal; sin embargo, tendrá trascendencia penal si se demostrara que el supuesto dinero entregado era de procedencia ilícita, de la denominada caja 2 de Odebrecht.

Además, señaló que el tipo penal de lavado de activos requiere que la persona que recibe el dinero debió presumir su procedencia ilícita. Agregó que no basta con la declaración de un aspirante a colaborador eficaz para culpar a Flores.

2. ¿Qué camino legal seguirá el aspirante a colaborador?
El penalista Yván Montoya aseguró que, en general, un aspirante a colaborador tiene que dar información verosímil y coherente, que debe corroborarse con pruebas, “aun como aspirante”.

Luego, la fiscalía firma un preacuerdo, como ha hecho con Odebrecht, con el fin de continuar con las corroboraciones y llegar a un acuerdo final, que se elevará a un juez de garantías, quien debe darle validez.
El juez determinará la legalidad del acuerdo; es decir, que no se le ofrezca más beneficios de los que la norma prevé y que exista proporcionalidad con la importancia de la información que entrega.

3. ¿Marca alguna diferencia cómo habría ingresado el dinero a la campaña o si este fue usado para otros fines?
El penalista Iván Meini señaló que, en caso de que se confirme la versión del aspirante a colaborador, quedaría claro que los aportes de Odebrecht no fueron reportados. Y no es lo mismo recibir un aporte de campaña y ser transparente con este, que recibirlo y camuflarlo con microaportes falsos.

Agregó que, más allá de lo que hayan hecho con el dinero las personas que lo recibieron, lo que debe probarse es que conocían o podían presumir su origen ilícito, “eso constituye delito de lavado de activos”.